La seguridad en tiempos de pobreza

Mientras desde algunos sectores se insiste con bajar la edad de punibiliad penal, la realidad interpela con estadísticas que dejan al descubierto la desigualdad social en la que se encuentran nuestrxs pibxs. 

En nuestro país, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza trepó al 32, 9%, es decir, 13 millones de personas son pobres. Cifra que no se aleja del 32,2% que reconoció el INDEC a fines del 2016. El gobierno de Macri, lejos de reducirla,  sumó 1,5 millones de nuevos pobres en sólo un año. La indigencia pasó del 5,3% al 6,9% y alcanzó a 2,7 millones de argentinos. Al mismo tiempo, el sector más perjudicado es el de la niñez,  que ubica al 48,8% de lxs niñxs de 0 a 14 años bajo la línea de pobreza.

Esto es importante para pensar qué entendemos por seguridad e inseguridad.

Ya en el 2015, según el Barómetro de la Infancia de la UCA, la situación de inseguridad alimentaria afectaba al 19,5% de la infancia y adolescencia urbana y al 7,7% en niveles graves; el 49,9% de la infancia y adolescencia  urbana en la Argentina vivía en un medio de vida insalubre, tanto por problemas de contaminación ambiental como a consecuencia de la cercanía de fábricas y/o basurales, proximidad a lugares de quema de basura o existencia de plagas. Se calcula que el 42% de la infancia y adolescencia reside en viviendas con problemas de saneamiento (no accede en su vivienda a cloacas, o a la red de agua corriente, y/o no tiene inodoro con descarga de agua).

En este contexto, ¿sería Justo reducir la edad de punibilidad penal? preguntó Ricardo Berenguer, Defensor Penal Juvenil y miembro del Foro por los Derechos de la Niñez en su intervención en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el último 23 de febrero cuando se debatía el tema. «Absolutamente NO, porque se ha descuidado sistemáticamente la situación de los pibes en nuestro país. Se ha desatendido la deserción escolar, se ha desatendido la situación de pibes en situación de calle. Se han desatendido las múltiples situaciones de maltrato que viven a diario y hasta tanto el Estado no asuma su rol como garante de los derechos de todos los chicos y chicas, penalizarlos por sus actos ES INJUSTO, Y TAMBIÉN ES INMORAL» sentenció el Defensor.

María José Cano, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales de la provincia de Buenos Aires, expuso la posición del CTS «El avance sobre la baja de la edad de punibilidad es una estrategia que procura invisibilizar la responsabilidad estatal, en todos sus órbitas y niveles, por la situación de la niñez en nuestro país, donde la desigualdad y la pobreza se constituyen en elementos que tienden a segregar amplios sectores de la población, impidiendo la apropiación de las condiciones mínimas para su reproducción cotidiana. Las decisiones políticas, económicas y sociales que han marcado la agenda estatal son el fundamento de las brechas de la desigualdad en nuestro país, por lo cual es necesario interpelar cada estrategia que tienda a individualizar la responsabilidad en los sujetos, en este caso, lxs niñxs».

Hablar de seguridad sólo en términos de defensa de la propiedad privada resulta perverso, pero tampoco alcanza para justificar una reducción de la edad penal. Así lo aclara Berenguer cuando explica que: «Desde los sectores que proponen la baja de la edad de punibilidad, lo hacen alegando un criterio de EFICACIA en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, en nuestro país el delito juvenil alcanza un 3,5 % del total. Sólo alrededor del 1% corresponde a chicos de menos de 16 años. Los delitos graves cometidos por esta franja es mucho menor. Proponer la reducción de la edad de punibilidad como respuesta a la criminalidad (que a todos nos preocupa) es INEFICAZ, porque no incidiría estadísticamente».

En definitiva, el efecto que provocaría una medida de esas características, «sólo reforzaría la violencia estructural que continua criminalizando y estigmatizando» advierten desde el CTS y otros organismos que pueden dar cuenta que la situación actual del sistema de encierro, funciona más con una lógica penitenciaria y custodial que con un  enfoque socioeducativo, como se anuncia.

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