La CPM denunció a Diego Kravetz por su intervención armada para detener ilegalmente a un joven de 16 años
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció a Diego Gabriel Kravetz, Jefe de gabinete y responsable del Área Seguridad del Municipio de Lanús, por su accionar contra un joven de 16 años a quien persiguió y detuvo bajo amenaza con un arma de fuego. En un hecho de enorme gravedad institucional, el funcionario asumió funciones policiales e incluso judiciales que no le están legalmente atribuidas por su cargo público. Tampoco es la primera vez que el funcionario reivindica estas acciones ilegales y discriminatorias que vulneran los derechos humanos elementales y las garantías constitucionales.
La secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma bonaerense adhiere al comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria, Rosario Hasperué repudió «el accionar de Kravetz, pidiendo que investigue la justicia y que no quede como un hecho impune más de una política violatoria de derechos humanos, que algunos sectores pretenden instalar».
«La actuación de Kravetz se parece más a la de un forajido que a la de un funcionario público. La Argentina tiene una gran trayectoria en la lucha por la justicia, no podemos permitir que estos hechos vuelvan a suceder», concluyó Hasperué.
El sábado 3 de junio de 2023 en la localidad de Villa Giardino partido de Lanús, el funcionario municipal Diego Gabriel Kravetz persiguió y aprehendió a un joven de 16 años portando un arma de fuego. Tras el episodio hizo declaraciones públicas en las que reconoció y reivindicó su accionar basado en todo tipo de prejuicios disfrazados bajo un discurso de supuesta prevención.
“El hecho reviste de suma gravedad ya que implicó la participación abusiva de un funcionario público en una situación donde se vulneraron derechos fundamentales de un adolescente” explicaron desde la CPM y presentaron la denuncia ante el Fiscal General del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Guillermo Castro, para que se investigue lo sucedido.
La intervención del Secretario de Seguridad Diego Kravetz representó la asunción de funciones policiales que no le están legalmente atribuidas por la función que cumple y en consecuencia representaron la privación ilegal de la libertad de un joven de 16 años. Kravetz no es funcionario policial y en función de esto, no está investido de ninguna atribución especial para privar de la libertad a las personas y mucho menos de realizar procedimientos policiales. En su rol de Secretario de seguridad sólo tiene atribuciones para diseñar y coordinar políticas de prevención de manera conjunta y articulada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero bajo ningún concepto esto lo inviste de las funciones y atribuciones policiales.
Según trascendió en los medios de comunicación y fue reconocido por el funcionario en sus redes sociales, Kravetz se encontraba conversando con vecinos, uno de ellos le advirtió que por la esquina estaba pasando una moto que venía robando en la zona hace unos días. Ante esta comunicación, el Secretario de seguridad lo persiguió con un arma de fuego y lo detuvo impartiendo la voz de alto y luego de forcejear lo detuvo. Más grave aún, alegando estar habilitado para la portación de armas, excediendo la eventual autorización de trasladar el arma que esto implica, la usó para una finalidad y en un supuesto que no se encuentra autorizado, ya que la única hipótesis que permite el empleo del arma es la legítima defensa.
Toda la secuencia de su accionar quedó registrada en las cámaras de seguridad: la persecución armada y la aprehensión hasta que se hizo presente un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Patrulla de Respuesta Inmediata-PRI- del municipio. Según la información periodística, con motivo de la aprehensión, se habría iniciado una causa contra el adolescente a cargo de la UFI N° 5 de Responsabilidad Juvenil que no tomó temperamento y lo liberó.
En la denuncia presentada por la CPM se solicitó una serie de medidas de prueba sobre los hechos, que se oficie a las dependencias responsables de hacer cumplir la normativa vigente y que se proteja a la víctima con medidas consensuadas. “Resulta de suma importancia investigar todas las hipótesis posibles de comisión de distintos ilícitos: la privación ilegítima de liberad de un adolescente, la tenencia/portación ilegal de arma de fuego, el abuso de autoridad y las amenazas, entre otras (…) En este caso el funcionario no intervino ante un supuesto de legítima defensa sino que realizó un uso abusivo, desproporcionado e injustificado del arma de fuego”, detallaron.
Kravetz, lejos de registrar la gravedad de su accionar, lo celebró de forma pública: “me gustaría decir que donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros”, concluyó en una entrevista. En ese mismo diálogo contó que participa en varios grupos vecinales de Whatsapp sobre seguridad y que en uno de ellos se conversaba sobre la presencia de personas en motos que cometerían ilícitos en Villa Giardino.
No es la primera oportunidad en la que el funcionario Diego Kravetz realiza intervenciones ilegales y discriminatorias contra jóvenes y niños. En 2017 la CPM ya lo había denunciado ante el Intendente Nestor Grindeti, en esa oportunidad se trató de la intervención en el caso de un niño de 12 años de nombre Thiago, apodado el Polaquito. Según trascendió públicamente el Secretario de Seguridad y personal a su cargo habrían instigado al niño para que realice una entrevista en el programa Periodismo Para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata. En este sentido, el propio Kravetz refirió que tomó conocimiento del niño durante un operativo de seguridad en el puente Alsina, allí fue detenido por cinco o seis policías y trasladado en patrullero a la comisaría. En ese momento, el funcionario afirmaría que: “vive en una casa en hacinamiento con hermanos, primos y su mamá, es una casa muy complicada. (…) Después entras en un sistema enmarañado para sacar a un menor que tiene a su mama, lo devuelven a la misma casa… se repite una vez por semana. Si el juez no ordena una medida coercitiva para llevarlo a un reformatorio nosotros no tenemos más remedio que seguir el camino que siga libre. El polaquito no tuvo oportunidades en la vida, pero es obvio que no puede estar en la calle. Ese nene no puede circular con el resto de la sociedad… debería estar en un reformatorio (…) si tenía una orden de captura me lo llevaría encantado”.
Algunos años después, en este nuevo operativo ilegal, volvió a reivindicar públicamente su accionar: “es una imagen que otros lo asocian con cuestiones relacionadas con el proceso, con el autoritarismo”, pero él considera que “la prevención necesita algunas cuestiones que no todos se bancan políticamente hacer. (…) Eso que es todos contra la pared, todos cacheados, que sé yo, eso lo mismo cuando están todos en la esquina, acá yo lo hago hacer”.
La intervención del funcionario además de ser ilegal, da cuenta de un pensamiento autoritario que estigmatiza a los sectores más pobres, llevándolo a justificar acciones violentas, banalizar esta violencia y arrogarse funciones no sólo policiales sino también judiciales.
Desde la CPM reiteraron que esas medidas que Kravetz actúa y reivindica, además de ser inútiles para prevenir el delito, vulneran los derechos humanos elementales y las garantías constitucionales. Y los funcionarios tienen una responsabilidad mayor de actuar dentro del marco legal respetando los principios republicanos de gobierno.
Fuente: comisionporlamemoria.org
