La CTAA acompañó el pedido del CECIM para que se vete una ley de privilegios previsionales a militares
El Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, junto a la CTA Autónoma bonaerense y a organizaciones de Ex Combatientes y de derechos humanos, entregó un petitorio al gobernador Axel Kicillof para que vete una Ley recientemente aprobada en la Legislatura bonaerense, la cual otorga privilegios en el régimen previsional a militares que participaron de la guerra de Malvinas, muchos de ellos condenados por delitos de Lesa Humanidad, torturas y tormentos a soldados conscriptos durante el conflicto bélico.
En ese sentido Antonio «Tony» Marcilese, secretario gremial del CECIM, exhortó al Gobernador «que se vete la ley que les da un doble beneficio de standard a militares que en la Guerra de Malvinas fueron oficiales y suboficiales, con una jubilación extraordinaria». Y remarcó que «esto no corresponde porque ellos ya tienen una jubilación ya que se jubilaron desde el ejército, mientras que los soldados no teníamos ningún amparo. Es injusto, por eso le presentamos al Gobernador un petitorio para que revea y vete esta ley».
Asimismo Oscar de Isasi, secretario General de la CTA-A bonaerense, indicó que «venimos a solidarizarnos y respaldar la iniciativa del CECIM de La Plata y otras organizaciones de derechos humanos, para que se vete una ley que otorga privilegios a un sector de las Fuerzas Armadas que no corresponden».
«Desde la CTA-A estamos de acuerdo en que tengan cada vez mas beneficios aquellos que fueron héroes de Malvinas, que hayan servido con honor en la guerra y que no sean torturadores, pero en este caso no es un beneficio, sino un privilegio, porque posibilita que un sector de las Fuerzas Armadas cobren dos jubilaciones y se jubilen anticipadamente», señaló de Isasi. Y subrayó que «todos los beneficios que deben tener los héroes de Malvinas se deben dar en el marco de todas las herramientas legales que posibilita el desarrollo de la vida militar en las Fuerzas Armadas. Lo que no puede suceder es que se utilice el IPS para que un sector tenga privilegios».
Por su parte Sandra Raggio, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, aseguró que «lo que se aprobó es una injusticia para los soldados conscriptos, quienes son las víctimas centrales y a quienes hay que repararles sus derechos. Todas las políticas reparatorias que parten desde el Estado deben estar apuntadas para ellos, y no para los militares que tienen sus beneficios particulares por su carrera militar».
«Es aberrante pensar que muchos de los que gozarán de estos privilegios están condenados por delitos de Lesa Humanidad y siendo juzgados en causas por torturas y tormentos hacia los soldados, es una medida absolutamente impropia, va en contra de la reparación de derechos», apuntó Raggio. Y denunció que «hoy los conscriptos no solo no consiguen justicia por las torturas que recibieron, sino que además reciben esta afrenda de que sus propios torturadores sean beneficiados, y además que no hayan sido escuchados en ninguna de las cámaras legislativas».
