ATE le exige al gobierno bonaerense la estatización de los servicios tercerizados en el Estado

A través de una carta dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA Autónoma), le pidió al Estado bonaerense que inicie un proceso de estatización de los servicios tercerizados en el Estado y en ello el nombramiento en la planta permanente de lxs trabajdorxs tercerizados.

A continuación compartimos el escrito:

En nombre y representación del Consejo Directivo de la provincia de Buenos Aires de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), nos dirigimos a ustedes a los efectos de peticionar se inicie un proceso de estatización de los servicios tercerizados en el Estado y en ello el nombramiento en la planta permanente de lxs trabajdorxs tercerizados.

Como es de su conocimiento, las políticas neoliberales que asolaron nuestro país en varios períodos, entre ellos a partir de la década del ’90, los actos de gobierno se dirigieron a reformas estructurales del Estado que en un caso significó la pérdida de soberanía sobre los recursos estratégicos y en otro, desocupación, flexibilización y precarización en el mundo del trabajo.

En tanto se traspasaba al sector privado responsabilidades indelegables de un Estado soberano primando la concentración, afán de lucro, extranjerización y fuga de capitales, se sobreexplota a los asalariados con cambios en la legislación y modificación de los convenios colectivos de trabajo en favor de las patronales.

Yendo a lo que nos ocupa, en el Estado provincial la precarización y flexibilización se dio por doble vía: contratos bajo diversas modalidades para trabajadorxs que realizan o realizaban tareas permanentes e iguales a la planta permanente regida bajo la Ley 10.430 y tercerización de servicios, fundamentalmente en el área Servicios del propio Estado.

En el último período neoliberal 2015-2019, el paquete de medidas como la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica de la gestión Vidal, sancionada en medio de una violenta represión a estatales, inundó la administración de contratos autónomos flexibilizando las relaciones laborales y desfinanciando el Instituto de Previsión Social (IPS), y en ello hemos coincidido que debemos pasar a planta permanente a estos trabajadorxs, descongelar la planta de personal, cubrir vacantes y debatir una carrera administrativa que dignifique la tarea de los estatales.

En el proceso de lucha contra estas políticas, lxs trabajadorxs hemos conquistado la estabilidad laboral con el pase a planta permanente de alrededor de 40.000 estatales precarizados en la última década y media; o la vuelta a la administración estatal de la limpieza institucional y cuidado hospitalario en los Hospitales provinciales en el año 2015, demostrando además que en manos del Estado la inversión presupuestaria es significativamente inferior en relación a una concesión o privatización.

Ahora, persisten en vastos sectores de la Administración Pública, empresas tercerizadas que mayoritaria y sistemáticamente conllevan prácticas empresariales que caracterizamos como fraude laboral, incumpliendo pliegos de licitación, vulnerando derechos de convenio, carrera, salarios, antigüedad, presentarse con distintas razones sociales pero que detrás nos encontramos con un mercado concentrado y explotador que ha acarreado múltiples conflictos que han protagonizado lxs trabajadorxs por mantener sus lugares de trabajo y la dignidad del salario. Ejemplo de ello hoy, es el conflicto que protagonizan lxs trabajadores y trabajadoras tercerizadxs de las Torres Gubernamentales 1 y 2 representados por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A).

Cabe recordar, más allá de la situación de crisis, emergencia sanitaria mediante, la vigencia de nuestra Constitución de la Provincia, y de allí que las normas contenidas en el art. 39 sean de aplicación concreta en los casos de conflictos laborales. Desde su propio enunciado hay que entender que el trabajo es un deber social, implicando ello que cada parte debe asumir las obligaciones que ello impone y que los principios consagrados en el inciso 3° de la norma, también son esenciales a fin de interpretar las situaciones, especialmente aquel que manda siempre en favor el trabajador.

Por todo esto y más, le solicitamos Sr. Gobernador iniciar un proceso para terminar con los negocios que benefician sólo a unos pocos, a los mismos de siempre, y construir entre todos un Estado Popular con la participación de lxs trabajdorxs.

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