El gobierno de Alberto Fernández dispuso por decreto de necesidad y urgencia la doble indemnización ante casos de despido sin causa en el sector privado registrado y declaró la emergencia ocupacional por el término de 180 días, con el objetivo de evitar que siga avanzando el deterioro del mercado laboral formal.
Esta decisión está en línea con las advertencias que ha realizado la CTA-A ante la dramática situación del mercado laboral con cifras de desempleo récord.
A su vez, los flamantes funcionarios confirmaron que en pocos días se impulsará la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica, que propone privilegiar a los más vulnerables y promover un aporte solidario para los que menos tienen, mediante subas fijas para jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, sueldos estatales y privados.
Desde la Central celebraron el impulso de estas medidas que se contraponen a la política regresiva de la gestión macrista.
En este sentido, el Secretario General, Ricardo Peidro, consideró “sumamente necesaria la implementación inmediata de estos paliativos para detener la caída del aparato productivo, pero principalmente la imposición del decreto que permitirá la doble indemnización para que trabajadores y trabajadoras puedan preservar sus empleos en medio de la devastadora crisis en la que nuestro país está inmerso como consecuencia de años de neoliberalismo”.
