La CIDH le dio plazo al Gobierno para emitir una respuesta sobre el paradero de Jorge Julio López

En una conferencia de prensa que tuvo lugar hoy en la sede provincial de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Justicia Ya informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio un plazo de 90 días al Estado Argentino para emitir una respuesta sobre el caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López.

«Desde este espacio hemos presentado en 2006 un habeas corpus cuando el compañero López desaparece en el marco de la causa Etchecolatz siendo testigo y querellante. Su desaparición se dio en el marco de los alegatos, un 18 de septiembre. Han pasado 11 años y desde el primer momento hemos denunciado a la Justicia Federal, que debiera haber caratulado la causa como desaparición forzada de personas. En ese momento en el fuero provincial se investigaba como averiguación de paradero. Eso implica señalar que la responsabilidad es del Estado. En ese sentido, la situación es similar a la de Santiago Maldonado. La querella y los organismos de Derechos Humanos hemos planteado esa figura, y un mes después se reconoce que no era un NN sobre averiguación de delito, sino que se trataba de que fuerzas del estado habían estado implicadas en la desaparición de Santiago Maldonado», manifestó Carolina Vilchez de Justicia YA, al tiempo que amplió:»denunciamos en ese momento a la justicia federal encabezada por el juez Corazza, las irregularidades que implicaban que las investigaciones estuvieran a cargo de las policía federal y de la provincia. La misma policía que estaba a cargo de Etchocalz cuando este era director de investigaciones de la Policía Bonaerense, es la misma que cuando desaparece López existían 9000 efectivos en actividad que habían prestado funciones en la última dictadura».
«Pasados 3 años de la presentación, la CIDH comunica que corren traslado al Estado Argentino, frente a lo cual la gestión de Macri tendrá que contestar todo lo que le estamos requiriendo. En el expediente que todavía duerme en el Fuero Federal, se pueden observar todas las irregularidades del caso. A 11 años, todavía no hay un sólo imputado. Señalamos a la policía bonaerense, a Etchecolatz, y la justicia nunca lo llamó a indagatoria. No solo eso, denunciamos la irregularidades tanto de la centena de declaraciones que toma la Federal, la Provincial, la SIDE…cientos de legajos que no fueron incorporados a la causa. Muchos años hemos peregrinado tribunales, y lo hemos denunciado a los fiscales de la causa para tomar conocimiento de las pistas investigativas y como por el secreto de sumario no hemos conocido cuál es la línea de investigación, pero si entendemos que no son las pertinentes, porque al día de hoy no hay un sólo imputado» afirmó Vilchez.
La abogada, también informó que: «En el año 2013 se promovió interponer Habeas Corpus masivos en todo el país, Brasil, España, pidiendo información sobre el compañero López, de cómo estaba la investigación judicial. Cuando llegan al juzgado de Humberto Blanco, desestima sistemáticamente todos los Hábeas Corpus. Producto de todo este derrotero, en el año 2014 nos propusimos recurrir a la instancia internacional (….) La presentación se ampara en el artículo 2 de desaparición forzada de personas, por existir privación ilegítima de la libertad, por apoyo o aquiescencia del Estado. Hay factores previos existentes a la desaparición; por un lado el manteamiento de la cadena de impunidad cuando desaparece; habían 9000 policías que habían prestado servicios durante la dictadura. Las mismas prácticas existían y existen».

En ese marco, se convoco a participar de la marcha a desarrollarse el 18 de septiembre, como todos años desde el 2006.

Al respecto  Nilda Eloy, testigo al igual que López, señaló: «Cabe señalar la cadena de impunidad y la tremenda complicidad, tanto del gobierno anterior como el actual, en los casos de la desapariciones forzadas, gatillo fácil y represión. La justicia es lenta, tanto en el plano nacional como internacional. Parece una ironía que hemos presentado en 2014 a la CIDH, y llegue recién hoy para que el gobierno actual diga qué pasó con Julio López, cuando desde el primer momento no teníamos duda de que había pasado con él, ni sobre quienes eran sus secuestradores. se presentaron pruebas contra Etchecolatz y banda. En el caso de Santiago Maldonado también están las pruebas desde el primer momento, porque su familia, amigos, y compañeros mapuches, hablaron pero sus testimonios fueron ninguneados (…) Quiero para terminar abrir un paraguas dado que el caso López y el caso Maldonado vienen siendo un calco, la única diferencia entre los dos es que López está desaparecido, y Santiago está detenido-desaparecido. La respuesta del gobierno hoy por Santiago, fueron las mismas que las del gobierno kirchnerista con el caso de López. Primero negación. Impulsar el «busquemos todos», como si todos fuéramos responsables, o como si estuviera perdido. Después las pistas, «lo vieron acá, lo vieron allá». Tampoco apareció la tirada masiva de cuerpos, que hasta ahora van 2. Esperemos que sean los últimos por la familia. En al caso de López nos tiraron más de 80. Acá deben haber algunas personas que se acuerden que hace muchos años atrás cantábamos una consigna que decía «no hay errores, no hay excesos, son todos asesinos, los milicos del proceso»…y me hizo recordar esto que empieza a estar en los medios en que «se le pudo haber ido la mano a un gendarme», «que se excedieron»….de ninguna manera. No había ni errores ni excesos en dictadura, y no los hay ahora. Si a un gendarme «se le fue la mano», es porque está habilitado para que se le vaya la mano. Si su jefe puede mandar ese operativo y puede entrar a los tiros, es porque ahí mismo tenía a su superior avalando esa acción (en este caso Noceti). Y si puede mandar una cosa así, es porque su jefa habilita a que haga este tipo de operaciones. Y la Bullrich no es un ente apartado del ejecutivo. Puede actuar como actúa y decir las cosas que dice, porque tiene aval presidencial. Son autores del delito internacional de desaparición forzada».

Nilda Eloy; Carolina Vilchez, Pía Garralda, María Luz Santos Morón del colectivo Justicia YA; y María Laura Bretal, sobreviviente del centro clandestino de detención la cacha, encabezaron la conferencia donde también se habló de un «clima enrarecido» respecto a los hechos de violencia luego de las marchas por la aparición de Santiago Maldonado, y denunciaron que hubo «hasta casos de abuso sexual» hacia mujeres detenidas el viernes ultimo en Capital Federal y amenazas de que «podían desaparecer». En tanto, negaron rotundamente «que las organizaciones populares hayamos fomentado los hechos de violencia que ocurrieron luego de las marchas».