«A casi dos semanas de los ataques que los trabajadores organizados en la CTA sufrimos a manos de una patota enviada por la patronal de Todo Tartas, que dejó a dos compañeros gravemente heridos, la fiscalía no sólo no detuvo ni proceso a los matones, sino que ha venido llevando adelante una clara persecución a los trabajadores organizados, que realizamos un reclamo justo y pacífico por trabajo digno.
«Días atrás, la fiscal Graciela Trill ordenó una restricción de acercamiento a tres compañeros del SICAMM (Sindicato de repartidores perteneciente a la CTA). Es realmente indignante la facilidad con la que se montan causas falsas, con testigos que realizan declaraciones falsas, y la predisposición colaboracionista por parte de la fiscalía, con el fin de perseguir a los laburantes, en un claro acto de criminalización de la protesta social. Este accionar por parte del poder judicial deja en evidencia la parcialidad del mismo en su intento por mover el eje del conflicto, centrando la mirada en los trabajadores, y criminalizándolos, como si la violencia hubiese sido ejercida por éstos.
«Resumiendo: Sebastián Britos, dueño de Todo Tartas, quien ya nos había enviado una patota un día antes, envió una segunda patota integrada por patovicas y agentes del servicio penitenciario. Esta patota parapolicial golpeó a quienes realizaban un reclamo pacífico, y dejaron como saldo un compañero de la CTA internado con fractura de maxilares, orbitales, tabique y muñeca derecha. La policía (que había liberado la zona) arribó al lugar del hecho e identificó a dos agentes del servicio penitenciario y un arma reglamentaria. Estos hechos se condicen con las amenazas que el abogado de Britos, Gabriel Merlassino, nos había realizado días antes, al decirnos que iba a mandar una patota para que nos “cague a trompadas”. Sin embargo, el fiscal a cargo, doctor Castro, no detiene ni procesa a nadie, basando su decisión en el principio de flagrancia.
«Es interesante destacar aquí, la clara inclinación del Poder Judicial a la hora de defender intereses del poder dominante. Para ello, resulta pertinente traer a colación un episodio no muy lejano en el tiempo, cuando el verano pasado la justicia decidió detener y procesar a un centenar de personas que se manifestaron en contra de la suba del boleto de colectivo. Estos procesados no fueron detenidos “in flagranti”, es decir, mientras reclamaban, sino más tarde, cuando ya se habían retirado del lugar. Evidentemente, la justicia decide aplicar o no el criterio de flagrancia, conforme a la conveniencia de los intereses de la clase dominante. Esta comparación entre ambos hechos es una muestra de la falta de imparcialidad por parte del Poder Judicial.
«A esto hay que agregarle la ya mencionada restricción de acercamiento, y el procesamiento por ’amenazas y daños’ de tres compañeros del SICAMM, referentes del gremio, y activos partícipes de los reclamos contra el negreo de TODO TARTAS.
«Pero esto no es todo, pocos días atrás, Walter Buda, dirigente de la CTA y principal damnificado por la golpiza, minutos antes de realizar su declaración por los hechos, sufrió el robo de su auto, que se encontraba estacionado en la puerta de la sede de ATE (Gremio de trabajadores estatales de la CTA). Esto es un claro mensaje intimidatorio por parte de esta red mafiosa que está operando con el fin de desactivar nuestros reclamos.
«Es una vergüenza, y es una tristeza, que nuestra ciudad, y que nuestra tan querida Patria, sea ensuciada por una justicia tan injusta, por una justicia que no es justicia, una justicia que persigue, que criminaliza a quienes luchan por su derecho a una vida digna, a quienes luchan por que se cumpla lo establecido por ley, a quienes denuncian la precarización laboral en Mar del Plata, la localidad con mayor desempleo del país. Y no sólo esto, sino que el pueblo trabajador ha sido víctima una vez más de la violencia institucional ejercida por el aparato represivo del Estado, no solamente por la participación de agentes del servicio penitenciario en la feroz golpiza, sino también por la complicidad del comando de patrullas, encargado de liberar la zona la noche del 28 de junio.
«Todo este conglomerado de hechos, todo este accionar del aparato represivo del Estado y de agentes externos al mismo, nos retrotrae a las épocas más nefastas y oscuras que sufrió nuestro pueblo durante la última dictadura militar: Amenazas, persecución política, criminalización de la protesta social, mensajes intimidatorios, liberación de zonas y represión por medio de patotas parapoliciales, es decir, represión tercerizada. Al parecer, anidan en nuestra ciudad, nuestra no tan feliz ciudad, personajes siniestros que anhelan volver al pasado.
«Desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (CTA) expresamos nuestro mayor repudio a todos estos sucesos, y particularmente al desenvolvimiento que ha venido teniendo la justicia por medio de los fiscales, demostrando una alevosa e insostenible inclinación por defender los intereses de los empresarios que ostentan el poder subsumiendo a los trabajadores a condiciones precarias de vida. Es por esto que llamamos a la sociedad en su conjunto a repudiar estos hechos y a solidarizarse con nuestra justa causa.
Exigimos:
* Reincorporación de los trabajadores despedidos discriminatoriamente.
* Desprocesamiento de los compañeros del SICAMM.
Juicio y Castigo a los Autores Materiales e Intelectuales de la violencia contra los trabajadores», finaliza la declaración del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM-CTA de mar del Plata.)
