Juicio Garachico: «Más que una sentencia, parece un premio de lesa humanidad»
En la primera audiencia abierta al público desde el inicio de la pandemia y a sala llena, se leyó la sentencia en el juicio a los genocidas Miguel Etchecolatz y Julio César Garachico por los delitos cometidos en Arana. Si bien ambos fueron condenados a perpetua, no se rebocó la prisión domiciliaria de Garachico, que era unos de los planteos de las querellas. Familiares y organismos se retiraron al conocer la resolución del tribunal. Las querellas confirmaron que se apelará en casación.
El juicio presidido por los jueces Andrés Fabián Basso (Presidente), José Michelini y Alejandro Esmoris, contó con los testimonios de Jorge Julio López, Nilda Eloy, Cristina Gioglio y Alfonso Dell Orto. Respecto a la sentencia, el Secretario de Derechos Humanos de la CTAA Bonaerense Emiliano Hueravilo expresó: «muchos familiares estuvieron esperando más de 45 años este juicio, repudiamos la sentencia, lo que se planteó, y la falta de ética del tribunal que demoró dos horas teniendo la sentencia, agregado otra espera más para las familias. Como querellantes vamos a apelar esta domiciliaria, y continuamos levantando la bandea de la memoria”, y recordó a Nilda Eloy.
Josefina Rodrigo, abogada de la APDH dijo que la sentencia “no cubrió las expectativas” y afirmó que “este juicio atrasa en muchos sentidos” ya que “además de no revocar la detención domiciliaria de Garachico, solo lo condenaron por delitos de lesa humanidad. No tuvieron en cuenta la categoría de genocidio que se viene recogiendo en la ciudad de La Plata” ni consideraron “la jurisprudencia, incluso tomando como referencia la sentencia de Etchecolatz en 2006”. Además agregó que tampoco se consideró la desaparición forzada que planteó la querella y que se siguió la línea planteada por la fiscalía de homicidio calificado. “El resultado es el mismo porque es una perpetua, pero desaparición forzada hubiese sido un avance”.
Por su parte Guadalupe Godoy, Abogada de la UNLP consideró que “La Plata tiene la vara muy alta porque como campo popular hemos construido juicios llenos de sentido” y “fuimos la primera jurisdicción donde se reconoció la figura de genocidio y cárcel común cuando las condiciones lo ameritan”. La letrada evalúo que por el hecho de que “los jueces no hayan sido de esta jurisdicción, los planteos sonaron como muy antiguos, y enojan”.
Esta situación “pone en evidencia el problema enorme de esta jurisdicción desde hace muchos años ya que ante la ausencia de jueces titulares y la presencia permanente de jueces subrogantes” hace que “otra vez tenemos que convencer de lo mismo que ya habíamos convencido a otros. Esto genera impotencia”. Sin embargo dijo tener “una sensación agridulce” por el resultado, pero manifestó “la alegría del encuentro, de haber vuelto a una audiencia presencial con abrazos, compañeres, y esa vida que teníamos antes de la pandemia”.
Finalmente, Godoy aclaró que “aún quedan instancias, vamos a apelar, siempre hemos peleado y los reveses que tuvimos siempre en esta jurisdicción logramos revertirlos en Casación, como en la Cacha o la propia absolución de Pipi Pomares. Nuestra virtud es la testarudez”, concluyó.
Norbeto Liwsky, titular del Comité por la Defensa de la Salud, la ética y los Derechos humanos (CODESEDH), expresó que la sentencia “reafirma que un genocida pueda disponer de las ventajas y los privilegios, si bien la ley puede otorgar, el accionar de la justicia tiene que contemplar que las víctimas también tienen derechos, y el derecho en este momento tan sensible es garantizar que la prisión sea efectiva”. Por ello, “terminar dándole el arresto domiciliario a Garachico, más que una sentencia, parece un premio de lesa humanidad. De modo que la indignación es justificada, seguiremos luchando y apelando”.
