“Si no hay una recomposición salarial real, no hay fórmula que sirva”

A partir de las críticas al nuevo proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno, ACTA habló con la Secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, quien dio su opinión al respecto.

La fórmula propuesta por el Gobierno, que fue aprobada en la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional y está lista para ser tratada por el Congreso, actualiza los haberes en función de la variación de los salarios registrados y de la recaudación del Anses.

Al respecto, la Secretaria de Previsión Social de la CTA-A fue tajante: “Si no hay una recomposición salarial anterior real, que recupere el nivel de los haberes perdidos que es de aproximadamente el 22% en los últimos 3 años, ninguna fórmula sirve”.

Olivia Ruiz explicó que se reclama una recomposición atada al salario de los trabajadores y trabajadoras en actividad en su cargo y función, respetando una proporcionalidad del 82% para los jubilados y jubiladas. “De esa forma podremos hacer justicia y jubilación digna”, señaló.

A su vez, planteó la necesidad de sostener una jubilación digna “para quienes no han tenido la suerte de tener los aportes necesarios”.

El rol de la CTA-A en la lucha por una movilidad jubilatoria digna

Ruiz explicó que la Central que integra lleva años reclamando y presentando proyectos para trabajar sobre una recomposición que pueda hacer justicia en los haberes de jubilados y jubiladas.

La dirigente recordó que la organización tuvo una importante participación en la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, con la participación del abogado Horacio González y el Secretario Adjunto de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, en la cual se planteó una propuesta concreta que sugería “un aumento sustancial a los haberes jubilatorios mínimos que guarde relación con una canasta básica alimentaria”.

En ese sentido, la propuesta señalaba la necesidad de establecer sistemas de seguridad social “financiados con el salario de los trabajadores activos (aportes y contribuciones) y respaldados por una política social y fiscal progresiva y redistributiva, de los que más tienen respecto de los que menos tienen, es el fundamento de un Estado de derecho democrático y social”.

Olivia Ruiz sostuvo que “hay una corriente que asegura que el sistema previsional no funciona, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero no queremos ser Chile, que es el espejo que tenemos para defender nuestro sistema público solidario de reparto”.

La pandemia dejó en evidencia la desprotección de los más vulnerables

“Por decisiones políticas, el inicio de los trámites jubilatorios en el Anses y las cajas provinciales viene siendo tan lento que casi no hay resolución de tramites, mientras hay miles pendientes, y si a eso le sumamos la condición de aislamiento de las personas adultas mayores, estamos en una situación crítica”, advirtió Ruiz al ser consultada por la situación de los adultos mayores en el marco de pandemia.

A su vez, recordó: “En marzo nos pidieron a todos que nos quedáramos en casa, y que suspendiéramos todo, entonces se suponía que teníamos todas las garantías, pero después supimos que la gente que se moría en los hospitales era mayoritariamente los adultos mayores. También nos pidieron que a través de la Web hiciéramos las teleconsultas con los médicos, pero muchos ni siquiera tienen computadoras o no saben usarlas. Y si recordamos aquel día de abril en la que jubilados y jubiladas se abarrotaron en los bancos para cobrar, caemos en la cuenta de que la mayoría no tienen tarjeta de débito. Por eso sostenemos que hay una infinidad de factores que nunca fueron contemplados”.

“Somos una parte importante de la sociedad. Somos más de 10 millones en el país. Somos ciudadanos de derecho que necesitamos expresar nuestra voluntad, y que entiendan que la jubilación digna es la consecuencia de un trabajo de toda la vida, con aportes o sin ellos, pero que tiene respaldo en nuestra Constitución Nacional”, concluyó Olivia Ruiz, resumiendo el reclamo por los derechos de jubilados y jubiladas. Un reclamo que arrastra años de lucha, pero que aún no encuentra justicia.