Mar del Plata: unánime repudio al ajuste en el sistema municipal de salud
La CTA Autónoma, junto a la CTA de los Trabajadores, la CGT y los Comités Barriales de emergencia difundieron un comunicado donde se expresa el inadmisible recorte a la salud pública municipal decretado por el intendente Guillermo Montenegro. En este sentido, se acompañó el reclamo de CICOP MGP.
Mediante el decreto 0949/20 Montenegro recortó 5000 horas de atención en salid, de las cuales 500 estaban destinadas a la atención pediátrica en los 32 CAPS. Desde la Secretaría de Salud plantearon «un reordenamiento» general, que consiste en que lxs pediatras deberán destinar parte de sus horas de atención primaria en cada sala, que deberían usarse para brindar asistencia y realizar acciones de prevención y promoción de la salud de lunes a viernes en coberturas de guardias para atención de la demanda espontánea los fines de semana implicando un «ahorro» de dinero para la comuna destinado a estas últimas.
Las autoridades municipales han hecho oídos sordos a la pérdida de estos profesionales que se ven obligados a migrar al sector privado dados los salarios de hambre y las precarias condiciones de trabajo.
«Este ajuste es inadmisible en el contexto actual de aislamiento social preventivo y obligatorio por el covid-19. Sin bien el gobierno municipal ha descansado la implementación del dispositivo CUIDARNOS, herramienta sanitaria gestada por las organizaciones sociales nucleadas en 34 Centros Barriales de Emergencia que promueve el cuidado de la salud respecto al contagio de coronavirus a través de una red de promotores barriales voluntarios, esto no libera el estado de responsabilidades con respecto a la atención primaria», argumentaron.
«Este dispositivo de salud colectiva, además de ser efectiva en términos concretos, permite monitorear el funcionamiento del sistema público de salud y las estrategias propuestas. Apostar a la atención primaria de la salud significa, el fortalecimiento de los CAPS. Estos ayudan a descomprimir la demanda en hospitales y evitar la circulación de los ciudadanos en los medios de transporte, y mucho más hoy que el aumento de la curva de contagios en la ciudad es un hecho, y no se descarta contagio comunitario con el riesgo que ello implica», subrayaron.
En esa línea, las organizaciones expresaron que el comunicado «nace con la convicción de que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental porque condiciona el ejercicio de otros derechos» y es por ello que solicitan al intendente comunal «que dé marcha atrás con esa decisión y cumpla con la ley y que deje de maltratar a los trabajadores y trabajadoras».
Así mismo, destacaron que la decisión de Montenegro avasalla derechos de niñas, niños y adolescentes quienes por ley deben tener prioridad de atención, como afirma el artículo 14 de la Ley Nacional Número 20061 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
«De nada sirve la base de la técnica médica si no puede llegar al pueblo mediante los dispositivos adecuados», expusieron, al tiempo que agregaron que «ninguna mejora del sistema público de salud se puede llevar adelante con recortes y precarización laboral» y consideraron «imprescindible jerarquizar a lxs trabajadorxs con reconocimientos económicos acordes a la tarea que desarrollan, que implica entre otras cosas poner el cuerpo en la trinchera a través de un trabajo imprescindible y silencioso con lxs niñxs y sus familias».
