A través de su Secretario General Oscar De Isasi, La CTA Autónoma Bonaerense planteó en una reunión con la Ministra de Trabajo con Mara Ruíz Malec abordar la necesidad urgente de disponer una herramienta legal para proteger a las empresas recuperadas o en vías de recuperación por sus trabajaras y trabajadores. La funcionaria coincidió con el comprometiéndose a iniciar gestiones para avanzar hacia su concreción.

“Tomando todas las experiencias de autogestión obrera que hay en el país, la provincia de Buenos Aires contiene al 50% de las unidades productivas recuperadas que dan lugar a unos 10.000 puestos de trabajo”, informa el documento de la CTAA Bonaerense presentado por de Isasi a la Ministra, y señala que tomando la normativa provincial específica para el sector, como la Ley 13.828 y el Decreto Nº 833/12, “resulta imperativo que en el marco de esta emergencia y por el plazo de 2 años, la provincia proteja a estas fuentes de trabajo: Empresas Recuperadas organizadas bajo la forma jurídica de cooperativa de trabajo o en trámite de constitución, disponiendo la suspensión de: trámites y/o diligencias que tengan por objeto subastar, ordenar o ejecutar su desalojo. También los vencimientos de todas las expropiaciones especiales; todo corte de suministro de los servicios públicos de energía eléctrica y gas”

De Isasi valoró como “muy importante” el resultado de la reunión con Ruíz Malec, “porque cuando le hacemos el planteo de la necesidad de avanzar sobre herramientas jurídicas ágiles que eviten los intentos de desalojo y que prolonguen la posibilidad de expropiaciones, la Ministra se aviene y coincide en que es necesario, afirma que lo va a tomar como uno de los temas prioritarios, y obviamente lo va abordar en el marco de los ámbitos correspondientes”

“Por lo tanto” continuó el dirigente, “que el gobierno y a través de Ruíz Malec acuerde en la necesidad de construir esa herramienta rápidamente, no es un dato menor. Y ahora habrá que abocarse a que instrumento se tome forma y se puede aplicar a la brevedad posible para proteger a trabajadoras y trabajadores de las empresas recuperadas por los procesos de recuperación”

ARGUMENTACIÓN DE LA CTAA

Buenos Aires, 10 de Junio de 2020

Sra. Ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires

Lic. Mara Ruiz Malec

S  /  D

Me dirijo a ud. a fin de acercar una situación que redunda en honda preocupación para trabajadoras y trabajadores de nuestra provincia y, en cuyo marco, solicito el acompañamiento de esta cartera.

La provincia de Buenos Aires registra actualmente unas 150 unidades productivas que se encuentran autogestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras, tras el cierre, quiebra, vaciamiento o fuga de sus empleadores.

Se trata de una experiencia que cuenta con más de veinte años de desarrollo sostenido en los más diversos rubros de la producción nacional, demostrando viabilidad, sustentabilidad, capacidad de resistencia y reconversión, y una mirada superadora hacia el conjunto de la comunidad, ya que no sólo sostienen y generan empleo genuino, sino que también desarrollan espacios de acceso a educación, salud o cuidados, para sus propios barrios.

Estas características, han merecido que la experiencia de las Empresas Recuperadas que tiene cuna en nuestro país sea estudiada en el mundo. Y de este fenómeno nacional, que gana y sostiene un lugar en la industria argentina, el epicentro se encuentra en la provincia de Buenos Aires donde se ubica el 50% de las unidades productivas recuperadas dando lugar a unos 10.000 puestos de trabajo.

Como sabemos, las políticas implementadas entre 2015 y 2019 han significado durísimos embates contra la industria nacional en general y contra este sector especial en particular. Frente a lo cual la supervivencia concreta y simbólica ha sido una muestra más de potencial y ganas de sostener el trabajo como derecho humano, social y fundamental.

El contexto actual, signado por la crisis pandemia COVID-19 y todas sus implicancias, ponen nuevamente a prueba la capacidad de resistencia y superación de esta experiencia para los trabajadores y trabajadoras, sus familias y comunidades, y no sólo para las empresas que hoy se encuentran recuperadas, sino también para todos aquellos conflictos en que los dependientes encuentren como único camino la defensa de la fuente de trabajo a través de la recuperación y la auto organización de la unidad productiva.

En dicho marco, mientras los propios actores junto a la gestión actual, abordan la confección de políticas estratégicas para el sector, resulta prioritario que en el presente contexto se ejecuten resortes urgentes de asistencia y sostenimiento. Como lo ha planteado la OIT, resulta necesario atender de manera especial y con medidas apropiadas a los grupos más desprotegidos en el marco de la crisis desatada por la pandemia COVID-19. Y ante el acotado funcionamiento del Poder Legislativo como consecuencia del ASPO, se impone como urgente el auxilio eficiente del Poder Ejecutivo a través de las herramientas institucionales a su alcance.

En ese sentido, el PEN y el PEP han dictado una batería normativa extremando esfuerzos para enfrentar la emergencia sanitaria pero también sus efectos en materia económica y social, para garantizar el acceso a derechos elementales como salud, alimentación, trabajo, vivienda y servicios de primera necesidad.

En ese marco y tomando la normativa provincial específica para el sector, como la Ley 13.828 y el Decreto Nº 833/12, resulta imperativo que en el marco de esta emergencia y por el plazo de 2 (dos) años, la provincia proteja a estas fuentes de trabajo, Empresas Recuperadas organizadas bajo la forma jurídica de cooperativa de trabajo o en trámite de constitución, disponiendo la suspensión de:

1. Trámites y/o diligencias que tengan por objeto subastar, ordenar o ejecutar su desalojo;
2. Vencimientos de todas las expropiaciones especiales;
3. Todo corte de suministro de los servicios públicos de energía eléctrica y gas.

Sabiendo de su acompañamiento y poniéndonos a su disposición, quedamos a la espera de su pronta y favorable respuesta.

Saluda atte.

Oscar de Isasi, Secretario General