Publicado ayer en el Boletín Oficial, el Decreto 669 quita la tasa de interés del Banco Nación como valor de referencia para el ajuste del monto de indemnización y lo reemplaza por la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El decreto presidencial modifica el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en particular, su punto 2, donde se especifica cuál será el valor de referencia para calcular los intereses entre la denuncia del trabajador y el reconocimiento de su indemnización por «determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación».
Al respecto Tomás Devoto, secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma bonaerense, aseguró que «Macri hasta el último minuto que esté en su mandato va a producir un daño muy grande a los trabajadores, al país, van a seguir saqueándolo y nos van a seguir arrebatando derechos de conquista a los trabajadores».
«Este decreto es autoritario, antiobrero y asesino. Es un decreto donde viola todo el marco democrático, y que va en contra de los trabajadores», denunció Devoto. Y esgrimió que «tiene que ser rechazado, porque de esta manera las empresas van a cuidar cada vez menos de nuestra salud, van a cumplir menos con las condiciones y las leyes de seguridad en el trabajo».
Asimismo indicó que «el accidente de Ezeiza es la expresión de la precarización laboral y de la pretensión de que el trabajador sea el mínimo costo».
«No solo los accidentes y las enfermedades no se previenen ni se evitan, sino que ahora avanzan contra las indemnizaciones. Después de sufrir una acción trágica un trabajador, encima nos quieren pagar cada vez menos», apuntó Devoto.
En ese sentido Carlos Díaz, secretario Gremial de la CTA-A bonaerense, repudió «el intento de Macri de llevar adelante una reforma laboral a través de decretos de necesidad y urgencia». Y exigió al Congreso de la Nación que «rechace este DNU, que se respete la Constitución Nacional y el derecho del conjunto de trabajadores y trabajadoras en nuestra patria».
«Los trabajadores con unidad y masividad hemos rechazado en las calles las políticas que pretendieron cercenar derechos conquistados a lo largo de nuestra historia. Peleas que han sido ratificadas en las urnas en las PASO, rechazando el modelo económico, social y político de exclusión, hambre y miseria que impuso el macrismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal», esgrimió Díaz.
Además la CTA-A exige la eliminación de las ART por considerarlas una contradicción del sistema porque por un lado dicen intentar prevenir y reparar accidentes pero por el otro tienen fines de lucro.
La CTA Autónoma vuelve a decir que las muertes y los “accidentes laborales” son evitables, por lo tanto cuando ocurren no son tragedias sino delitos. Ni un trabajador ni una trabajadora menos por accidentes y enfermedades evitables.
Cabe recordar que en 2017, ante un intento del gobierno de Macri de imponer la reforma laboral modificando la Ley de Riesgo de Trabajo a través de un DNU, el juez Alejandro Aníbal Segura declaró «inconstitucional al art. 1º, DNU 54/2017 en cuanto viola el principio de igualdad ante la ley contenido en el art. 16, CN: «…Todos sus habitantes son iguales ante la ley…», dado que establece un trato diferencial inaceptable entre dos personas en igual condición –trabajar y accidentarse o enfermarse– de acuerdo con una condición ajena a su voluntad (estar o no registrada su relación laboral)».
Fuente: agenciacta.org; perfil.com
