La CTA Autónoma exige la destitución, juicio y castigo a Fernández Garello

La CTA Autónoma de Buenos Aires acompañó a la Comisión de Amigos, Compañeros y Familiares de Ana María Martínez en el reclamo por la destitución, el juicio y castigo al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por delitos de Lesa Humanidad.

Fernández Garello está imputado en delitos cometidos en el marco del Plan Condor, así como en denuncias de infiltración en 17 organizaciones políticas, el secuestro y tortura de 3 militantes del Partido Comunista, e integró la banda que secuestró y asesinó a Ana María Martínez, militante del PST, en 1982.

Hoy por la tarde se se esperaba que quienes integran el Jury lo destituyeran como fiscal, o al menos lo suspendieran en sus funciones, para que sea enjuiciado y castigado. Pero nada de esto sucedió por falta de quorum en el jurado de enjuiciamiento.

Al respecto María del Carmen Metrovich, integrante de la Comisión y cuñada de Ana María Martínez, informó que «en los documentos que nos brindó la Comisión Provincial por la Memoria queda en evidencia que Fernandez Garello integraba la banda que asesinó a Ana María».

Por eso Metrovich indicó que «no vamos a parar hasta que veamos a este tipo fuera de la justicia y pagando lo que tenga que pagar. Porque él no solamente intervino en el caso de Ana María, sino que también estuvo involucrado en 17 infiltraciones en organismos de derechos humanos, en el secuestro y tortura de tres militantes del PC, e integró también el Plan Cóndor».

En ese sentido Emiliano Hueravilo, secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma bonaerense, indicó que «vamos a continuar exigiendo el jury para Fernández Garello y para cada uno de los responsables políticos e ideológicos de la desaparición de nuestros compañeros y compañeras». Al mismo tiempo exhortó a la justicia «a que lo separe de su cargo para que atraviese un juicio y podamos lograr la condena por sus delitos».

Asimismo Alfredo Cáceres, secretario de Formación del SUTEBA Tigre e integrante de la Comisión, resaltó que «hace veinte años que el fiscal Fernández Garello está sostenido por la impunidad política institucional que se maneja de esta manera».

«Sus firmas lo comprometen en los informes que elevaba a sus superiores como miembro de la inteligencia para saber a quién secuestrar, seguir grupos de militantes, infiltrarse en sus organizaciones y finalmente secuestrarlos y asesinarlos», señaló Cáceres. Y apuntó que Fernández Garello «está inhabilitado constitucional y legalmente de ejercer un cargo público como el de fiscal general. Es una ironía y es peligroso que esté incrustado en la justicia para jugar el papel que juega hoy en día».

Por su parte Maximiliano Monetti, secretario de DDHH de la CTA-A de Mar del Plata, exigió «que se separe de su cargo a Fernández Garello porque es algo ilógico que un fiscal que está siendo acusado por delitos de Lesa Humanidad en la dictadura genocida forme parte del entramado de la justicia, ni mas ni menos que siendo el Fiscal General de Mar del Plata».

«Sigue contando con la protección de la justicia», denunció Monetti. Y resaltó que «el jefe de los fiscales está siendo acusado de ser partícipe de un entramado para la desaparición de personas, no hay manera que siga ocupando el cargo que tiene».

En ese sentido Eleonora Alais, hija de uno de los abogados de la Noche de las Corbatas e integrante de la secretaría de DDHH de la CTA-A de Mar del Plata, recordó que «Fernández Garello también estuvo implicado, junto al juez Hooft, en la Noche de las Corbatas. Es muy importante que se pueda desarrollar este juicio, porque tener a estos personajes que estuvieron vinculados con la desaparición forzada de personas en un lugar de tantísimo poder, no solamente es un agravio para quienes somos familiares de desaparecidos, sino también porque consideramos que es peligroso para la vulneración de derechos de las personas en la actualidad».

Por otra parte Mariano Fernández, secretario de DDHH de la AJB, apuntó que «este proceso tiene que terminar en la destitución, que no tenga mas fueros y que esté sentado como cualquier ciudadano común ante un tribunal dando las explicaciones que tiene que dar y que quede condenado».

Además remarcó el riesgo que conlleva que sea Fiscal General, ya que «tiene en sus manos la herramienta técnica, que es el derecho penal, para decir a quienes se va a perseguir y a quienes no. Por lo que es imperante que, en principio, se lo suspenda. No hay justificación alguna por la cual el jurado de enjuiciamiento no abra el juicio político de Fernández Garello y no lo suspenda en forma inmediata». Y concluyó denunciando que «la corte tiene la responsabilidad política en la permanencia de tipos como Fernández Garello, Hooft, Casanello».

Por último Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, aseguró: «no podemos tener un poder judicial que siga integrado por personas que están imputadas y procesadas por haber cometido delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar». Y continuó dejando en claro que «estas personas no pueden integrar el aparato del Estado, y mucho menos un rol de la importancia que tiene Fernández Garello como fiscal general de Mar del Plata. Por eso volvimos a plantear el pedido de jury».

«Ya no hay margen para que el jurado de enjuiciamiento no abra el procedimiento, que rápidamente se lo aparte del cargo, y que avance definitivamente hacia el proceso de destitución», concluyó Abramovich.