Organizaciones de niñez y de Derechos Humanos denunciaron el presupuesto en el Congreso
En la tarde de ayer, organizaciones de niñez y de Derechos Humanos denunciaron en el Congreso el presupuesto 2019 que traerá más hambre, más pobreza y menos derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Estuvieron presentes Ricardo Peidro, secretario general de la CTA-A, Norita Cortiñas y Pérez Esquivel. ACTA (Agencia CTA) dialogó con Marcela Val, referente de Che Pibe.
«Somos muchas organizaciones de Niñez y de Derechos Humanos, nos unimos en una mesa de articulación de No a la baja. Estamos denunciando violencia institucional y el presupuesto 2019. Hicimos un informe en la ONU y logramos que se tratara en una sesión del Comité de la Convención», explicó Marcela Val, integrante de Che Pibe a ACTA.
Val dijo además que las Naciones Unidas mandaron recomendaciones que están en el documento que tienen que ver con el tema del presupuesto: «dicen que no puede ser regresivo pero también señala la necesidad de contar con el tema de educación sexual y de erradicar la violencia».
Luego de las recomendaciones de la ONU, la Mesa de Articulación se dirigió a la Presidencia de la bicameral para hacer en conjunto esta acción en conjunto, en la que estuvo la presidenta de la Bicameral, Norma Durango, senadora de La Pampa.
Pronunciamiento
En abril del corriente año, diversas organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, políticos, sociales, eclesiales y distintas personas hemos hecho llegar al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño mediante un detallado informe,nuestra preocupación y rechazo frente a la gravesituación que afecta a los/las niños/as y adolescentes de nuestro país. La exposición presentada desde este espacio de articulación, sirvió como otro insumo para analizar la alarmante situación actual que atraviesa esta población en Argentina, especialmente en sectores empobrecidos.
Frente a ello, el Comité de Naciones Unidas, elaboró una serie de recomendaciones, sobre las que no se observa que se esté actuando desde las jurisdicciones gubernamentales pertinentes.
En cuanto a la asignación de recursos el Comité señala en su punto 9 que sigue gravemente preocupado porque el nivel de inversión en los niños/as desde el Estado parte no ha sido lo suficientemente alta como para compensar el impacto negativo de la severa crisis económica y social que comenzó en 2002, y que esto ha llevado a un aumento de la pobreza y la desigualdad social.
Según datos de 2018 de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza infantil aumentó al 62,5% y hay 8 millones de niños/as privados de algún derecho, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes es pobre y 3/10 están en la indigencia.
El presupuesto de hambreo y profundización de la miseria planeado para el año entrante enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (que ya cuenta con media sanción), desoye dichas recomendaciones, y proyecta recortes en áreas sensibles. Particularmente respecto de niñez y adolescencia, se observa una reducción de casi el 35% en términos reales, tomando la inflación promedio de 34,8% contemplada desde elpropio Ejecutivo en el Presupuesto 2019.
Con respecto a esto el Comité en sus recomendaciones es claro, en el párrafo 10 – con referencia a su Observación general Nº 19 (2016) sobre el presupuesto público para la realización de los derechos de los niños/as -, recomienda al Estado Parte:
1.- Asignar recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, a todos los niveles de gobierno, para la ejecución de todas las políticas, planes, programas y medidas legislativas dirigidas a los niños, y establecer mecanismos apropiados y procesos inclusivos a través del cual la sociedad civil, el público y los niños pueden participar en todas las etapas del proceso presupuestario, incluyendo la formulación, implementación y la evaluación;
2.- Definir las líneas presupuestarias para los/as niños/as en situación de desventaja o marginados/as, en particular los niños/as con discapacidad y los niños/as indígenas, que pueden requerir medidas sociales afirmativas y asegurar que esas partidas presupuestarias queden protegidas aun en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras situaciones de emergencia.
Ataque a los derechos económicos, sociales y culturales de niños/as, adolescentesy jóvenes. Desmantelamiento del sistema de protección integral y de políticas de género.
Como otra cara de la misma moneda, la avanzada punitiva se produce a la par de un ataque a los derechos económicos, sociales y culturales que afecta a todos/as los/as niños/as y adolescentes, y puntualmente al desmantelamiento del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la Nación. Al mismo tiempo se atacan la educación pública (recortando programas y becas de finalización de estudios secundarios , cerrando escuelas, dejando niños/as sin vacantes –y con ello por fuera de los derechos de la seguridad social-); se desarman políticas educativas y de inclusión digital ; se desvalorizan políticas de asignación presupuestaria directa a la infancia y se impulsan iniciativas estatales que cercenan la ciudadanía de niños/as y adolescentes.
Simultáneamente se desfinancian los recursos y dispositivos estatales así como también se ataca a los financiamientos y becas que va en detrimento del desarrollo de proyectos de promoción y protección de derechos de las organizaciones comunitarias en los barrios populares. También se están produciendo sostenidos recortes en el presupuesto de las políticas de género. El Estado de pauperización de niños, niñas y jóvenes fue relevado por informes de organismos internacionales especializados: en efecto hacia el año 2017 el 47,7% de los/las chicos/as vive en la pobreza en la Argentina, y esta situación se agrava en la franja de los/las adolescentes, es decir, el grupo más golpeado por la violencia policial y la omisión estatal, tal así lo revela un informe de UNICEF.
En relación a la pobreza el Comité en el punto 35 dice: El Comité está muy preocupado de que los niveles de pobreza multidimensional y la pobreza infantil siguen siendo altos, mientras que los sistemas de protección social a disposición de los niños son limitados, en particular durante la primera infancia y los niños indígenas, los niños con discapacidad y los niños que viven en zonas remotas. Además, le preocupa que la crisis financiera ha tenido un impacto negativo en los sistemas de protección social en el Estado parte, lo que resulta en una cobertura insuficiente y los retrasos en el procesamiento de las asignaciones de beneficios para los niños y sus familias, en particular a nivel provincial.
También está preocupado por los casos de niños que viven en vivienda de calidad inferior y con acceso limitado a los servicios básicos, como agua potable limpia y segura y al saneamiento, en particular los niños indígenas y los niños procedentes de la migración.
En su párrafo 36 el Comité llama la atención para orientar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la implementación de sistemas y medidas de protección social adecuadas a nivel nacional para todos/as, y recomienda que el Estado Parte refuerce los programas integrales de protección social para los/as niños/as y sus familias, con un enfoque específico en los niños/as y las familias en situación de riesgo y en la mayor necesidad de apoyo.
Sin embargo, la respuesta estatal es todo lo opuesto. Ante el pedido específico deasegurar que las medidas de protección social cubran los costos reales de un nivel de vida digno para los niños/as y adolescentes, incluidos los gastos relevantes para su derecho a la salud, dieta nutritiva, la educación, la vivienda, el agua y el saneamiento, entre otras, las medidas gubernamentales se enfocan en el recorte y eliminación de planes sociales, en el atraso del pago de subsidios. A ello se suma una política encarnizada de despidos, paritarias a la baja, recorte de jubilaciones, entre otras medidas que afectan directamente las posibilidades de desarrollo de las niñas/os, adolescentes y sus grupos familiares. Para dar un ejemplo, “un plan social hoy permite comprar la mitad de los alimentos que su equivalente a finales de 2015”.
A esto se debe sumar la burocratización que conlleva tramitar los mínimos planes y subsidios, que contienen un sinfín de papeles, presentaciones, entrevistas, etc., difíciles de atravesar y sostener. Esto además implica gastos para traslados, así como también inconvenientes para poder realizarlos, debido a que la mayoría de las personas sobre las que recae esta tarea, son mujeres, quienes cargan con mayores grados de responsabilidad respecto del cuidado de sus hijos/as. Esto implica que, o bien tienen que estar con ellos/as durante interminables horas de gestión o no pueden hacerlo porque no pueden delegar la tarea de cuidado. Por tanto, lo sugerido por el Comité respecto de simplificar los procedimientos para familias con niños/as en situación de vulnerabilidad a tener un acceso rápido y adecuado a la protección social en diversas formas, tales como la ayuda financiera, servicios y asesoramiento, además de los beneficios fiscales existentes, no se está cumpliendo en absoluto.
De acuerdo con el párrafo 31 de la Observación general 19, se dispone tener en consideración que en tiempos de crisis económica, las medidas regresivas no pueden contemplarse sino después de evaluar todas las demás opciones y asegurar que los niños/as son los últimos en ser afectados, especialmente aquellos/as en situación de vulnerabilidad, y que las obligaciones básicas inmediatas y mínimas impuestas por los derechos de los/as niños/as no podrán verse comprometidas por medidas retrógradas, incluso en tiempos de crisis económica. El paquete de medidas de ajuste enunciadas en este documento, se contradice plenamente con lo expresado en este párrafo. A esto se debe agregar que desde el eejecutivo se eliminó el régimen diferencial por zonas del país en relación a los montos de las asignaciones familiares, y se estableció un recorte de hasta 53% para las mismas. Además, subió el piso y bajó el techo de ingresos para acceder, lo que dejará fuera del beneficio a miles de familias.
Respecto de las políticas públicas del Estado en el área social, en el informe que presentamos ante Naciones Unidas, afirmamos que asistimos a un deterioro sistemático, producto de un desfinanciamiento que aumenta anualmente, con programas “vaciados” que disminuyen la capacidad de atención y con un nivel de precariedad que impide desarrollar medidas adecuadas, que promuevan una restitución real de los derechos vulnerados.
La decisión política de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, se demuestra en presupuestos en los que crecen las partidas para las políticas públicas destinadas a la
institucionalización y a la avanzada punitiva (sistema penal, policías, etcétera), frente a un debilitamiento de las políticas de prevención, promoción, y fortalecimiento familiar y comunitario. La falta de articulación, la desintegración y la focalización, impiden realizar un trabajo integral, a la vez que provocan situaciones de revictimización de niños, niñas y adolescentes, y sus familias.
Los recursos básicos necesarios para desarrollar estrategias que enfrenten situaciones de vulneración de derechos, son insuficientes o en muchos casos nulos. Como ejemplo de ello, los hogares convivenciales y también los centros de día, suelen encontrarse colapsados e incluso, en algunos casos, han sido cerrados dejando a la deriva y en una consecuente desprotección a niños/as y adolescentes. Asistimos a situaciones en que viven hacinados/as dentro de los hogares donde debieran estar resguardados/as, en los que casi se duplica el cupo para el cual fueron habilitados esos dispositivos. A ello se suma una falta de vacantes que es alarmante, generando que, ante medidas de protección ya dispuestas por el propio Estado, como en situaciones de violencia o abuso sexual, dicha violación de derechos persista.
Lamentablemente, ninguna de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas, han generado que desde las diferencias instancias de gobierno se promuevan acciones que reviertan el estado atroz en el que se encuentran los programas dedicados a trabajar en situaciones de vulnerabilidad social. Los servicios locales y zonales de protección de derechos a lo largo de todo el país, o las Defensorías Zonales en la CABA, cuentan con escaso personal para la cantidad de tareas que se deben atender, así como también no cuentan con el conjunto de políticas públicas necesarias para poder generar acciones efectivas que promuevan la restitución de derechos. Escasean las vacantes en escuelas. Se festeja con cinismo que cientos de niños/as tengan que atravesar grande extensiones territoriales en condiciones brutales, para poder acceder a la escuela. El acceso a una vivienda digna, al agua potable, es un drama sin resolución en muchas zonas del país.
Desde el Comité se realiza especial hincapié en la problemática del abuso, la explotación sexual, que incluye la trata con fines de explotación. Escasean los programas que abordan esta temática, y mucho menos que lo hagan de manera integral. La justicia actúa amparando a proxenetas, explotadores, abusadores, siendo que las causas no progresan. Se somete a niños/as y adolescentes a procesos de revictimización constantes, donde deben relatar las situaciones abusivas una y otra vez, para que luego no exista ningún tipo de condena. En muy pocas situaciones se asigna patrocinio o querella, debido a que son muy pocos los dispositivos que lo hacen en forma gratuita y el estado no propicia mecanismo que garanticen el impulso de las causas. Los/as chicos/as siguen quedando en peligro. Quienes ejercen violencia, impunes.
A ello hay que agregar que se cuenta con muy pocos refugios especializados a lo largo del país, y que los existentes, no cuentan con materiales propicios para sobrellevar una vida de encierro. Encierro que por cierto, es para las víctimas y no para victimarios.
La aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, sigue siendo una deuda. Esto sería de invaluable importancia para generar prevención, derribar mitos, aportar al cuidado del cuerpo, a fomentar espacios de confianza donde poder trabajar acerca del cuidado del cuerpo, de la intimidad, y donde poder expresar posibles situaciones de violencia, abuso, etc., por las que pudiera haber atravesado un/a chico/a. Además de negarse el acceso a la educación sexual, también es preocupante la escasez o negación de acceso a métodos de cuidado y prevención de infecciones de trasmisión sexual así como de embarazo.
En relación a los dispuesto sobre garantizar el acceso al aborto seguro y servicios de atención post-aborto para las adolescentes, asegurando que sus opiniones siempre son escuchadas y tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones, el Senado de la Nación, acaba de darle la espalda a ello.
Sobre las deudas respecto de la puesta en funcionamiento del circuito de protección integral de derechos establecido en la Ley Nacional 26.061
El Comité reitera al Parte la necesidad de que finalice la espera de reformas legales en todas las provincias. También recomienda adaptar la legislación provincial y municipal con los marcos legales nacionales relacionados con los derechos de niño/as y adolescentes, en particular la Ley Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 26.061), lo que garantiza su aplicación estandarizada. Esto aún continúa sin realizarse. Al igual que el nombramiento de un/a Defensor/a Nacional para Niños/as y Adolescentes,y la asignación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros.
A partir de evidenciarse que desde el gobierno nacional, no se generan mecanismos que conlleven al pleno acceso de los derechos establecidos en las normativas vinculadas a niñez y adolescencia, instamos a que se adopten las recomendaciones destinadas a fortalecer el sistema de protección integral y, muy especialmente, destinadas a la regulación adecuada del uso de la fuerza por parte del Estado, haciendo hincapié en la no criminalización de niños/as y adolescentes, y la evitación del uso de armas de fuego contra los/las mismos/as, así como la prioridad que tienen que tener en la formulación y ejecución de políticas de vivienda, alimentarias, salud, educación, seguridad, prevención y atención ante situaciones de abuso y explotación sexual.
Con el mismo compromiso con el que trabajamos día a día quienes conformamos este espacio de articulación, es desde donde seguiremos denunciando el grave estado en el que se encuentran millones de niños/as y adolescentes, quienes se encuentran inhabilitados/as de poder acceder a un pleno desarrollo, e instamos a las diferentes esferas gubernamentales a realizar las acciones pertinentes. Nosotros/as no somos cómplices de la exclusión, el maltrato, el destrato, y la discriminación a las que se somete a tantos/as chicos y chicas a lo largo del país. Nosotros/as estamos en pie de lucha, bregando por un presente y un futuro, con todos los derechos.
Adhieren:
Nora Cortiñas; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Osvaldo Bayer, escritor; Vicente Zito Lema, escritor; Alejandro Cussianovich; María Elena Naddeo; Elsa Pavón; Elsa Ohiro; Adriana Bordarampe; Juan Martín Guevara; Pablo Vommaro; Michelle ChavezStefanelli; Elvira Figueroa; Julio Ancajima; Maria Guardia; Katia Espinoza; Liz Torres Coord General Callescuela Paraguay;Teresa Pereyra Cica; Cristina Peralta; Luciano Cabai; Aurora Costilla; Silvina Tenembaum; Sandra Vargas; Susana Cabana; Claudia Garcia; Patricia Peralta;María Guadalupe Farías; Claudia Garcia; Asamblea Permanente por los derechos humanos;Madres de Plaza de Mayo línea fundadora; Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Movimiento Ecuménico por los derechos humanos (MEDH); Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa; Foro por la Niñez ;Espacio No a La Baja Argentina; Niñez y Territorio; Red Argentina No Baja;Familiares y Amigxs de Luciano Arruga;DNI sección Argentina; La Miguelito Pepe; Casanova en Movimiento ; Negro Soy Chascomús; Centro Angelelli; Suma Qamaña; Fundación Farinello de Quilmes; Encuentro por la Niñez y Adolescencia, CABA; Colectivo Juguete Rabioso;Hechos por los Derechos; CAREF Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados; Asociación Anahí;Amigos del Alma; Mutual Construyendo un Mundo Nuevo; Asociación Civil Los Naranjos -San Pedro; Centro Cultural y Comunitario Encuentro; Pompeya no Olvida; Flores Solidario; Lugar de Sol; Club social y deportivo los Leones de Isidro Casanova; Club social y deportivo Franja de Oro; Confederación Argentina de Clubes; La Red Lugano;Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC); Asociación Civil «El Coihue», Isidro Casanova, La Matanza; Fundación Amanecer; Yo no fui- asociación civil y cultural; Organizaciones Libres del pueblo San Martín; Cultura Popular San Martín; Agrupación juvenil Simón Bolívar, San Martin; Red de Solano; Centro Ruca Hueney para personas con Discapacidad; Hogar Los Logros; son Nuestros hogar;Granero de Sueños; Instituto de formación de educadores de jóvenes, adolescentes y niños trabajadores de América Latina (IFEJANT);Asociación Callescuela Paraguay; Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs); Europa NNATs; Coordinación Regional de NATs (CORENATs) de Venezuela; Comunidades, Vida y dignidad de México; Coordinadora Regional de Salud de los Trabajadores (CORESAT) Venezuela; Centro de Formación Laboral y Sindical (CENFORLASIN), Venezuela; Red de Salud y Trabajo miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)Venezuela; Colectivo de Derechos de Infancia y adolescencia:Asociación para los Derechos de la Infancia (ADI) Provincia de Buenos Aires y CABA – Asociación SURCOS Provincia de Buenos Aires y CABA – Asociación Azul, La Plata Provincia Buenos Aires – Fundación Ayuda a la Niñez y a la Juventud CHE PIBE, Provincia Buenos Aires – Fundación Emmanuel, Provincia de Buenos Aires y CABA – Fundación de ayuda Integral a Discapacidad e Infancia FAIDI, Miramar. Provincia Buenos Aires – Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez ( Movimiento de DDHH, Desayunador Villa Germinal ), Provincia de La Pampa – Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes ( La Minga, CECOPAL, SERVIPROH, SEHAS, Programa del Sol ) Provincia de Córdoba – Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos – XUMEK. Provincia de Mendoza – Práctica Alternativa del Derechos – PRADE. Provincia de Santiago del Estero – Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales ANDHES Provincias de Tucumán y Jujuy – Asociación Civil Crecer Juntos . Provincia de Tucumán – Asociación Civil El Amanecer. Provincia de Formosa. Asociación Chicos.net.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Defensoría del Pueblo de Pilar; Municipalidad General San Martín; Defensoría de Género e Infancia Derqui Pilar; Consejo local de mujeres del Bolsón, Río Negro; Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE); Fundación Protestante Hora de Obrar ; Ana De Medio, Red Global de Religiones a favor de la niñez y miembro del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias; Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires; Asociación la Iglesia de Dios (ALIDD); Peter Rochon, pastor Distrito Metropolitano IERP; Centro Cristiano Nueva Vida; Consejo latinoamericano de Iglesias (CLAI); Pastora Viviana Pinto Iglesia Evangélica Metodista; Misur (Red de Centros Comunitarios de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata en el conurbano bonaerense); Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS); Red de docentes familias y organizaciones del Bajo Flores; ACCEP Asociación; Mesa Ejecutiva Colegio de Trabajadorxs Sociales de la Pcia. de Buenos Aires; Escuela media Carlos Geniso Civil por la Calidad Educativa Pilarense; Observatorio Participativo de Políticas Educativas de Pilar y Agrupación 23 de Agosto de Pilar; CTA Autónoma; Secretario General Nacional Ricardo Peidro de CTA. Autónoma; ATE Nacional; Junta Interna Ate Sennaf; UTE-CTERA; CTA. Autónoma Regional Pilar; AREA de Niñez Ate Capital; Sergio Roberto Val, Secretario de Desarrollo Social CTA Autónoma, Mesa Nacional; CTA Matanza; UTE; ATE Seccional San Martín; CTA Autónoma San Martín; Margarita Noia Secretaria de DDHH de la CTA. Autónoma Capital; Agrupación Germán Abdala CTA Autónoma de Córdoba; Movimiento Popular la dignidad; Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); Patria Grande; Juventud Rebelde, Patria Grande; Agrupación Lealtad y Solidaridad Peronista San Martín; Partido Justicialistas General San Martín;Néstor Daniel Peralta CTEP Ituzaingó;
