La CTA-A bonaerense rechaza la quita de pensiones por discapacidad
Una vez más el gobierno de Cambiemos demuestra su insensibilidad social hacia las personas con discapacidad. Con el decreto 268/2018 publicado en el Boletín Oficial el 25 de septiembre en el cual informa un nuevo circuito de notificación a las personas que tienen la pensión no contributiva, con un fin claro: darle de baja e impedir que nuevas personas puedan acceder al beneficio.
En ese sentido Nanci Alarcón, secretaria de Discapacidad electa de la CTA Autónoma de Buenos Aires, aseguró que «esta disposición es inconstitucional porque deviene de un decreto que contradice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad».
El modo de notificación será a través del recibo de haberes o por medio de una notificación en el domicilio del beneficiario. Una vez que esto ocurra se deberá apersonar a la oficina más cercana al domicilio e iniciar un descargo. La ONG REDI divulgó un instructivo de cómo realizar el descargo y los pasos a seguir.
- No debe presentarse a la UDAI si no recibió notificación.
- Desde que recibió la notificación corren diez días hábiles administrativos para que el pensionado pueda: tomar vista de las actuaciones, ejercer su defensa y ofrecer prueba en la administración (UDAI).
- Deben concurrir a la UDAI (ANSES) mas cercana a su domicilio, para lo que antes deben obtener turno llamando al número 130.
- Imprimir dos ejemplares del escrito, firmarlos, dejar uno en la UDAI y exigir copia de recepción (con sello fechador).
- IMPORTANTE: Para ejercer su defensa ante la administración pública no es requisito que un abogado suscriba su petición, por lo que en el caso de imposibilidad de contratar un abogado, puede hacerlo utilizando el modelo que se adecue a su situación.
«Lamentablemente esta noticia infundio pánico y no es para menos, porque muchos solo cuentan como único ingreso económico, el cobro de la pensión», apuntó Nanci Alarcón. Y afirmó que «desde nuestra CTA Autónoma pedimos la derogación de este decreto, por considerarlo inconstitucional y generar gran descontento y desconcierto en las personas con discapacidad».
«Estaremos organizando acciones en conjunto con el Observatorio de La Plata y organizaciones sociales, ONG de la zona», aseguró Alarcón.