Tenemos el deber de garantizar derechos a los migrantes
El pasado viernes 13 de julio en Nueva York y tras un largo período de consultas, más de 190 Estados de las Naciones Unidas adoptaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada.
El resultado es un texto articulado en 23 objetivos que abarcan desde temas muy generales a cuestiones concretas, como la de avanzar para que los migrantes puedan transferir de un país a otro sus cotizaciones a la seguridad social. El pacto será respaldado formalmente en una conferencia internacional prevista para mediados de diciembre en Marruecos.
Luego de 18 meses de negociación, tenemos un Pacto que no es vinculante y que no contiene a Estados Unidos, que se retiró de las negociaciones a fines del año pasado. Para peor, Hungría coquetea con tomar ese mismo camino. Aunque el espíritu de este instrumento es valorable por intentar generar un sistema de gobernanza global de las migraciones en el contexto de un sistema global roto por la mala gestión de los movimientos migratorios, y que también reconoce la migración como fuente de prosperidad, innovación y desarrollo; no alcanza a apuntar soluciones a la altura y del carácter multidimensional y transnacional que tienen las migraciones, es decir, no acaba por ofrecer una respuesta global contundente a este fenómeno global.
La migración es una realidad inevitable: no tenemos opción de aceptar o rechazar la migración, se trata de personas que están ahí en todo el mundo y que merecen los mismos derechos que los nativos. El número de migrantes en el mundo se estima en 258 millones, el 3,4% de la población mundial. Sin embargo, contribuyen un 9% del PIB mundial, con casi 7 trillones de dólares al año. Pero mucho más importante es su contribución social, política y cultural. Se trata del tema que hoy divide aguas en distintos puntos del globo como Italia, España, Alemania y Hungría en Europa y enfrenta a Estados Unidos con América Latina, por solo citar los ejemplos más candentes del último tiempo.
Precisamente desde el punto de vista latinoamericano, este Pacto está lejos del ideal al que aspiramos. Ello porque privilegia un enfoque que puede poner en riesgo la garantía de derechos humanos para todos, en el marco de un debate global dominado por el miedo, la xenofobia y el racismo. El Pacto discrimina la protección y derechos a migrantes según su estatus y limita la movilidad de las personas en lugar de atacar los factores que la impulsan. Inclusive, reconoce la posibilidad de detener a los menores como “último recurso”, precisamente cuando la inhumana separación de niños y niñas mexicanos de sus familias por el gobierno estadounidense es repudiada a viva voz. También choca con las peticiones de Amnistía Internacional, que había exigido «tolerancia cero» sobre la detención de niños migrantes.
Desde el punto de vista sindical, el resultado del texto es preocupante y constituye un retroceso. Si bien reivindica la promoción del Programa de Trabajo Decente y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección a trabajadores/as migrantes, limita su aplicación a los trabajadores regulares, que en muchos casos son minoría, de manera que excluye claramente a millones de personas de derechos fundamentales para alcanzar el trabajo digno.
Lo que tenemos es entonces un Pacto no obligatorio y para migrantes regulares: no se garantiza la universalidad de los derechos humanos y laborales a las personas migrantes. A lo largo de las negociaciones ha desaparecido la iniciativa de nombrar en el texto un conjunto de servicios básicos a disposición de todos los migrantes más allá de su estatus. Uno de los principales avances que podía proveer pacto, que consistía en el principio de no criminalización de los migrantes irregulares, se ve fuertemente socavado.
El sindicalismo ve con decepción esta situación y continúa reivindicando la participación de los sindicatos en el proceso de implementación, seguimiento y revisión de aquí en adelante. Un cambio de paradigma será imposible si no se profundiza el dialogo con el conjunto de la sociedad y un énfasis en la protección más allá del estatus migratorio. Igualmente, si la normativa alcanzada no es respaldada por los recursos estatales para responder rápida y eficientemente a la protección de los migrantes, carecerá de utilidad.
Si estamos a favor de la garantía de los derechos humanos para todas las personas, tenemos el deber de acoger y dar derechos a los migrantes más allá de su estatus migratorio. Mientras las fronteras sean más relevantes que la dignidad humana solo contribuimos a reforzar el estatus quo que hace de los migrantes victimas del rechazo y la estigmatización. Debemos alterar la causa estructural de las migraciones: la desigualdad global. Para que migrar sea una opción y no una necesidad. Por eso como trabajadores del continente abogamos por el derecho a migrar, no migrar, permanecer y retornar dignamente.
No vamos aceptar que se haga diferenciación entre los migrantes regulares e irregulares, porque la dignidad humana debe estar al alcance de todos.
*Adolfo «Fito» Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A,
