La CTA-A Bonaerense repudia la excarcelación del genocida Miguel Wolk
El pasado 20 de abril TOF 1 de La Plata, con votos de los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, decidió decretar el cese de la prisión preventiva de Juan Miguel Wolk y su excarcelación con prohibición de salida del país. La medida está condicionada únicamente a la oposición del Ministerio Público Fiscal y no se hace efectiva porque el reo se encuentra con prisión preventiva en la causa por el CCD Brigada de Investigaciones de Lanús o “Infierno”. Seguirá entonces los procesos en su contra desde su casa de Benedetto Crocce 3045 en Mar Del Plata.
«Desde la CTA-A Provincia de Buenos Aires y la Regional La Plata-Ensenada, repudiamos la acción de los jueces que votaron largar a este genocida que puede andar caminando por las calles de Mar del Plata, como así también la decisión del Tribunal, y la de la fiscalía por no apelar», expresó Emiliano Hueravilo, referente de Derechos Humanos de la CTA-A y ATE Bonaerense. «Desde la Regional La Plata-Ensenada venimos planteando y generando echos para que estos genocidas cumplan cárcel común, perpetua y efectiva. Somos querella en distintos juicios de lesa humanidad, y las actividades que masivas en repudio al 2×1 que hemos protagonizado con numerosas organizaciones hermanas, han sido una muestra clara que esta sociedad no se reconcilia con los genocidas. La única casa para ellos es la cárcel».
¿Quién fue Miguel Wolk?
El comisario de la Policía bonaerense Juan Miguel Wolk, de 84 años, fue uno de los jefes del Pozo de Banfield y actuó como parte del Terrorismo de Estado por lo menos entre octubre de 1974 y diciembre de 1979. Conocido con los alias “El Nazi”, “El Patón» o «El Alemán”, en los ’80 había sido condenado a 25 años de prisión pero escapó al cumplimiento de la pena gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Durante años la justicia lo dio por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que lo reconoció en la calle se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación como profesor de la Escuela Vucetich, se lo pudo imputar en la causa por el Pozo de Banfield. Fue detenido en octubre de 2009.
Pese a ello, en 2012 el juez Arnaldo Corazza realizó su indagatoria sin avisar a las querellas, y lo envió a su casa en una cómoda prisión domiciliaria. Ante la apelación de las querellas de los organismos de DDHH el caso llegó a la Corte Suprema, que confirmó el rechazo de la domiciliaria. Pero hasta que el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones de La Plata y Corazza ordenó su detención, Wolk ya no estaba. Su abogado comunicó que la hija (que es policía) había denunciado su “desaparición”. En verdad su hija lo ayudó a escaparse y está procesada en una causa por tal motivo. Wolk estuvo prófugo entre el 7 de mayo de 2012 y el 17 de mayo de 2013. Tras ser capturado en la casa de su hermano en Mar Del Plata, volvió a recibir el beneficio de la domiciliaria en enero de 2016, esta vez otorgado por los jueces Ángela Ledesma y Norberto Frontini, de la Cámara de Casación.
En marzo de 2017 Wolk había solicitado su excarcelación por entender “lesionada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable o de ser liberado sin perjuicio de la continuación del proceso”. El 25 de abril de 2017 el TOF1 le negó la libertad reclamada, haciendo prevalecer la especial gravedad del delito por sobre los 6 años y 6 meses que llevaba preso sin juicio y evaluando con alta probabilidad el riesgo de fuga, a la vez que le prorrogó por 6 meses la prisión preventiva.
Ahora el juez Esmoris evaluó que la preventiva le fue prorrogada 9 veces y que “desde hace varios años, el imputado se encuentra en prisión domiciliaria y que pese al menor rigor que importa esa forma de detención, no se ha vuelto a sustraer del accionar de la justicia”.
Sobre el punto es muy significativo que sea uno de los jueces responsables del estiramiento indefinido de las causas contra los genocidas quien destaque “el estado de incertidumbre en orden a la fecha en la cual podrá ver resuelta su situación procesal el nombrado, ante la ley y la sociedad, de un modo definitivo y aúna un nuevo argumento, a efectos de ponderar la razonabilidad del lapso que cumple en detención cautelar, es decir, la posibilidad de que en lo inmediato se materialice el juicio que decida sobre el fondo del asunto”.
El juez Vega agregó en su voto a favor de la excarcelación que la última prórroga de la preventiva a Wolk había sido condicionada a “la fijación de la audiencia de debate”.
A ello abonó su voto el juez Castelli, quien se excusó en la “cargada agenda de debates fijados” por el Tribunal y aclaró por las dudas que pese a ser exhortados por Casación a acelerar y unificar los procesos cuando le extendieron la última preventiva a Wolk, iniciaron gestiones ante aquel tribunal y el Consejo de la Magistratura para “contar con los recursos y la infraestructura necesarios susceptibles de viabilizar aquella demanda”, pero que las gestiones resultaron “infructuosas”.
EL TOF1 de La Plata decide con esta medida que “la imposibilidad de fijar debate no puede cargársele al justiciable”. Toda una definición, cuando sí se encargan de cargársela a las víctimas y sus familiares.
Un primer tramo de la causa por el CCD Pozo de Banfield fue elevada a juicio por el juez Corazza en abril de 2012. Con una pobrísima instrucción, pese al importante aporte de prueba de los organismos de DDHH, imputó por 48 casos de personas que pasaron por este campo a sólo 7 represores: Rodolfo Campos, Ibérico Saint Jean, Miguel Etchecolatz, Jaime Smart, Juan Miguel Wolk, Raúl Rodríguez, y Jorge Bergés. Desde allí a esta parte Campos y Saint Jean murieron impunes. En un segundo tramo conocido como “Causa 737”, en diciembre de 2012 se procesó a otros 15 represores por 86 casos, elevado a juicio por el juez Ernesto Kreplak en enero de 2017.
En mayo de 2016 el mismo TOF 1, a pedido de las querellas, había decidido unificar los expedientes de Banfield y Quilmes como “Causa 605” por entenderlo “pertinente, procedente y que tiende a una mejor administración de justicia”. Luego de ello, y avizorando el cuello de botella que se venía con muchas causas elevadas pero con tardanza en el juicio oral, varias querellas pidieron al Tribunal que unificara todas las causas y realizara un único debate con los hechos referidos a las Brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. El tribunal se negó a tal medida y, alterando el orden en que las causas fueron elevadas a debate oral, realizará desde agosto próximo un juicio aparte sólo por la causa de San Justo. Mientras tanto por su propia tardanza, libera al genocida Wolk y beneficia con domiciliarias a decenas de represores.
El caso Wolk marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos cometidos desde el aparato del Estado representa una selectividad que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes, donde según datos del Ministerio Público Fiscal a junio de 2017 el 60 % de los 11.559 presos del Servicio Penitenciario Federal está encarcelado preventivamente, es decir sin condena y cumpliendo la preventiva como ejecución anticipada de pena. Así todo el proceso de los juicios a los genocidas se va desdibujando hacia la mera formalidad vacía, sobre todo si recordamos que más de la mitad de los represores procesados se encuentran con prisión domiciliaria o, como ahora Wolk, directamente excarcelados.
Fuente: HIJOS La Plata
