Represor internado en el Evita y la policía aprieta a los trabajadores
Desde el fin de semana permanece en el centro de salud un genocida responsable de la desaparición de trabajadores de ese lugar. Los compañeros exigen que el servicio penitenciario se haga responsable.
“La responsabilidad del Estado sobre la custodia y atención médica de los genocidas de la última dictadura no puede ser delegada en la responsabilidad individual de los trabajadores. Mucho menos cuando el Estado tiene a su disposición todas las herramientas técnicas para otorgar la atención médica que estos asesinos requieran en las dependencias del hospital del penal de Ezeiza. No nos negaremos, por razones éticas y humanitarias a atender a un represor, siempre que nuestro hospital sea la última alternativa,” indicaron desde el centro de salud.
El represor en cuestión es Roberto Antonio Cabrera quien ingresó a la Policía bonaerense en 1951, y se desempeñó en la Brigada de Investigaciones de Lanús desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 29 de mayo de 1978. Participó activamente de las patotas de Investigaciones que comandaba el genocida Miguel Etchecolatz, quien tenía a su cargo la zona sur del conurbano desde los 29 Centros Clandestinos de Detención del llamado “Circuito Camps”.
Cabrera fue condenado a 18 años de prisión por el TOF 1 de La Plata en diciembre de 2012 por 19 casos de secuestros y torturas cometidos en el CCD denominado “Puesto Vasco”, que funcionó en la sub-comisaría de Don Bosco, en Quilmes. Fue reconocido por los sobrevivientes Liberman, Papaleo, Miralles y Alvite, entre otros, quienes coincidieron en que Cabrera quedaba a cargo del lugar cuando no estaba el represor llamado “Rojas”.
En este escenario, Cicop hace notar que hace 18 años: “cuando nuestra compañera psicóloga Martha Brea se encontraba detenida- desaparecida en “el Vesubio”, “chupada” de nuestro propio Hospital (ahora sabemos que fue asesinada), el represor Cabrera accionaba en la Brigada de Investigaciones de Lanús.”
Además el gremio cuenta que por la tarde de ayer una compañera enfermera colocó carteles alertando la presencia del genocida internado, pero un comisario uniformado le impidió seguir con esa tarea. “Nos preguntamos: ¿Un policía que está encargado de cuidarnos a nosotros, al que el Hospital le paga horas adicionales, puede decidir limitar la liberad de expresión de la compañera; más aún, puede hacerle un “apriete” diciendo que conoce su identidad?”, afirman desde CICOP.
Y en ese contexto, el gremio exige que el Servicio Penitenciario se haga cargo de la atención médica de los genocidas y no obligue a los trabajadores del Hospital Evita a hacerlo, que fueron víctimas de la represión.
CTA Buenos Aires.
