La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que como Rafael huyen de sus países para proteger sus vidas provienen de El Salvador, Guatemala, México y Honduras. En la actualidad hay tres centros de detención en los que los niños permanecen mientras avanzan judicialmente los procesos de deportación: Karnes City, ubicado en el Estado de Texas, Artesia, en Nuevo México y Leesport, en Pensilvania. Si bien en 2009 el gobierno de George W. Bush clausuró el único centro de detención que existía en ese momento, ubicado en el edificio de la antigua prisión Don Hutto en Texas, la administración de Obama no sólo lo reabrió sino que creó otros dos centros. A pesar de que los niños y niñas viven hacinados, en condiciones infrahumanas la mayoría de ellos, consultados por la relatora de los derechos de los niños de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortíz, afirmaron que volverían a recorrer el mismo camino porque vivir en sus países era mucho más peligroso.
Fue el presidente venezolano Nicolás Maduro quien en noviembre de 2014 hizo pública la denuncia de los centros de detención en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos básicos de miles de niños y niñas latinoamericanos. Sin embargo, los medios del gran Capital silencian la violencia del sistema capitalista que en su fase actual lucra también con la vida y la libertad de los niños migrantes. “Lo que nosotros estamos haciendo, desde nuestro punto de vista, encaja completamente con los derechos internacionales y con las leyes de Estados Unidos”, respondió Timothy Zúñiga-Brown, coordinador del grupo de trabajo del Departamento de Estado sobre niños migrantes a las denuncias realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de la ONU.
Vivir en el limbo
Los días en los centros de detención comienzan a las 5 de la mañana cuando niños y niñas de entre 8 a 15 años realizan las tareas de limpieza. Luego, para poder comer un pedazo de pan deben hacer largas colas y cuando llega la noche caen rendidos en el piso, donde, amontonados, duermen tapados con papel.
Según el último reporte de la Patrulla Fronteriza, durante los últimos meses el número de niños migrantes detenidos aumentó un 88% comparado con el año anterior. El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportaron que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos: más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%).
La principal razón por la que los niños y niñas deciden emprender solos el viaje a Estados Unidos es poder reunirse con sus padres o familiares, pero también lo hacen con la expectativa de mejorar su nivel de vida a través de un trabajo o por la necesidad de escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual. Según informes de Unicef, en los últimos años los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido: “El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas, pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas”.
Durante la odisea los menores pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos, desde accidentes (asfixia, deshidratación, heridas) hasta ser enganchados en redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el intento de llegar a Estados Unidos. De acuerdo a Unicef “estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo que frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no gozan de derechos básicos como el de alimentación, salud, a vivir en familia, entre otros”. Hace unos meses, Daniela, una niña de 11 años encerrada en Artesia, Nuevo México, le escribió una carta al presidente Obama en la que le pedía poder volver al colegio: “Aquí no me gusta estar porque no como bien y no puedo hacer lo que hacía en Honduras, así que necesito entrar o regresar a la escuela. Le pedimos de corazón su ayuda”, finaliza la misiva.
“La Bestia: el tren de la muerte”
Diariamente miles de inmigrantes cruzan desde el sur de México hasta Texas subidos en el techo de los vagones de “La Bestia”, también conocido como “el tren de la muerte” o el “devoramigrantes”. El peligro comienza desde antes del viaje: para subirse al tren hay que hacerlo en marcha por lo que muchos de los migrantes han muerto en el intento o han sido amputados.
“El caballo de Troya”, como también se lo conoce, pertenece al consorcio estadounidense de ferrocarriles Genesee y Wyoming Inc. que opera a través de su filial Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, con base en la ciudad de Mérida (Yucatán). Esta empresa es una de las nueve que manejan la red mexicana de trenes a través de la cual se mueve el 15% de la carga nacional. Entre sus principales clientes se encuentran Pemex y Cemex. Transporta materias primas como aceites, grasas vegetales, arena, ácidos, carbón, celulosa, cemento, cuarzo, madera, fertilizantes, materiales de ensamble de vehículos y vehículos ensamblados. Las mercancías llegan a salvo a destino, los inmigrantes no: en el camino pueden caerse del tren, ser arrasados por una rama o asesinados por integrantes de algún cartel del narcotráfico. Acorde con información suministrada por el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) cada año son repatriados aproximadamente 250 mil centroamericanos y suman 1.300 entre los muertos y mutilados en el intento por alcanzar la frontera con Estados Unidos. Las cifras hablan por sí solas: según un informe de las Naciones Unidas, el tráfico de personas genera unos siete mil millones de dólares al año.
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Centroamérica en cifras
El 80% de las niñas, niños y adolescentes trabajadores que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema se concentran en Guatemala, El Salvador y Honduras. En estos países las inversiones públicas para garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia han sido, en promedio, de entre 0,60 (Guatemala) y 1,20 (El Salvador) dólares diarios. Estas inversiones limitan las posibilidades de universalizar la cobertura educativa y protección social mínima que garantice la salud, nutrición y asistencia social de las niñas, niños y adolescentes, principalmente de quienes habitan en espacios rurales, mujeres y hogares indígenas históricamente rezagados en el acceso a los bienes públicos.
Por Inés Hayes, publicado en la edición de mayo de América XXI.
