Su fallo, de solidez jurídica, se ajusta al Principio de No Regresividad, al Control de Convencionalidad que dicta el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y al espíritu de la Justicia Restaurativa, donde el derecho penal debe ser siempre el último recurso y jamás el primero.

Esta persecución política no es un hecho aislado, sino que forma parte de un diseño sistemático de disciplinamiento. En la provincia de Buenos Aires, la jueza Dra. Marta Pascual también fue amenazada con un jury de enjuiciamiento tras dictar la medida de amparo que suspendió la aplicación de esta norma regresiva.

Mientras las magistradas que actúan con anclaje en la Constitución Nacional y en el derecho internacional son amedrentadas por el poder político, el propio sistema judicial demuestra su complicidad o cobardía a través de la parálisis administrativa. Así quedó en evidencia con la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad que fue presentada en conferencia de prensa en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a unos 20 defensores oficiales y organizaciones hermanas como la APDH y DNI. El primer juez al que le tocó la causa recurrió a la declaración de incompetencia para evitar pronunciarse, y al día de hoy, seguimos esperando una respuesta institucional.

Este escenario deja al descubierto una realidad alarmante: existe una feroz intención política de avanzar con el castigo y la crueldad hacia nuestras niñeces y adolescencias, omitiendo deliberadamente las leyes protectoras de derechos. Esto ocurre, además, en un contexto de asfixia financiera a la población en general, reducción del Estado social, falta de dispositivos de atención a la salud mental y ausencia de oportunidades reales para que los jóvenes permanezcan en la escuela y construyan proyectos de futuro. 

Bajar la edad de imputabilidad es inconstitucional. Exigimos el cese de las amenazas a la independencia judicial, el tratamiento inmediato de las acciones colectivas presentadas y la restitución de un Estado protector y social. Primero, cuidar a la niñez.

Comunicado del Foro por los Derechos de la Niñez, en conjunto con la secretaría de DDHH de la CTA Autónoma de Buenos Aires.