La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en las acciones impulsadas por el CECIM La Plata y la Asociación de Ambientalistas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sobre la plataforma continental argentina en la zona de Malvinas. La decisión constituye un paso enorme y de relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto.

En línea con lo argumentado por el Ministerio Público Fiscal, el juzgado sostuvo que existen razones suficientes, ya que el territorio y la jurisdicción internacional justifican la intervención de la Justicia Federal. La resolución parte de una realidad que es el derecho, que no se puede ignorar: el Atlántico Sur constituye un sistema ambiental conectado por ciertas corrientes dinámicas oceanográficas que el ecosistema atraviesa en todas estas jurisdicciones. Una afección a todo esto produciría la destrucción de recursos ambientales del Mar Argentino y de las Islas Malvinas.

Creemos desde el CECIM La Plata que el expediente va a continuar con el cumplimiento que en realidad se le dio este requerimiento y el tribunal ordenó un análisis en forma de acción colectiva para tomar medidas preventivas.

Fueron resueltas y se tomó esa cautelar de la misma manera que en su momento el CECIM La Plata, apoyado por la CTA y por ATE, presentamos esa cautelar ante los tribunales platenses para frenar la Ley de Tierras que querían derogar (26.737). Es una resolución que marca un punto importante en el camino que recién comienza la Justicia Federal Argentina para mirar hacia el Atlántico Sur

Desde el CECIM La Plata, ATE, CTA y los ambientalistas estamos no sólo preocupados, sino ocupados en defender la soberanía nacional sobre Malvinas. Y esto se defiende haciendo efectivo y el cumplimiento de las leyes, este porque pretenden usurpar y seguir deteriorando nuestros nuestro medio ambiente y así también apoderándose de los de los recursos naturales.

Nosotros desde hace décadas sostenemos que Malvinas debe ser pensada desde todas sus dimensiones: territorio, memoria, derechos humanos, ambiente, recursos naturales y futuro.

La ocupación colonial produce consecuencias materiales cuando permite avanzar unilateralmente sobre bienes que que pertenecen al pueblo argentino. Cada pozo proyectado en nuestra plataforma continental interpela al mismo tiempo el derecho ambiental y al principio de soberanía permanente.

Estamos contentos y orgullosos de que hayamos podido aportar un granito de arena a que la jueza Mariel Borruto lo tome en consideración y a su vez haga cumplir las leyes vigentes en Argentina para poder defender un hecho soberano como como es el territorio nacional y sus recursos naturales.