viernes 18 de septiembre de 2026 - Edición Nº715

Pronunciamientos | 18 sep 2026

Repudio a la denuncia del gobierno de Entre Ríos contra dirigentes populares

12:47 |La CTA Autónoma bonaerense se solidariza y respalda a compañeros de la CTA Autónoma y ATE Entre Ríos.


A través de la Dirección General de Recursos Humanos, el Ejecutivo provincial radicó formalmente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Paraná contra integrantes de la ATE Entre Ríos Oscar Muntes (secretario General), Mariana Luján (secretaria Administrativa) y el secretario de Organización de ATE NAcional Eduardo Quinteros. 

La acción se ejecutó luego de una contundente movilización a la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, en reclamo de la reapertura de paritarias y la regularización de la carrera administrativa, instancias que bajo ninguna circunstancia pueden ser catalogadas como actos de violencia o intimidación.

“Tras la jornada de protesta, la funcionaria Magalí Kapp, integrante de la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia de Entre Ríos, presentó una denuncia judicial contra el secretario de organización de ATE Nacional, Gustavo Quinteros; el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; y la secretaria administrativa de la ATE entrerriana, Mariana Luján”.
“La jornada fue una manifestación gremial en demanda de respuestas que el Gobierno debe dar, precisamente, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo. Se reclamó por trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de Paritarias. Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando”, indicó la entidad gremial

Desde ATE Entre Ríos advirtieron también un dato clave: la funcionaria que radicó la denuncia ni siquiera se encontraba en su lugar de trabajo al momento de realizarse la manifestación.

Desde la CTA Atuónoma bonaerense expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución y judicialización del gobernador Rogelio Frigerio contra los representantes de los trabajadores estatales de la provincia. La protesta y la libertad de expresión son derechos amparados por la Constitución Nacional, y no puede judicializarse su ejercicio. 

Basta de perseguir a los luchadores populares.

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