Las organizaciones comunitarias, instituciones y efectores territoriales manifestamos nuestra profunda preocupación ante la puesta en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional concretada el pasado sábado 5 de septiembre. La prioridad que pone al castigo y al encierro por encima de la gestión comunitaria, conciliatoria y restaurativa de los conflictos coloca a niños, niñas y adolescentes (NNyA) en una situación de extrema vulnerabilidad, implica un grave retroceso en los estándares internacionales de Derechos Humanos.

La norma propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Nación, trata a NNyA desde una lógica punitiva propia del sistema adulto, desconociendo su etapa de desarrollo evolutivo específico y las causas profundas que originan los conflictos sociales. En ese marco, la privación de la libertad y la judicialización de los conflictos reemplazan el derecho a la educación, la salud e integración social para pibas y pibes en todo el país.

Frente a la protección integral que exige que el Estado, la familia y la comunidad garanticen y promuevan conjuntamente los derechos de niñeces y adolescencias,  la respuesta penal rompe esta alianza: el Estado reduce su rol garante y protector para asumir una posición meramente criminalizadora de las infancias, destruyendo el tejido comunitario de contención.

Ante ese escenario, el pasado 8 de julio en la CPM, un amplio abanico de organizaciones entre las que se encuentran la CTA Autónoma, el Foro por los Derechos de la Niñez, la CPM, la APDH, el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh), entre otras, acompañaron la presentación judicial de un grupo de defensorías públicas en la búsqueda de que se declare la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que entre otros aspectos habilita la prisión para jóvenes desde los 14 años de edad. Los mencionados espacios que también pidieron a la Organización de las Naciones Unidas a que se exprese sobre el tema, llaman a continuar con la acción hasta derrotar el consenso punitivo y estigmatizante contra NNyA. Recientemente, el Juez Federal Santiago Carrillo declaró incompetencia y derivó el pedido de nulidad a la Justicia Penal, empeorando el cuadro.  

Las modificaciones implementadas en el Nuevo Régimen Penal Juvenil representan un panorama regresivo que empeora la situación jurídica de los menores de 16 años, ya que la reforma no solo baja la edad de punibilidad (permitiendo condenas de hasta 15 años de prisión), sino que extiende la sanción penal a la totalidad de los delitos del Código Penal. Esto incluye infracciones menores (daños, lesiones leves, desobediencia) que antes no eran punibles para priorizar un abordaje formativo y no penal.

La ley no constituye un verdadero sistema especializado para jóvenes, ya que equipara las penas a las de los adultos (salvo el tope de 15 años). Esto contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y diversas recomendaciones de organismos e instancias judiciales internacionales, lo que podría acarrear sanciones internacionales para el país.

Cabe recordar y subrayar que la incidencia de los menores en la criminalidad global es mínima (alrededor del 2% en la provincia de Buenos Aires) y no existe evidencia estadística que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca la delincuencia o mejore la seguridad. La judicialización temprana genera más exclusión y marginalidad, ya que además que el sistema penal actúa de forma selectiva hacia los sectores de menores recursos.

La Responsabilidad Ineludible del Poder Judicial

En relación al sistema judicial, entendemos que los juzgados, fiscalías y defensorías no deben actuar como meros ejecutores de la coerción estatal, sino como un verdadero  servicio de justicia a favor de las niñeces. Los efectores judiciales son quienes definen en la práctica el nivel de violencia e intervención penal: son quienes deciden qué pibe entra o sale del sistema.

Convocamos a los operadores judiciales a no ser cómplices de esta avanzada punitiva violatoria de Derechos Humanos y ejercer activamente el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, haciendo primar la Convención sobre los Derechos del Niño por encima de cualquier reforma regresiva. Tienen en sus manos la herramienta legal para dar el tono a sus decisiones aplicando el principio de oportunidad  y la remisión del conflicto a la comunidad, derivando la resolución hacia el ámbito pedagógico y restaurativo adecuado a su edad. 

El Impacto en el Ámbito Escolar

La lógica penal amenaza con ingresar a las aulas, transformando los desacuerdos y faltas disciplinares en potenciales conductas punibles en lugar de abordarlos como oportunidades pedagógicas. El temor al castigo o la presencia de lógicas policiales en la escuelas podría incrementar el ausentismo y la deserción escolar de NNyA con mayores niveles de vulnerabilidad.

Llamado a la Acción para las Organizaciones Comunitarias

Frente a este escenario, las organizaciones de la sociedad civil y dispositivos territoriales nos vemos interpeladas a reforzar  las perspectivas de cuidados y rol activo para prevenir y mitigar los daños del sistema punitivo:

1. Fortalecer las Redes de Cuidado Territorial: Crear tramas comunitarias de contención afectiva, educativa y recreativa que funcionen como escudo protector frente a la intervención judicial directa.

2. Impulsar la Mediación y Prácticas Restaurativas: Sostener y multiplicar espacios donde los conflictos se resuelvan mediante la palabra, el diálogo entre pares y la reparación del daño, sin recurrir a la denuncia penal.

3. Exigir Garantías y Ejercer Veeduría: Exigir el cumplimiento irrestricto de las garantías procesales de los pibes y pibas y monitorear la actuación de las fuerzas de seguridad en los barrios.

4. Resguardar la Escuela como Espacio Cuidado: Acompañar a los equipos docentes para evitar el avance punitivo en las comunidades educativas  y sostener el principio de la escuela como territorio de paz, libre de violencias.

La respuesta a los problemas de niños, niñas y adolescencias nunca será penal, nunca será  el encierro. Exigimos más políticas sociales de promoción y protección integral,  un servicio de justicia garante de derechos y de políticas públicas basadas en el cuidado, la educación y la justicia restaurativa.

Nuestros pibes no son peligrosos, nuestros pibes están en peligro.