Desde el Foro por la Niñez y las organizaciones, colectivos y ciudadanas/os comprometidos con los Derechos Humanos, manifestamos nuestra más profunda preocupación y repudio absoluto ante las sistemáticas agresiones, discursos de odio y amenazas recibidas por Ian Moche y su familia.
Como sociedad, tenemos la responsabilidad ética y social de proteger a la infancia, de manera prioritaria a aquellas niñeces que se encuentran en mayores niveles de vulnerabilidad, como las niñeces con discapacidad. Es obligación ineludible del Estado garantizar su protección integral a través de políticas públicas efectivas, en estricto cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales de Derechos Humanos y de derechos de la niñez en particular, con jerarquía constitucional.
Cuidar a la infancia implica también cuidar a quienes cuidan. Acompañar a las madres, familias y redes de sostén en su labor diaria es indispensable, más aún en un contexto económico y social hostil marcado por la violencia.
Es completamente inadmisible que las máximas autoridades del Estado —incluyendo al Presidente de la Nación y a legisladores nacionales— dediquen su rol institucional a agredir públicamente a un niño con discapacidad y a su madre. Al hacerlo, habilitan e incitan una peligrosa cascada de violencia y amenazas virtuales y territoriales, de la cual son directa y políticamente responsables.
Hacemos responsable al Gobierno Nacional por la angustia, el hostigamiento y el riesgo que atraviesan Ian y su familia. Asimismo, señalamos la responsabilidad del Poder Judicial, que debe actuar ante las denuncias efectuadas y con celeridad para frenar esta escalada de violencia, investigar los hechos y sancionar a los culpables antes de que lamentemos consecuencias irreversibles.
Lo urgente frente al desmantelamiento de derechos
Entendemos que este tipo de ataques orquestados no son aislados: buscan desviar la atención del acelerado desmantelamiento de las políticas públicas de niñez, protección social y de las áreas de discapacidad. Mientras se recortan recursos esenciales para la vida digna de miles de familias, observamos con indignación cómo esos fondos se reorientan hacia el beneficio de funcionarios y un modelo de negocios que solo responde a los intereses de un puñado de privilegiados.
Frente a la crueldad como línea de gobierno, apelamos a la reserva ética y solidaria de la sociedad para volver a priorizar lo urgente. Reafirmamos que un país que no cuida a sus niñez es un país sin futuro.
Exigimos:
*Cese inmediato de los ataques y discursos de odio por parte de funcionarios y legisladores.
* Garantías de seguridad y protección integral para Ian Moche y su familia.
* Intervención urgente del Poder Judicial para frenar el hostigamiento y determinar responsabilidades.
* Restitución y financiamiento de las políticas públicas de discapacidad y protección de la infancia.
En la Argentina que soñamos los únicos privilegiados deben ser los niños y las niñas.