Las y los manifestantes nos movilizamos masivamente en contra de la modificación de la Ley de Tierras, en una jornada histórica en defensa de nuestra soberanía territorial y de los bienes comunes de todo el pueblo argentino, y aunque la norma fue aprobada, no pudieron mantener la venta de tierras a extranjeros ni modificar la ley de fuego. La respuesta del Poder Ejecutivo fue el despliegue de una represión, atentando de manera directa contra el derecho constitucional a la protesta.

El uso desmedido de la fuerza pública buscó sembrar el temor y silenciar los reclamos populares, dejando un saldo confirmando de más de 1.500 personas heridas —según relevamientos de la Comisión por la Memoria (CPM)—, entre las cuales se encuentran dos personas con lesiones de gravedad en sus párpados y una persona derivada al Hospital Argerich por un traumatismo de cráneo. Asimismo, datos chequeados por la Red Federal de DDHH y el Ministerio Público de la Defensa de CABA confirman un total de 28 detenciones arbitrarias (7 efectuadas por la Policía de la Ciudad y 21 por fuerzas federales).

Reiteramos que manifestarse no es un delito, sino un pilar fundamental de la democracia que el Estado debe garantizar. Por todo esto, exigimos el cese inmediato de las acciones represivas y de la persecución a quienes protestan, la inmediata liberación de todas las personas detenidas, la delimitación de las responsabilidades políticas y operativas de los mandos a cargo del operativo, y el freno definitivo a cualquier iniciativa legislativa que vulnere la Ley de Tierras y entregue la soberanía de nuestro territorio. La movilización representa una victoria para el pueblo. Llamamos a las organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y a toda la comunidad a mantenernos en estado de alerta y movilización en defensa de nuestros derechos y del territorio nacional.

Rosario Hasperué                                              Oscar De Isasi

    Secretaria de DD.HH                                          Secretario General