El planteo de inconstitucionalidad contra la Ley del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei, fue presentado formalmente ante la Justicia Federal por un colectivo de Defensores Públicos Oficiales, el Foro por la Niñez, la CPM, el Observatorio Internacional de Prisiones, la CTA Autónoma y organismos de derechos humanos. 

Según expusieron, la norma que se pretende aplicar:

1. Viola el Principio de No Regresividad 

Al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, los defensores consideran que la ley incurre en una regresividad tutelar flagrante, quitando garantías legales básicas a una franja de la población vulnerable.

2. Se contradice con Estándares Internacionales 

Comité de los Derechos del Niño: Organismos de la ONU desaconsejan fuertemente la baja de punibilidad y exigen elevar la edad de imputabilidad en lugar de reducirla.

Desarrollo madurativo: Desde la perspectiva científica y biológica, la presentación judicial incorpora argumentos de la neurociencia que indican que a los 14 años los adolescentes no poseen una capacidad madurativa completamente desarrollada para responder penalmente de la misma forma que un adulto.

3. "Demagogia Punitiva" y Multiplicación de Causas

La ley responde a un "facilismo pragmático" o "demagogia punitiva". Se argumenta en base a una falsa sensación de urgencia, ya que, según estadísticas oficiales del propio poder judicial, la delincuencia juvenil bajó notablemente en los últimos diez años y los delitos graves cometidos por menores representan una tasa marginal de la criminalidad total.

Además, advierten que la ley amplía el abanico de delitos menores punibles, lo que provocará una sobrecarga judicial y un ingreso masivo de adolescentes al circuito penal por faltas de nulo impacto social.

4. Priorización del Encierro por sobre la Justicia Restaurativa

Los defensores sostienen que, al analizar la "letra chica", la norma prioriza la aplicación de la prisión efectiva para los jóvenes en lugar de agotar las medidas e instituciones alternativas de contención y acompañamiento social. Advierten que el encarcelamiento temprano solo reproduce dinámicas de violencia y aumenta las tasas de reincidencia en vez de solucionar la inseguridad.

En las últimas horas, adhirieron las y los siguientes Defensores en distritos bonaerenses:

La Defensora General de Zárate Campana, Karina Paola Dib. 

La Defensora General de Mar del Plata, Cecilia Margarita Boeri.

El Defensor General de Mercedes, Mariano Luis Bertelotti.

La Defensora General de Avellaneda y Lanús, Gilda Isabel Maltas.

El Defensor General de Trenque Lauquen, Leandro Hipólito Cortellezzi.

El Defensor General de San Martín, Andrés Harfuch.

La Defensora General de Bahía Blanca, Fabiana Paola Vannini.

El Defensor Departamental de Pergamino, Pablo Hernán Santamarina.

El Defensor General de Junín, Orlando Luis Mecozzi.

El Defensor de Pobres y Ausentes de Necochea, Cristian Marcelo Ruiz.

La Defensora General de Quilmes, María Noemí Pérez.

El Defensor Departamental de Azul, Diego Lucas Fernández.

El Defensor de Pobres y Ausentes de Dolores, Martín Miguel Molina.