Hay una palabra en el artículo que Javier Milei publicó en el Financial Times que conviene retener. Al presentar su nueva figura de empresa operada por inteligencia artificial, el Presidente aclara que los accionistas humanos podrán participar, pero que no son imprescindibles. Prescindibles. Esa es, en una sola palabra, la idea que ordena todo el proyecto. Hay alguien que sobra. Y ese alguien, mirado de cerca, somos los que trabajamos, y es también el país.

La columna acompaña un proyecto de ley que ya entró al Congreso y que reforma la Ley General de Sociedades. Crea la sociedad automatizada: una empresa que cumple su objeto mediante sistemas algorítmicos, que según el propio texto no requiere trabajadores, que queda fuera del control habitual del Estado sobre su estructura y que puede pactar que sus conflictos se resuelvan bajo ley extranjera. Llega en la misma semana en que se reglamenta la reforma laboral. No es casualidad. Son dos movimientos de una misma ofensiva.

El espejismo de 1602

Milei abre su argumento con una fecha: el 20 de marzo de 1602, la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Allí, dice, nació la sociedad de responsabilidad limitada, y con ella se liberó el potencial del capitalismo. La revolución industrial, sostiene, la completó el derecho societario holandés tanto como la máquina de vapor.

Conviene recordar qué era esa compañía. La VOC tenía ejército propio, acuñaba moneda, firmaba tratados y hacía la guerra por su cuenta. En 1621 arrasó las islas Banda y exterminó o esclavizó a casi toda su población para quedarse con el monopolio de la nuez moscada. Esa fue la cuna de la prosperidad que el Presidente celebra. La responsabilidad limitada que tanto admira fue, antes que otra cosa, el instrumento legal que le permitió al capital europeo extraer riqueza de la periferia arriesgando lo menos posible.

Milei quiere que Buenos Aires sea para la inteligencia artificial lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación. El problema es que, en ese mismo relato, la Argentina no está en el lugar de Ámsterdam. Está en el de las colonias. Ámsterdam ponía el derecho y se quedaba con la renta. La periferia ponía los cuerpos, los recursos y el riesgo. Un país dependiente que se ofrece como sede legal y fiscal del capital ajeno no se convierte en metrópoli. Sigue siendo periferia, ahora también en el terreno de los datos.

Una ofensiva, dos frentes

La ofensiva avanza por dos frentes que parecen distintos y son lo mismo. 

El primero es sobre el trabajador que existe hoy. La reglamentación de la reforma laboral, los decretos que en mayo modificaron la Ley de Contrato de Trabajo, abarata el despido, debilita la negociación colectiva y corre la protección un poco más lejos del alcance de la gente. Al trabajador de carne y hueso se le sacan derechos.

El segundo es sobre el trabajador que, en el proyecto, ni siquiera está. La sociedad automatizada imagina una empresa sin nadie a quien reconocerle un derecho, porque no hay nadie adentro. No es ciencia ficción ni un futuro lejano: es la confesión de hacia dónde se quiere ir. El capital sueña en voz alta con una relación de trabajo sin trabajador.

Los dos frentes atacan el mismo punto. Todo el derecho laboral que el movimiento obrero construyó durante un siglo y medio descansa sobre una relación: hay alguien que dirige y alguien que es dirigido, y de ahí nacen obligaciones que se pueden exigir. Sacarle derechos al que trabaja y fantasear con que el que trabaja desaparezca son dos intensidades de un mismo movimiento: liberar al capital de cualquier deuda con quien produce. Por eso, cuando una de estas empresas niegue una cobertura o tome una decisión que deje a una familia sin ingreso, la pregunta de a quién se le reclama se topa con un algoritmo y con un tribunal en otro país.

El verso de la regulación prematura

El primer pilar del proyecto es mantener a la inteligencia artificial, en palabras de Milei, libre de "la mano letal de una regulación prematura". El argumento es viejo y se escucha cada vez que alguien quiere hacer negocios sin reglas: regular ahuyenta la inversión, frena la innovación, llega siempre demasiado pronto.

La respuesta no hay que buscarla en Europa. Está acá, en la Provincia. A fines de 2025 la Subsecretaría de Gobierno Digital aprobó las reglas para el uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública bonaerense, la Resolución 9/2025. Ese marco parte de una premisa que es la contraria a la de Milei: la inteligencia artificial no es neutral y produce efectos reales sobre los derechos de la gente. Por eso exige supervisión humana, auditoría de los algoritmos, clasificación de los sistemas según su riesgo y un registro provincial donde cada organismo declara qué inteligencia artificial usa.

Eso ya existe. Está firmado, publicado y en funcionamiento. Y demuestra que se puede incorporar inteligencia artificial sin renunciar al control público ni a los derechos. Regular la inteligencia artificial es decidir que el futuro tenga reglas, y que esas reglas las ponga una autoridad democrática y no el dueño de la tecnología.

Soberanía: el extractivismo de datos

Hay algo más grave todavía, y aparece en el tercer pilar: el régimen impositivo a medida y la opción de regirse por ley extranjera. Sumado a la empresa sin trabajadores, el dibujo se completa. Lo que se ofrece al mundo es el territorio: la sede legal, los impuestos bajos, los datos de los argentinos, el laboratorio. Lo que se llevan es el control y la renta.

Toda una corriente de pensamiento sobre soberanía tecnológica lo viene advirtiendo con precisión. Un Estado que opera sobre infraestructura que no controla, con datos que no custodia y sobre plataformas cuyos algoritmos no audita es un Estado que cedió soberanía sin que se note. La misma lógica que vuelve prescindible al trabajador vuelve prescindible al país.

Eso es el extractivismo de datos. Durante dos siglos exportamos minerales, granos y petróleo a cambio de manufacturas y deuda. Ahora se agrega un recurso nuevo: la actividad digital de la gente, procesada afuera y devuelta como servicio que nos vuelve todavía más dependientes. Hace tiempo que el pensamiento nacional y popular viene diciendo lo mismo: la soberanía, en la era digital, es recuperar el control de la infraestructura, los datos y los algoritmos, hoy en manos de un puñado de corporaciones transnacionales. El proyecto de Milei va en la dirección exactamente opuesta. Entrega las tres cosas a quien traiga capital.

No es un temor abstracto. Peter Thiel, fundador de Palantir, estuvo en la Casa Rosada hace pocas semanas. Y el artículo no se publicó en cualquier lado: salió en el diario de los grandes fondos de inversión del mundo. Es lobby internacional, dirigido a un público muy concreto.

¿La productividad de quién?

Milei promete que la inteligencia artificial nos va a liberar de los límites del cerebro humano como la máquina nos liberó de los del músculo, y que la productividad va a crecer más allá de lo imaginable. Cita la fábrica de alfileres de Adam Smith. Se olvida de un detalle de esa fábrica: tenía obreros. Y la pregunta que la economía arrastra desde Smith, la que el Presidente nunca formula, es esta: si la productividad se multiplica, ¿quién se queda con lo que se produce de más?

En su modelo la respuesta está escrita de antemano. La ganancia la captura una empresa sin trabajadores, con impuestos bajos y sin nadie que responda. Al que vive de su trabajo no le llega ni como salario ni como tiempo libre. Para él, la liberación del cerebro humano se traduce en una sola cosa: quedar afuera, sin ingreso y sin red que sostenga la caída.

Hay otra manera de pensarlo, la perspectiva de quienes miramos la tecnología desde el trabajo, que venimos sosteniendo que la infraestructura tecnológica la sostenemos y la construímos trabajadores, y de nosotros depende que esa modernización amplíe derechos o sirva de excusa para el ajuste.

Por eso proponemos que la ganancia extraordinaria de la automatización se grave y financie un fondo de transición para quien pierde el empleo. Que la jornada se reduzca sin tocar el salario, para repartir entre todos lo que la tecnología produce de más. Que el algoritmo que organiza el trabajo se pueda auditar y apelar. La misma inteligencia artificial puede aliviar el trabajo o servir para intensificarlo y vigilarlo. Lo que define hacia dónde va no es la máquina. Es la correlación de fuerzas.

Dos libertades

Milei habla de liberarse. La libertad que ofrece es la del capital sin ataduras. Una empresa libre de trabajadores, libre de impuestos, libre del control público, libre incluso de seres humanos que respondan por lo que hace. Es la vieja libertad de unos pocos para disponer del trabajo y de los recursos de todos los demás, ahora con nombre de vanguardia.

Nosotros venimos hablando de otra libertad desde hace mucho. La de un pueblo que recupera la decisión sobre qué se produce, para quién y en qué condiciones. La que entiende la tecnología como herramienta de un proyecto nacional y no como mercadería que se le entrega al mejor postor de afuera. Esa libertad no necesita prescindir de nadie. Pone al trabajo y a la gente en el centro.

Ya escuchamos antes que no había alternativa, que el Estado era el estorbo, que organizarse no servía para nada. Fue en los noventa, y lo pagamos con remates de empresas públicas, desocupación y una década larga de bronca. De esa crisis nació la CTA, justamente, para organizar a la clase trabajadora que el modelo había dado por perdida. Por eso conocemos el final del cuento que nos quieren vender de nuevo. La inteligencia artificial puede ponerse al servicio del pueblo o al servicio del capital que viene a hacer negocios sin dejar nada. Frente a un proyecto que nos trata como prescindibles, la respuesta es vieja y entera: no sobra nadie. Esa pelea no la define un algoritmo. La definimos nosotros.