El pasado 21 de abril se conoció la decisión del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, de dictar una medida cautelar ordenando al Ministerio de Capital Humano mantener el programa “Volver al Trabajo”, cuyo cierre había sido anunciado por el gobierno. De este modo, las cerca de 900 mil familias que se vieron afectadas por el cierre del programa ordenado por la ministra Sandra Petovello deberían volver a percibir el ingreso de $78.000 mensuales a partir de estos días.

Frente a las afirmaciones de funcionarios del gobierno que amenazan con desconocer el fallo judicial, la Federación Nacional Territorial de la CTA realizó este jueves 7, movilizaciones y asambleas en todo el país, en el marco de las acciones acordadas con un amplio conjunto de organizaciones populares en defensa del programa, reclamando el pago inmediato y exigiendo la actualización del monto que lleva un mes congelado.

En Buenos Aires, pasadas las 10 de la mañana, las organizaciones sociales se concentraron masivamente en Plaza Alsina, centro de Avellaneda, para luego marchar al mítico Puente Pueyrredón que une el conurbano sur con la Capital. Allí, FeNaT con sus seccionales de Quilmes, Berazategui, San Francisco Solano, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús, entre otras, marchó encolumnado con Territorios en Lucha.

En el acceso al Puente, con un descomunal operativo policial que hostigó permanentemente a la movilización, referentes de los distintos bloques de organizaciones brindaron una conferencia de prensa para dar detalles de la medida y el impacto en todo el país, así como para ratificar la continuidad de las medidas frente a la resistencia del gobierno a atender las demandas populares de un fuerte aumento de la inversión social para paliar la crisis y, en particular, de una actualización del monto de Volver al Trabajo.

Finalmente, las organizaciones realizaron una multitudinaria asamblea donde distintos referentes de los bloques de organizaciones pusieron en común las distintas realidades de los territorios afectados fuertemente por la depresión económica, la caída de la demanda de empleo, el aumento de la precarización laboral y el impacto de la inflación en el consumo popular. Al cierre de la asamblea, acordaron la continuidad del estado de alerta y la realización de nuevas acciones nacionales que se comunicarán a la brevedad.