En un nuevo ataque a las personas con discapacidad, sus familiares y trabajadoras y trabajadores del sector, la gestión de Milei plantea una norma absolutamente regresiva en materia de derechos. Cabe señalar que el Gobierno sigue sin cumplir la ley aprobada 5 veces en la legislatura.

“Repudiamos la actitud del gobierno nacional que con el Proyecto 109 vuelve a intentar dañar a las personas con discapacidad por considerar un fraude las pensiones no contributivas, y bajo esa excusa volver a auditar con el único fin de dar de bajas las pensiones”, denunció Nancy Alarcón, secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma bonaerense.

“Es una falta de respeto al colectivo que con mucha organización viene dándole batalla a los embates despiadados por parte del gobierno. Pero no claudicaremos y seguiremos resistiendo”, concluyó.

Puntos clave del Proyecto 109

Cambio de paradigma: El proyecto propone volver al concepto de "invalidez laboral" como criterio central para acceder a beneficios, alejándose del enfoque de derechos basado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Modificación de Pensiones: Busca establecer nuevos requisitos para las pensiones no contributivas, limitándolas a personas mayores de 70 años sin recursos o a aquellas imposibilitadas para trabajar.

Desregulación de aranceles: Organizaciones denuncian que el proyecto podría permitir que las obras sociales paguen aranceles diferenciados, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos y prestaciones básicas.

Controles y "Fraude": La iniciativa refuerza mecanismos de control bajo la presunción de irregularidades en el otorgamiento de pensiones anteriores, lo que es criticado como una forma de estigmatización y ajuste presupuestario.