Repudio a la censura en organismos del Estado
La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA bonaerense hizo público un comunicado donde denuncia el avance del gobierno nacional sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y una desatada persecución ideológica.
Censura, manipulación de la historia y policía del pensamiento en la gestión Bullrich- Milei
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, repudiamos los hechos de censura y desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del gobierno de Javier Milei. También denunciamos el avance de una política represiva y violatoria de derechos llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich.
En un nuevo capítulo de censura de esta administración nacional, se conoció la existencia de “listas negras” en la Secretaría de Cultura de la Nación, que prohíben en la programación oficial contenidos vinculados a temáticas sobre LGBT, feminismos, críticas a la dictadura, defensas al gobierno anterior, y aquellas películas que incluyan a “Lali” Espósito, según se denunció públicamente.
A estas políticas, se le suman la restricción en otros organismos, como es el caso del INTA, para el uso de palabras como “agroecología”; “cambio climático”; «biodiversidad»; «género»; «sustentabilidad»; “huella de carbono” y “prohuerta”, entre otras, y la reciente inhabilitación de un sitio oficial con documentos sobre la agenda científica dictatorial, las áreas desmanteladas y cesantías de trabajadores desaparecidos.
Desde Jefatura de Gabinete las palabras prohibidas en las comunicaciones son: “soberanía”, “festival” o “referente”, esta última porque denota territorio y militancia. Desde Cancillería, se impulsa la eliminación de palabras en documentos multilaterales como “perspectiva de género”, “paridad de género”, “violencia sexual”, “Mujeres trans”, entre otras.
Estas prohibiciones, están en línea con declaraciones y prácticas de gobierno, que niegan los crímenes de Estado perpetrados en nuestro país durante la última dictadura, adoptando posturas reivindicatorias del genocidio. Además, continúa avanzando en el cercenamiento a los Derechos Humanos, y pretende acallar la protesta social, como quedó demostrado el último 12 de junio, con la represión y la detención ilegal de manifestantes por oponerse a la aprobación de la Ley Bases.
Ocurre porque en el plan de gobierno, el saqueo económico de nuestro territorio, necesita de una estrategia de instalación de su ideología que le garantice no sólo la concreción de las políticas de ajuste, sino la legitimidad para perpetuarse en el tiempo. Por este motivo se avanza sobre temas, palabras y personas que incomodan en la instalación de su ideal de país, que construyen desde una perspectiva eurocéntrica, neocolonial, blanca y patriarcal.
El desmantelamiento del “Salón de las Mujeres Argentinas”, que se realizó el 8 de marzo en la Casa Rosada, al que se le cambió el nombre por “Salón de los Próceres”; el cambio del “Salón de Pueblos Originarios” por el de “Héroes de Malvinas”; la orden de la Dirección de Parques Nacionales (APN) de eliminar celebraciones como el Año Nuevo Mapuche y el Inti Raymi, entre otras acciones, son parte de esta estrategia que incluye la destrucción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que este pueblo conquistó con sus luchas a lo largo de 40 años de democracia ininterrumpida.
Desmantelan archivos públicos, como el contenido en la agencia Télam, las plataformas de Canal Encuentro, la TV Pública, Radio Nacional; avanzan contra sitios de memoria, intervienen a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, desfinancian los equipos de investigación sobre apropiación ilegal de bebés, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, y como para no dejar dudas, legisladores libertarios visitan a genocidas de la talla de Alfredo Astiz.
El gobierno está librando una batalla cultural, manipulando la historia de acuerdo a sus intereses, al mejor estilo de la novela distópica “1984”, escrita por George Orwell en 1948. En la misma novela se describe un Estado represor en el que opera una policía del pensamiento, algo llamativamente similar a lo que pretende instalar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con la recientemente creada Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad (UIAAS), que entre sus atribuciones podrá patrullar “redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet”.
Esto significa concretamente la instalación de un “ciberpatrullaje”, con los peligros de lo que esta política implica en el avasallamiento de los derechos a la libertad de expresión, de opinión y de manifestación de la ciudadanía. Vienen por todo lo conquistado, lo dicen una y otra vez. Estas prácticas, propias de una dictadura, avanzan no sólo contra los derechos civiles, sino también, sobre la soberanía y libertad de nuestro pueblo.
El silencio NO es salud
Denunciar, comunicar, alzar la voz, compartir la información, no callar, resistir desde el testimonio y la acción, sin dejar pasar estos atropellos cotidianos, son nuestras herramientas para luchar contra los que pretenden terminar con las conquistas que tantas luchas nos llevó como pueblo.
Aunque venga disfrazada de democracia, Nunca Más una dictadura en nuestro país.
