Lesa Humanidad: Se realizó en La Plata la 6ta audiencia en el juicio por los crímenes de 1 y 60 y la Comisaría 8va
El proceso judicial, del que la CTAA es querellante, juzga a 16 ex militares y policías, y a dos civiles, por los delitos cometidos contra 291 personas en esos dos centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron durante la última dictadura.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lleva adelante el juicio que comenzó el pasado 18 de mayo, luego de largas dilaciones y un proceso de instrucción que llevó 20 años. Abarca dos causas que se investigaron en instrucción por separado y se unificaron. “1 y 60” se denominó al Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en la Dirección de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Policía Bonaerense, y “Comisaría 8va”, que estaba ubicada en las calles 7 y 74. Los dos lugares funcionaron en dependencias policiales dentro del circuito represivo del Área 113, y estaban bajo las órdenes del Regimiento de Infantería 7, con la intervención del Destacamento de Inteligencia 101.
La CTA Autónoma es querellante en esta causa, al igual que lo fue en otros juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como los son Von Wernich; Circuito Camps; Fuerza de Tareas 5; Unidad 9; La Cacha; Comisaría quinta. En estos procesos quedó demostrado que el plan sistemático de exterminio tuvo como uno de su objetivos prioritarios romper con la organización obrera para lograr imponer el modelo económico y social neoliberal, es por ello que el 70 por ciento de las personas secuestradas y desaparecidas pertenecían a la clase trabajadora.
“Es un juicio de la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Hay muchos casos de desaparecidos, trabajadores estatales como YPF y Astilleros Río Santiago, del sector privado como ACINDAR, o el frigorífico Swift. Nuestra Central viene siendo parte de las querellas desde hace años, en este caso compartimos la querella con la APDH y la UNLP, con las abogadas Guadalupe Godoy y Josefina Rodrigo” informó Emiliano Hueravilo, el secretario General de la CTAA La Plata.
“Como en todos los juicios que se han dado, para nosotros es muy importante, como Central, como representante de trabajadores, pero además el hecho de la memoria, de contar lo que sucedió en la región con los trabajadores que desaparecieron. La masividad es importante en las audiencias. Este va a ser un juicio largo y vamos a estar acompañando a los familiares y siendo solidarios, que me parece que es algo muy importante. El acompañamiento que hicimos como Central contó con la presencia del secretario Gremial Carlos Díaz, Griselda Cavalieri de ATE; Sofia Arroyo, integrante de la conducción de la CTAA La Plata, Emanuel de Matías de la Agrupación de los Hornos” explicó Hueravilo.
La causa “1 y 60” aborda los crímenes cometidos contra 193 personas desde un día antes del golpe del 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de ese año. Hay 10 imputados que son los ex miembros de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 7 Alberto Jorge Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro y Enrique Francisco Welsh, los ex oficiales de la Policía Bonaerense Tomás D´Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Juan Antonio Vidal y Claudio Rubén Mejías, el ex integrante de la delegación La Plata de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón y el civil Carlos “El indio” Castillo, quien fue miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
El proceso sobre la “Comisaría 8va” tiene 11 imputados (tres de ellos también lo están en “1 y 60”) por secuestros, tormentos y homicidios que tuvieron como víctimas a 106 personas. Se trata de ex miembros de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 7 Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez, Enrique Armando Cicciari, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh y Alberto Jorge Crinigan, los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale y el civil Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de facto de la provincia.
La sexta audiencia tuvo los importantes testimonios de Luis Farina y Alejandro Cieza. “Farina contó cómo en el allanamiento y detención ilegal que sufre, ve al Indio Castillo, que comandaba el operativo. Y relata cómo lo ve, también relata que hay una persona a la que el Indio Castillo le tira dos balazos en la pierna. Farina cuenta que después fue trasladado a la Unidad 9, y allí también estaba detenido Castillo y su grupo operativo de la CNU. Que a ellos los encontraban en el patio del penal, pero que se manejaban con absoluta libertad, dentro del confinamiento. Tenían un trato de privilegio” afirmó Sofía Arroyo, integrante de la conducción de la CTAA de La Plata, y agregó “En este testimonio queda claro que el Indio Castillo era el que organizaba los operativos de la CNU en la región”.
“El segundo testimonio fue de Alejandro Cieza, que era abogado defensor de trabajadores despedidos durante la dictadura. El comienza a ejercer desde el 76 al 79, y después se tiene que ir al exilio. Hizo un llamamiento al tribunal sobre el beneficio económico que le generó a las empresas la persecución política a los delegados y a los trabajadores activos. Realizó una valoración económica de cuánto dinero se ahorraron las empresas, también contó que debido a esa situación y a las consecuencias posteriores al terrorismo de Estado, la participación activa de los trabajadores dentro de los gremios, disminuyó considerablemente” explicó Arroyo.
Cieza abordó en su relato la complicidad civil con la dictadura “Se lamentó, al igual que nos lamentamos todos los que participamos de los juicios de lesa humanidad, que no estuvieran imputados los civiles que participaron dentro de las empresas, para la represión política dentro de las fábricas” dijo Arroyo. Además se hizo un llamamiento para que los abogados defensores de los represores participaran de las audiencias de manera presencial y de no forma virtual como sucede hasta ahora. El pedido fue tomado por la fiscalía que lo formalizó ante el tribunal.
“Tener una participación importante dentro de los juicos, también es un respaldo a los compañeros que dieron la vida y a aquellas víctimas del terrorismo de Estado, que participaron dentro de los gremios. Nuestra intención es que los gremios se hagan cargo de los trabajadores que dieron su vida y los que fueron sobrevivientes. Es una reparación también para los trabajadores y para las familias, para las víctimas mismas. Memoria, Verdad y Justicia es también una forma de garantizar el Nunca Más” subrayó Arroyo.
Las audiencias se reanudarán el próximo jueves 3 de agosto a las 9.30 horas en los tribunales de calle 8 y 50.
