Protocolo de la ILE: el Estado debe ser garante de derechos conquistados
Desde la Secretaria de Género, Diversidades e Igualdad de Oportunidades de CTA Autónoma de Buenos Aires celebramos la adhesión y puesta en marcha del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en nuestra provincia, que garantiza la atención integral a las personas gestantes con derecho a la interrupción legal del embarazo en situaciones de riesgo.
Entendemos y acompañamos la adhesión a dicho Protocolo como derecho universal a las personas gestantes de poder ejercer el derecho de la I.L.E y al Estado como garante de derechos de la Salud Publica, pero también como otra conquista sobre la soberanía de nuestros cuerpos.
Consideramos que es necesario que el Gobierno Nacional tome la decisión de monitorear la implementación tanto en centros y servicios públicos y privados, optimizar recursos y brindar herramientas para que este protocolo sea accesible para todas las personas gestantes que habiten nuestro territorio. Que la burocracia y las creencias personales no obstaculicen el ejercicio del derecho. Así como también garantizar la formación del personal interviniente.
El protocolo es un derecho garantizado para las niñas menores y para cada mayor gestante en situaciones de riesgo físico y psicológico, en caso de violación o que cumpla con las premisas para acceder a la ILE. Las cifras de embarazos no deseados de niñas y adolescentes ha superado ampliamente el porcentaje del año 2018, por lo que también esta Secretaría acentúa garantizar la Educación Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos, y métodos anticonceptivos de forma gratuita en centros de salud y unidades sanitarias.
Es imposible negar que este derecho debe venir con la decisión política y de Salud Pública de aprobar la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) que en el último tratamiento en el Senado no obtuvo la sanción correspondiente, dejando en situación de vulnerabilidad a las mujeres pobres que mueren en condiciones paupérrimas y en estado de abandono. Esto nos obliga a exigir ni una mujer más muerta en la clandestinidad.
Es obligación del Estado terminar con todos los tipos de violencias hacia las mujeres, pero comprendemos que es también un compromiso de esta central de trabajadoras/es aportar a la creación y concreción políticas públicas, sin abandonar las calles para erradicar este flagelo.
El movimiento de mujeres esta en efervescencia y nuestra Central no es ajena, es por eso que reafirma la lucha y el compromiso en la agenda del Gobierno Nacional sobre políticas de género y ampliación de derechos basada en una construcción colectiva, democrática y feminista.
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