A dos años de la resistencia popular del 18 de diciembre del 2017, saludamos el debate parlamentario del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, pero entendemos que las medidas que se adoptan en cuanto a lo previsional en ese proyecto, tienen más que ver con la reducción del gasto público, que con mejorar la situación de uno de los sectores más castigados en los últimos cuatro años, como es el de los jubilados y pensionados.
Con esta ley, el ajuste lo pagan el conjunto de jubilados y pensionados que ven frustrados sus derechos a una movilidad jubilatoria razonable y proporcional. Los jubilados que ganan un salario por encima de la mínima, producto de haber trabajado toda su vida, será quienes sostengan a los de menores recursos, en vez de quitarle a quienes más se han enriquecido con las políticas de ajuste y saqueo.
Rechazamos la suspensión de la movilidad por 6 meses (artículo 51) que significa que queden en suspenso nuestras expectativas y previsiones hasta que en marzo, el Presidente decida cuál va a ser el ajuste de la movilidad y para quienes. No debe ser una “comisión de notables” (como sancionó la Ley de Reparación Histórica) quien defina los ingresos de los jubilados y pensionados, sino que es en relación proporcional al salario de los trabajadores y trabajadoras en actividad, camino al 82% móvil.
Objetamos la continuidad del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (artículo 53) que permite aumentar hasta el 100% los topes previstos para la inversión del fondo en operaciones de títulos públicos, aún sin garantía hasta el presente, y que se extiende hasta el 2023.
Asimismo entendemos que la exención de los aportes patronales del ámbito privado y las Pequeñas y Medianas Empresas (artículos 23 y 54), no hace otra cosa que contribuir al desfinanciamiento del sistema previsional.
Esta Ley sigue sin proponer una solidaridad de los que más ganan en el sistema económico y financiero de nuestro país, a través de una necesaria reforma tributaria y financiera por medio de impuestos progresivos para financiar el sistema previsional.
Congela además la posibilidad de este sector de acceder a una canasta básica total que le asegure una vida digna, derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la recreación y los servicios esenciales.
Si bien saludamos los dos bonos de 5 mil pesos cada uno, asignados a los haberes mínimos, y los 2 mil para beneficiarios de la AUH, creemos que son insuficientes y que en marzo, cuando cesen esos pagos, la situación de indigencia a la que sumergen los haberes mínimos de nuestros mayores, será más acuciante.
Estos bonos además no son universales, y no remplazan el incremento permanente de haberes que recupere lo perdido y, a partir de ahí, establezca los mecanismos de actualización en línea con la inflación futura.
Firman el comunicado:
Ricardo Peidro, Secretario General
Olivia Ruiz, Secretaria de Previsión Social
Fuente: agenciacta.org
