La CTA-A repudia la virtualización de las inspecciones laborales
Luego del derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza que terminó con la vida de un trabajador y dejó a otros trece con heridas graves, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires impulsan un modo de inspección virtual en donde las empresas ya no se inspeccionan presencialmente y se las intima por notificación a adecuar según criterio del inspector que le toque el expediente.
La paralización de la actividad de la Dirección Provincial de Inspección (DPI), dependiente de la subsecretaría de Trabajo, expone a los trabajadores del sector público y privado a graves riesgos que incluyen la pérdida de la vida.
Villegas suspendió en octubre del año pasado los operativos de inspección en el sector de la construcción, dispositivos que permitían el relevamiento de las condiciones laborales y de seguridad e higiene en las obras más grandes del territorio, con una asignación de recursos e inspectores acorde a las tareas.
En ese sentido CTA Autónoma de Buenos Aires repudia la virtualización de las inspecciones laborales y denuncia a la gobernadora Vidal, al ministro de trabajo, Marcelo Villegas, a sus funcionarios en la Dirección Provincial de Inspección, Guillermo Arancibia, Ignacio Subizar y Jorge Gómez.
Al respecto Carlos Díaz, secretario Gremial de la CTA-A y secretario General Adjunto de ATE bonaerenses, aseguró que «estas medidas potencian las políticas de desguace en las funciones del Ministerio de Trabajo y atacan al sector de inspección laboral y medio ambiente de trabajo, eliminando la función inspectiva en los establecimientos».
Al mismo tiempo Díaz señaló que «estas medidas se suman a una DPI prácticamente paralizada, con inspectores sin programación, falta de vehículos y chóferes para cubrir la provincia, inspectores sin viáticos e inspectores que realizan tareas administrativas, entre otros».
Desde el mes de agosto ATE llevó adelante un plan de lucha para denunciar que los inspectores realizan sus labores sin los elementos de protección personal, con sus vehículos personales, sin herramientas y sin el cobro de los adicionales por función, situación que define el marco de precarización y abandono por parte del Estado. Pero las autoridades hacen caso omiso a las advertencias.
El ministro Villegas es el responsable de la inexistencia de políticas públicas para el control de las relaciones laborales, con eje en la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales, y del trabajo no registrado. Sobre el fin de su mandato deja una Dirección Provincial de Inspección acéfala, dependiente de las partidas presupuestarias y los requerimientos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y paralizada por la falta de planificación.
