La Salud Pública necesita recursos para garantizar derechos
Finalmente, el INDEC dio a conocer el índice de inflación del año 2018. El 47,6 %, un número que había sido adelantado por casi todas las consultoras, es el más alto desde 1991. Los desagregados de esa inflación aplicados al transporte (66,8 %) y a los alimentos (51,2 %) dan cuenta de cómo se ve afectada concretamente la vida cotidiana de asalariadxs, jubiladxs y sectores vulnerables de la población. Asimismo, constituye una cifra récord la caída de la actividad económica, la mayor desde 2002.
Es necesario recordar que las previsiones oficiales para 2018 preveían una inflación del 15 % y que ese fue el techo que se intentó imponer en las negociaciones paritarias. Los sectores que, a fuerza de conflicto y lucha, logramos dejar atrás esa pauta igualmente iniciamos el 2019 con un desmedro en nuestros ingresos y una incertidumbre frente a las complejidades que se avecinan. Así, a poco de iniciar el nuevo año, el aumento considerable en el valor de las tarifas de los servicios públicos y el transporte volvió a asestar otro duro golpe a las economías familiares.
El Presidente Mauricio Macri declaró esta semana, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, que “no hay otro camino”. En este rumbo, las políticas públicas son gastos a recortar, lxs trabajadorxs constituyen costos a rebajar, los derechos conquistados son un territorio sobre el que se debe avanzar. Así lo entienden, desde hace muchos años, los organismos internacionales de crédito y el sistema económico-financiero global. Ha sido la organización de la clase trabajadora, su resistencia y su lucha, la que ha dado la disputa necesaria en cada situación y en cada lugar. La pelea es dificultosa, con avances y retrocesos, pero la llevamos adelante porque estamos convencidxs de que sí hay otro camino posible.
Sin inversión no hay políticas sanitarias efectivas
Cuando se aprobaron los presupuestos, tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, CICOP denunció fuertemente su escasez e inadecuación frente al deterioro sostenido del sistema público de Salud. En la Nación, con la degradación del Ministerio de Salud para convertirlo en Secretaría, no sólo se le asignaron menos recursos, sino que se rebajaron partidas específicas dedicadas a la prevención y la promoción, incluyendo la atención sanitaria en territorio. Disminuir partidas para programas significa, en la práctica, menos salud para la población en su conjunto y menos capacidad de respuesta ante situaciones no previstas.
En la Provincia de Buenos Aires, el presupuesto debería al menos alcanzar los dos dígitos del PBI, en contraposición con el escaso 5,5 % actual. Así lo expresamos en la reunión sostenida con el Ministro de Salud Andrés Scarsi el martes 15, donde abordamos concretamente los plazos para la reconstrucción del Hospital Oñativia y la disposición de fondos al respecto. Además del compromiso de tiempo manifestado por el Ministro en relación a las obras puestas en marcha allí, manifestamos la imperiosa necesidad de hacer un seguimiento en conjunto de la situación.
Asimismo, llevamos a la reunión la realidad acuciante de los salarios retrasados de lxs profesionales de la Salud, las dificultades que eso genera para cubrir cargos y la paritaria pendiente de diciembre 2018. También insistimos en los nombramientos de los becarixs que aún resta regularizar y el abordaje del enorme retraso de expedientes de quienes han ganado concursos de ingreso y funciones, además de los otros reclamos, los que debieran formar parte de las temáticas a abordar con voluntad de resolución en la próxima convocatoria paritaria.
CICOP ha denunciado históricamente que las partidas asignadas a la Salud Pública se corresponden con la valoración política que los gobiernos le otorgan a los derechos de la población en esa área. De allí nuestro rechazo de presupuestos a la baja que no garantizan salarios dignos ni condiciones laborales adecuadas para el funcionamiento de hospitales y centros de salud. En 2019, seguiremos bregando por un sistema sanitario que consagre el Derecho a la Salud como un valor indispensable.
Femicidios y derechos vulnerados
Doce mujeres fueron víctimas de femicidios en los escasos veinte días transcurridos del año recién iniciado, una cada 36 horas. En la mayoría de los casos, hubo un largo camino de denuncias previas, de instituciones que no dieron las respuestas adecuadas, de dispositivos que no funcionaron adecuadamente. En la complejidad de los análisis posibles no se puede dejar de lado que la cultura patriarcal habilita conductas delictivas a las que la justicia no pone límites claros ni suficientemente aleccionadores.
Por otro lado, para que las instituciones públicas funcionen adecuadamente y den respuestas también es necesario invertir en personal capacitado con salarios adecuados, subsidios, lugares de refugio para las víctimas, dispositivos que cumplan su cometido a tiempo. Nuevamente, se trata de políticas públicas que deben ser puestas en marcha con todos los recursos necesarios.
El movimiento de mujeres, que tantas expresiones vigorosas tuvo en los últimos años, ha denunciado esto una y otra vez, llevando su lucha a las calles y ganando en transversalidad intergeneracional. CICOP ha formado parte de esos reclamos en las marchas bajo las consignas “Ni Una Menos” y “Vivas Nos Queremos”, por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo los hitos históricos de 2018 por la legalización y la despenalización del aborto, la provisión de métodos anticonceptivos en los efectores públicos y la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas.
Son imprescindibles las políticas que apunten a la prevención y la promoción, con partidas adecuadas y suficientes asignadas a la salud, la educación y las políticas sociales en su conjunto. Estamos convencidxs de que en todos estos ámbitos esa es la pelea que tenemos que dar, fortaleciendo la construcción colectiva, con la mayor unidad de acción posible.
