Es ley la regulación de barrios populares, impulsada durante la Marcha Federal
El Senado de la Nación aprobó este miércoles por unanimidad la ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras donde se asientan 3.500.000 de personas que habitan, sin título de propiedad o sin servicios esenciales, 4416 viviendas distribuidas en villas y asentamientos de todo el país.
Además, el texto suspende por cuatro años cualquier desalojo y establece que el 25% de las obras a realizarse para alcanzar la integración plena de los barrios con el ejido urbano deben estar en manos de cooperativas de trabajo.
Afuera del Congreso, miles de trabajadores esperaban la resolución de la Cámara de Alta, cuya iniciativa fue impulsada por la CTEP, Barrios de Pie, la CCC y la CTA Autónoma, entre otros movimientos sociales, durante la Marcha Federal que en junio pasado convergió en Plaza de Mayo.
“Esta ley es un avance en el plano de los derechos”, expresó a Canal Abierto Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. “Permite la acreditación del asentamiento de miles de familias en esos terrenos. Permite que esos barrios se integren a los ejidos urbanos con luz, gas y agua. Demuestra el protagonismo de las organizaciones populares en la definición de las políticas públicas”.
Será la Agencia de Administración de Bienes del Estado el sujeto expropiante y encargado, junto al Ministerio de Desarrollo Social, de celebrar acuerdos con las provincias y municipios para transferir los bienes inmuebles bajo su titularidad.
Se calcula que el 60% del territorio está en manos privadas, el 15% pertenece a administraciones provinciales y el 20% a municipales.
Todos los gastos que se deriven de los convenios serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes. A su vez, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a crear un fideicomiso que financie todas las actividades necesarias para cumplimentar la ley.
“Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los movimientos populares logramos gracias a la organización y a la lucha. Un trabajo que realizaron nuestros pibes y nuestras pibas relevando todas las villas y asentamientos del país. Pero esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”, señaló Esteban Castro, secretario general de la CTEP.
La pelea que dio origen a la ley nació en 2016, al calor de la primera marcha de las organizaciones sociales a Plaza de Mayo y la aprobación en diciembre de aquel año de la ley de Emergencia Social.
En una mesa, la CTEP, CCC, Barrios Pie, Cáritas y funcionarios de la jefatura de Gabinete acordaron realizar un relevamiento de familias en situación de déficit habitacional. Para ello se tomó como base el un informe cartográfico de la ONG Un Techo Para Mi País, que fue digitalizado por militantes de la Corriente Villera Independiente de la Villa 31 y la 1.11.14 de Buenos Aires
El criterio adoptado como barrio popular fue el de ocho familias agrupadas o contiguas, cuya mitad de población no tenga título de propiedad ni acceso al menos a dos de tres servicios básicos (agua corriente, cloaca y energía eléctrica con medidor en domicilio).
Entre agosto de 2016 y mayo de 2017 se registraron en todo el país 4100 barrios, incorporados después al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) mediante el decreto 317. Ese número se extendió finalmente a 4416 barrios, equivalente a más de 850.000 familias, 3.500.000 personas y 420 kilómetros cuadrados, lo que es igual a la dimensión de dos ciudades de Buenos Aires.
Ahora comienza otra batalla que es la implementación de la ley. No es menor teniendo en cuenta el contexto económico. Habrá que evaluar la voluntad política del Gobierno nacional en generar convenios con provincias y municipios; que estos acuerdos no estén atados a la afinidad política con gobernadores e intendentes; y que el 25% de las obras recaiga, efectivamente, en manos de cooperativistas.
Fuente: Canal Abierto
