Este jueves finalizó en la Ciudad de Buenos Aires la Conferencia Internacional por la erradicación del trabajo infantil de la OIT de la que participaron representantes de trabajadores, empresarios y gobiernos de 193 países, así como una representativa delegación de la CTA-A.
En la declaración de Buenos Aires se comprometió a “respetar, promover y proteger los derechos humanos, en particular los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los derechos del niño”. El presidente Mauricio Macri cerró la conferencia.
En el documento acordado por empleadores, trabajadores y gobiernos se tomó en cuenta que según estimaciones todavía hay 152 millones de niños y niñas en condición de trabajo infantil. 73 millones de ellos padeciendo sus peores formas y que 25 millones de personas, incluidos más de 4 millones de niños, siguen siendo objeto de trabajo forzoso. En tanto que, aproximadamente 71 millones de jóvenes están desempleados y que la mayor parte del trabajo infantil y del trabajo forzoso se encuentra en la economía informal, tanto en el ámbito urbano como rural.
Un punto importante en la discusión y que fue objeto de intenso debate es la denominada cadena de suministros (cada etapa de la producción de un bien hasta que llega al Mercado) y la poca vigilancia que tienen las empresas respecto de si en alguna de sus instancias existe trabajo infantil o forzoso. En este sentido, desde el ámbito empresarial, la opinión general era que deberían ser los Estados quienes controlen y generen normativas para combatirlo.
En tanto que voceros de los Estados se insistió en la necesidad de que haya compromiso ético en las empresas para combatirlo. Para los trabajadores, la responsabilidad es de los Estados, de las empresas y de que haya políticas de prevención y en todo caso, de sanción para estas prácticas inhumanas. En la Declaración está el compromiso de atender el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes. Reconocer la necesidad de que los derechos y las obligaciones se correspondan con medidas de reparación apropiadas y eficaces cuando éstos sean infringidos así como elaborar y poner en práctica a través del diálogo social tripartito, y como parte de políticas nacionales coherentes y coordinadas en pro del trabajo decente, prestar la debida atención a la protección social, así como a medidas integradas para apoyar a las familias.
Otro de los compromisos asumidos fue el de adoptar medidas efectivas para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso y proteger a las víctimas, en particular a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, asegurando su acceso a mecanismos administrativos y judiciales, a vías de reparación efectivas, tales como la reintegración en la educación y la rehabilitación, así como previendo sanciones apropiadas para los infractores.
En relación a la educación, se planteó la necesidad de fortalecer las políticas y programas encaminados a garantizar la igualdad de acceso a la educación gratuita, pública y obligatoria de todos los niños y las niñas así como promover una transición sin trabas de la escuela al trabajo, una formación para la adquisición de competencias permanentes transferibles, aprendizajes de calidad, la empleabilidad y el pleno empleo.
También se dejó asentado el compromiso de seguir luchando contra la trata y la explotación infantil así como el de promover el desarrollo rural inclusivo a fin de erradicar el trabajo infantil y forzoso. Adoptar medidas para proteger a todos los migrantes y a los niños y niñas que se desplazan, respetando plenamente los principios y derechos humanos fundamentales fue otro de los ejes.
Apoyar un mayor intercambio y aplicación de mejores prácticas, así como el establecimiento de medidas de cooperación a través del fortalecimiento de la asistencia internacional para el desarrollo, incluida la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular fue la última intención de la declaración.
Plan nacional para la erradicación del trabajo infantil del Gobierno argentino
Minutos antes de leerse la declaración, el Gobierno argentino presentó su plan nacional para la erradicación del trabajo infantil elaborado por la Conaeti (Comisión Nacional para la erradicación del trabajo infantil). En la Argentina existen 715 mil niños y niñas de entre 5 y 15 años que trabajan. La encuesta incluyó además zonas rurales. El 3,5% trabaja en el sector doméstico, con prevalencia de mujeres y el 3,2% en el mercado con prevalencia de varones. En sus peores formas, se encuentran trabajando 473.567 niños y niñas.
Según funcionarios del gobierno nacional, este plan intenta acelerar el proceso de erradicación del trabajo infantil en nuestro país. Para ello se cuenta primero con un relevamiento realizado en las provincias argentinas con una encuesta que tomó datos de 28 mil casos. De esta manera, según los funcionarios se contó con datos reales para elaborar este plan. Se puso el acento en determinar las “causas” del trabajo infantil, para poder combatirlas y se determinan acciones para prevenir o en el caso de producirse, reparar y sancionar a los responsables.
Las acciones previstas en este plan son: trabajar con los sectores de interés (las víctimas de trabajo infantil o las potenciales víctimas), mejorar el ingreso de los adultos, así como los centros de cuidado, realizar acciones coordinadas con empresarios y trabajadores y promover las denuncias contra el aislamiento. En este sentido se señaló que de 250 causas que investigan delitos sobre trabajo infantil, no hay ninguna condena. Y también se insistió en la necesidad de capacitación de agentes de políticas públicas.
En representación de Unicef Argentina, Roberto Benes, saludó esta iniciativa proponiendo que la Asignación Universal por Hijo ampliara su alcance, dado el impacto positivo que ha tenido en paliar las condiciones de vulnerabilidad de numerosas familias en todo el país: “los niños tienen el derecho de ser protegidos. Las autoridades de Argentina tienen la obligación de garantizar inclusión y desarrollo”.
* Equipo de comunicación CTA Autónoma
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