La CTA-A presentó anteproyecto de ley contra la criminalización de la protesta
Se desarrolló la audiencia pública en la Sala “5” del edificio anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación donde se presentó el Anteproyecto de Ley contra la Criminalización de la Protesta Social elaborado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma y Liberpueblo y el informe sobre el crecimiento de la represión a trabajadores de los últimos dieciocho meses. La misma contó con la participación de la Diputada Nacional y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Donda; los organismos de Derechos Humanos, Liberpueblo, Memoria Verdad y Justicia, Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Legisladores Nacionales y dirigentes procesados como Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti (ATE Río Negro), entre otros.
Daniel Jorajuría Kars, Secretario Gremial de la CTA-A expresó a modo de introducción: «En su ofensiva contra al campo popular, el gobierno no ha hecho distinción porque ha atacado no solamente a trabajadores, dirigentes, organizaciones; sino también a Pueblos Originarios, campesinos, estudiantes, a migrantes, a los que luchan por el medio ambiente…todo esto tiene su punto más alto con la desaparición de Santiago Maldonado, con el allanamiento llevado a cabo la semana pasada contra a en Córdoba contra , y la brutal organizaciones del campo popular en Córdoba, con la brutal represión y cacería en la multitudinaria movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Cuando los gobiernos, jueces, fiscales utilizan la fuerza pública para acallar los reclamos, es una derrota de la política. Por eso es que tanto agradecemos a los legisladores que asumen dar una respuesta política, a esto que es un ataque al estado de derecho»
El Anteproyecto de Ley tiene por objeto poner fin a la criminalización de la protesta Social, práctica que se ha arraigado en el accionar cotidiano de algunos Magistrados, Fiscales así como de diferentes gobiernos de la Nación, Provincias y Municipios que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad, sometiendo a procesos judiciales a trabajadores y dirigentes por ejercer su legítimo derecho de peticionar a las autoridades.
Por su parte el Secretario General Adjunto de la central obrera Ricardo Peidro consideró que el avance del anteproyecto “es fundamental para que cesen las persecuciones, que no solamente la represión y persecución va alidada directamente a los planes de ajuste, sino que va fundamental va alineada a un discurso uniforme y monotemático que nos quieren imponer. Porque reclamar es un derecho fundamental. Cuando uno reclama, lo hace por derechos humanos fundamentales: salud, trabajo, educación, tierra, vivienda…y mientras estamos conmovidos, estremecidos por la desaparición de Santiago Maldonado, el poder quiere reinstalar teorías como la de los “dos demonios”, el “por algo será”. Pero las masivas movilizaciones en todo el país por Santiago, como las de repudio al intento del 2×1 a los genocidas, demuestran que el pueblo argentino no lo va a tolerar. Estamos convencidos que debemos avanzar en que la huelga, la movilización, el corte de ruta, llenar las plazas, bajo ningún punto de vista pueden ser causales de penalización o encarcelación. Esperemos tener la misma fuerza que tenemos en las calles en el congreso, para para avanzar con esta ley”
Desde Librepueblo, Verónica Quinteros expuso algunos datos arrojados por un trabajo en conjunto con la Secretaría Jurídica de la CTA-A que demuestran el creciente accionar represivo del estado, utilizando la criminalización de la protesta como política para deslegitimar, castigar ya aislar a los que luchan.
“Venimos trabajan do hace muchos años lamentablemente con la problemática de la criminalización como política de estado, en muchos aspectos lo que hace es utilizar las herramientas represivas del estado a través de la leyes, persiguiendo penalmente a toda persona que decida reclamar un derecho, es un fenómeno que viene creciendo enormemente, y es un dato que venimos comprobando de la realidad. El primero informe data de 2012. No tenemos el aparto del estado para volcar toda la información, es un informe de mínima. Pero los casos se multiplican por cientos. Imposición de causas penales, se masifica la cantidad, se tiene en cuenta la calidad de representante de la persona…cientos de dirigentes terminaron siendo procesados sin pruebas, por eso hemos decidido relevarlo y enunciarlo. El gobierno ha aumentado la intensidad de la represión. En los últimos tiempos hemos visto ataques directo como a dirigente social de la Corriente Clasista Combativa Julia Rosales atacada por un sicario. Y vemos que esta decisión del gobierno de agudizar la represión no va a cesar. Urge denunciarlo. Urge utilizar todas estas herramientas que desde el campo popular puedan dar datos y puedan exigir con más intensidad que tiene que ponerse fin a esta política de gobierno”
Quinteros expuso tres indicadores básicos; apertura de causas penales, detenciones y represiones. Los destinatarios son organizaciones de trabajadores (referentes de organizaciones sindicales, trabajadores de la economía popular, jubilados y desocupados). En segundo lugar, organizaciones sociales (medio ambiente, genero, barriales). Por último comunidades originarias.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro, que estuviera detenido por su actividad gremial, reflexionó que “todos sabemos que una política represiva particular es una de las variantes represivas que usa el estado contra una organización popular. Busca deslegitimar nuestras organizaciones. No es casual la utilización en forma continuada, abierta y sistemática”
En tanto que Miriam Liempe, Secretaria de Pueblos Originarios de la CTA-A Bonaerense e integrante de la Mesa Provincial lamentó la situación de los pueblos que desde hace siglos son víctimas de genocidio, lamentó que “tenemos muchos muertos, no solo de ahora, sino de mucho antes. Ese genocidio se sigue manifestando en el desalojo de los territorios con policía, gendarmería impulsada desde los estados. Con la desaparición de Santiago Maldonado, nos damos cuenta que además el gobierno está reprimiendo y criminalizando la solidaridad de nuestros pueblos. Los pueblos originarios peleamos por un estado plurinacional. Pero esta solidaridad no la quieren estos gobiernos de derecha. Nos han acusado de que tenemos una misión paralela, nos han acusado de terroristas, de que nos somos argentinos…siempre busca la perfecta excusa para justificar los métodos y crear en nosotros una imagen terrorista para generar consenso en la represión”
Finalmente, Nora Cortiñas saludó la iniciativa reflexionando que “Quieren darnos mensajes, así como es un mensaje la desaparición de Santiago, que aquel que se le ocurra ser solidario lo vamos a castigar. Así como castigaron a Julio López que era testigo del infierno que vivimos, y dijeron acá nadie va a denunciar los crímenes que cometimos, y se llevaron a Julio López. En el caso de los Mapuches, estuvimos con Miriam (Liempe) y algunas personas más en el medio de este año cuando tiraron a matar en una represión. Es una continuidad de lo que en el año 2015 también atacaron brutalmente. Esl castigo es porque cortaron la ruta, pero nadie quiere saber porque cortaron. Fue para pedir la libertad del Lonco, que estaba pidiendo la devolución de tierras.
Ahora con Santiago los funcionarios dicen que la familia no quería colaborar, que no los encontraban…los que nos conocen a quienes somos madres de desaparecidos, saben que salís todo el día y estás andando las 24 horas. Después de 8 días, apareció un grupo de 4 personas de DDHH del Gobierno para ir a hablar con Sergio (hermano de Santiago Maldonado) para decirle que no era una desaparición forzada, presionando y humillando a la familia. A este proyecto lo vamos a apoyar y no vamos dejar que muera como en el año 99. Las 270 mil personas en la plaza son un millón en todo el país demuestran que no somos los mismos del año 74’ 75’. En los años del terrorismo de estado, donde se robaban niños, se llevaban madres madres…hicieron todo para destruirnos, y no lo lograron. Seguimos en la calle”
Representando a la Mesa Provincial estuvieron Miriam Liempe (Sec Pueblos Originarios) Natalia Robledo (SecFinanzas), Carlos Alberto Gonzales (SecOrganización), Jorge Castro (SecGremial), Rosario Hasperué (SecPrensa y Comunicación)
