Repudio nacional e internacional a la detención ilegal de Aguiar y Capretti
El 25 de mayo la Policía Provincial detuvo brutalmente al Secretario Adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti, sin mediar orden judicial, y el 29 de mayo quedó detenido Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA y de ATE Río Negro. Estas detenciones ilegales se enmarcan en la causa que llevan adelante el Fiscal Juan Pedro Puntel y el Juez Carlos Mussi, donde se imputa entre otros a dichos dirigentes sindicales por coacción agravada. Esta causa asimila los reclamos de los trabajadores a un delito tipificado en el Código Penal y por ende avanza en un proceso de criminalización de la protesta social. Más aún, las imágenes fotográficas y las filmaciones disponibles muestran tumultos y empujones, acciones que lejos están de poder ser utilizadas para acusar a Aguiar y a Capretti de los delitos que se les imputan.
Resaltando que el ejercicio legítimo de un derecho no puede ser considerado un delito, y la libertad de expresión de una organización sindical se encuentra especialmente protegida por tratados internacionales y convenios de la OIT con rango constitucional. El arco sindical en el país y organizaciones sindicales internacionales denuncian la persecución que el poder ejecutivo provincial, en connivencia con legisladores, poder judicial y medios de comunicación están llevando a cabo contra los dirigentes de ATE y CTA Rio Negro por oponerse a las políticas del gobernador Weretilneck, contrarias a de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) y su organización regional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), expresaron su «repudio ante el contexto de violencia institucionalizada donde el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro, en connivencia con legisladores y funcionarios judiciales, apuntan contra los líderes sindicales para criminalizarlos como violentos, deslegitimando los justos reclamos de las y los trabajadores y condenando a la prisión a aquellos que se oponen a las políticas del gobierno provincial».
De esa manera la CSI y la CSA manifestaron su solidaridad con el sindicalismo argentino y exigieron a las autoridades competentes que «garanticen la plena libertad de expresión de los dirigentes sindicales, que pongan fin a la criminalización de la protesta social y que arbitren los medios los medios para liberar inmediatamente a todos los detenidos ilegalmente por ejercer su actividad sindical».
