En la reunión en la que participó Sabrina Haboba, asesora de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA-Autónoma junto con representantes del CELS, de CAREF, de la UNLA, del Instituto Gino Germani, del Conicet, Red de migrantes, y de otras organizaciones sociales y políticas, se acordó continuar con las campañas de difusión y formación acerca de lo que implica el decreto, continuar convocando a reuniones con senadores y diputados a fin que se derogue el mismo, y continuar denunciado estas políticas que buscan criminalizar a los migrantes.
En ese marco, el miércoles se realizó una reunión de la multisectorial con un grupo de senadores nacionales para denunciar el DNU y expresar preocupación por el proyecto que fue presentado por el senador Miguel Ángel Pichetto, el cual va en el mismo sentido de estigmatización, persecución y quita de derechos de los migrantes. En la reunión, en la que participó Gonzalo Manzullo, asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA-Autónoma, se intercambiaron informaciones y se delinearon acciones para frenar estos cambios en la política migratoria.
La ley 25.871 estaba basada desde la óptica de los derechos humanos, y dejaba atrás la vieja doctrina de la dictadura que hacía de las migraciones una cuestión de seguridad nacional. El decreto modifica toda la ley, vuelve al paradigma de la seguridad nacional y entre otros puntos endurece los criterios de expulsión, de permanencia, de radicación, debilita el derecho a la defensa; establece un trámite de expulsión exprés y vuelve a criminalizar la irregularidad migratoria, vinculando migraciones con criminalidad.
