UNICEF se pronuncia contra la baja y deja en Off Side a Garavano
Luego de que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano manifestara que estudiaban junto a UNICEF la baja de edad de imputabilidad, el organismo se pronunció en contra de los dichos del Ministro dejándolo en Off Side.
María Ángeles Misurata, Oficial Nacional de Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF declaró hoy que “la normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar». La posición de Unicef va a contramano de lo planteado por Garavano: «bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad», dijo Misuraca. Consideró, incluso, que cuando se establecen penas para los jóvenes puede primar en los jueces la creatividad necesaria como para que dicten «buenos fallos», que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad.
«Hay buenos jueces, creativos, y buenos fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Justicia», confió la funcionaria del organismo internacional.
Según Misuraca, «el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal», respetando con esto también la Convención Internacional de los derechos el Niño, que, además, en Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional.
Cuestionó de la normativa vigente el criterio discrecional a la hora de decidir la detención y privación de la libertad de un niño o adolescente que cometió un delito, ya que está relacionada con el estado de pobreza, abandono o falta de asistencia del menor.
Dejó claro que «la privación de la libertad debe ser la excepción» y que lo que se necesita es «fortalecer las políticas públicas» porque «los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no tener un sistema de protección presente con anterioridad a cometer el delito».
Según Misuraca, «el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal», respetando con esto también la Convención Internacional de los derechos el Niño, que, además, en Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional.
Unicef trabaja codo a codo con el Ministerio de Justicia y también con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y lo seguirá haciendo este año, para poder llegar a un proyecto de reforma que tenga en cuenta las convenciones internacionales, y pueda alcanzar estado parlamentario en el 2018.
Además, según un relevamiento propio que realizó la mayoría de los chicos que permanecen privados de la libertad lo están por delitos menores «contra la propiedad», y no por delitos graves. Según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, hay 871 menores de 16 años privados de su libertad, sobre un total de 1.305 que incluyen jóvenes de 18, 19 y 20 años.
Fuente: Telam / Diario Norte
