«No queremos más PISA, estandarizadas y externas, vendidas por la OCDE ni operativos como el Aprender 2016 que apuntan a crear ranking de escuelas y docentes. Necesitamos la Evaluación Social de las Políticas Educativas y de los gobiernos, funcionarios y tecnócratas que las vienen aplicando como responsables de la crisis educativa. Además, las PISA implican un lucrativo negocio, parte de tomar a la educación como área de mercado para la intromisión de corporaciones, fundaciones y demás sectores del capital.
El ministro Bullrich dijo que “no hubo manipulación de datos” sino un “grave error” porque la muestra debía incluir 13.000 escuelas como las evaluadas en 2012 y sólo habrían participado 10.000. Mientras Sileoni, ministro K, justificó que la muestra de 2015 fuera menor a la de 2012 porque esas escuelas “no existen más” ya que se habrían fusionado. Además acusó al PRO de pedir que se excluyera a la Argentina del ranking porque habría “mejorado” sus resultados… ¿Lo esencial? Ambos defienden el modelo evaluador de las PISA.
Fundadas razones para decir No a las pruebas PISA
Como señalamos en el documento del Encuentro Nacional sobre Evaluación realizado en la CTA Autónoma entre sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes, estas son las razones por las que no queremos más pruebas PISA y sí la evaluación social de las políticas educativas:
● Las PISA o el Aprender son pruebas estandarizadas: no contemplan las diferentes realidades y contextos educativos ni las particularidades de cada alumno. No conciben a la educación como un proceso sino como un momento medible, mediante estadísticas.
● Son externas: han sido confeccionadas por personal sin contacto con la realidad de las escuelas. Directivos y docentes sólo son convocados para distribuir formularios y garantizar que las pruebas se realicen.
● Los docentes y alumnos somos sólo objetos de estudio y ejecutores de políticas que fijan funcionarios y tecnócratas, siguiendo los lineamientos de la OCDE y el Banco Mundial.
● Promueven una «cultura de la evaluación» que fomenta que los docentes prioricen sólo aquellas habilidades operatorias y los contenidos que se evaluarán para lograr mejores resultados.
● Carecen de fundamento científico, se utilizan múltiples choise, un método conductista muy cuestionado en pedagogía que no se utiliza regularmente en las escuelas, no forma parte de ningún lineamiento curricular y genera la posibilidad de responder al azar.
● Conciben a la Evaluación como un mecanismo punitivo y un fin en sí mismo, cuando se la debería tomar como un aspecto más, pero no el único.
● Vulneran derechos al servir de fundamento para la creación de un Instituto Nacional de Evaluación como organismo disciplinador y flexibilizador de las condiciones laborales y profundizar la fragmentación escuelas para ricos y pobres. Además de estigmatizar a los docentes, al adjudicarnos las culpas de la crisis del sistema educativo.
● En síntesis, las pruebas PISA -como lo fue el Aprender- son contrarias a la educación, por su intencionalidad y posibilidades. Ya que no evalúan las políticas educativas y son una excusa para cargar las tintas en los educadores. Cuando los grandes problemas de la escuela pública son la falta de presupuesto y la magra retribución a los docentes y auxiliares; junto a los diseños orientados a una educación dictada por el mercado.
Por la evaluación social de las políticas educativas y los gobiernos
Por eso proponemos una evaluación social de las políticas educativas. Porque somos los docentes, padres y alumnos quienes debemos evaluar al sistema educativo y a los funcionarios y gobiernos que determinan las políticas anti-educativas desde hace décadas. Esto es posible si se dispone la conformación de comisiones de evaluación por establecimiento y por distrito, con trabajadores de la educación, estudiantes y padres electos democráticamente para realizar esa evaluación social.
Así la comunidad educativa podrá evaluar sobre la infraestructura y el mantenimiento edilicio; sobre el presupuesto y los subsidios a los privados; comedores y becas; sobre el personal y una evaluación acorde al Estatuto; la capacitación en servicio; la política salarial y condiciones de trabajo; lo curricular y la planificación; matrícula estatal/privada; índices de promoción, repitencia, sobreedad o la formación docente entre otros ítems.
Con la obligación del Ministerio de Educación de publicar esos informes y conclusiones, junto a la realización de audiencias públicas vinculantes, en donde poder definir los cambios necesarios para salir de la crisis educativa generada por gobiernos y empresas. Para poner en marcha un Instituto de Evaluación que evalúe las políticas educativas, al gobierno nacional y a los provinciales, responsables de la continua crisis educativa.
Tampoco habrá calidad educativa con salarios de docentes y auxiliares a la baja como pretende imponer el PRO en provincia de Buenos Aires con una suba real anualizada del 11% hasta 2018. Ni con los mayores recortes del presupuesto educativo en la Nación, provincia de Buenos Aires y CABA.
Es necesaria y urgente la unidad de todos los gremios docentes, estatales y centrales sindicales para encarar un plan de lucha nacional y provincial por la reapertura de la paritaria de este año, en defensa del salario docente, del presupuesto educativo y por un modelo de evaluación social de las políticas educativas».
