En lo que va del año los estatales perdieron el equivalente a un sueldo

Esto resulta del informe realizado por el equipo de trabajo del Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP). 

La discusión del bono merece realizar algunas consideraciones vinculadas al nivel salarial. En primer lugar, como su nombre lo indica el pago de un bono, si bien queda emparentado con el concepto de salario porque se manifiesta como un pago en dinero desde el empleador al trabajador, este no representa la retribución corriente por el trabajo realizado por el mismo. Tal nivel, determinado por el convenio colectivo de trabajo y actualizado en función de la paritaria, involucra otro tipo de discusión –o al menos debiera hacerlo- respecto al reparto del excedente generado anualmente en la economía.  En este sentido, la existencia de un bono no implica una discusión de carácter distributivo ya que no afecta, en lo absoluto, el nivel salarial pautado sino que se presenta como un adicional por única vez con el fin de compensar una pérdida acontecida o bien, afrontar mayores erogaciones futuras.

En este sentido, la evidencia del pasado reciente indica que, no sólo sobran los motivos para la discusión de un bono, sino que también las condiciones actuales obligan a rediscutir la pauta distributiva acordada a fin de año, por medio de una reapertura de paritaria. En el marco de un esquema de política económica que hundió el poder adquisitivo de la clase trabajadora al tiempo que profundizó el deterioro de las condiciones de vida de la población, la discusión ceñida a un bono –que descarta la discusión del nivel salarial en sí- expresa el consenso de la cúpula empresarial, la sindical cegetista y el gobierno de fijar un piso distributivo de mayor regresividad para el planteo de un nuevo proceso económico.

De todos modos, la emergencia social vigente amerita considerar cada una de las coyunturas presentadas y en este sentido, el debate en torno al bono encubre algunos matices que, de no despejar, terminarían perjudicando aún más al bolsillo del trabajador. En el presente material exponemos entonces una serie de ejercicios que buscan determinar la magnitud de pago que intente correrlo de la arbitrariedad de las voluntades políticas, la complicidad sindical o las cuentas fiscales, para que guarde relación con las necesidades objetivas de los trabajadores.

En el cuadro N º 1 se presenta la evolución mensual del salario nominal, el índice de precios y su resultante, la dinámica asumida por el salario real. Para ello se consideró la pauta paritaria para los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) del 31% para el presente año desglosado en tres cuotas: del 7% a partir del mes de Junio,  10% a partir de Julio y 14% a partir de Agosto. En el caso de los precios, el índice considerado resulta de un empalme del índice elaborado por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires hasta el mes de abril y el correspondiente al área de precios recuperada del nuevo INDEC a partir de mayo.

De esta manera surge que mientras los salarios, según la paritaria, se verán incrementados en un 31% en el año,  la proyección de inflación es del 39,2%. Tal disparidad implica que, el poder adquisitivo de los estatales caerá aproximadamente un -6% en diciembre de este año. Cabe señalar que durante los primeros cinco meses del año, en los que no se verificó actualización del salario, la caída real alcanzó un -16,4%.

VER CUADRO 1

Sin embargo, la pérdida es aún mayor que el análisis que proporciona la lectura anual “punta a punta”, es decir diciembre 2016 vs diciembre 2015. Ello se explica básicamente porque la modalidad de aumento salarial concentrada en determinados meses del año  confronta contra un ritmo creciente y sistemático de la evolución de precios. En este sentido, la lectura anualizada de los aumentos salariales otorgados permite evaluar el aumento efectivo salarial de la paritaria en todo el año, ya que no contiene el mismo efecto una pauta del 31% aplicada a partir del mes de Enero que idéntica pauta tan sólo para los últimos tres meses del año. Por lo tanto, el esquema acordado para la aplicación de la pauta del 31% implica apenas un incremento del 14,9% de la masa salarial anual del 2016 respecto al año anterior. A continuación evaluaremos los efectos concretos de este descalce.

Para avanzar en la cuantificación efectiva de la pérdida acumulada durante el año 2016 se tomó como referencia el salario medio correspondiente a la planta de ocupados de la APN en sus tres modalidades (planta permanente, transitoria y contratada) durante el último trimestre del año 2015. En base a este valor, que se ubica en los $23.905,63, se realizó una estimación del salario “esperado” en función de su actualización por precios con el fin de obtener el nivel salarial que en cada uno de los meses sostiene el poder de compra de diciembre del 2015. De esta manera se observa, que por ejemplo al mes de enero al trabajador del Estado Nacional le faltaban $989 para mantener el nivel de compra del mes pasado; en febrero esta necesidad se incrementa a $1.977,25 hasta llegar a acumular al mes de diciembre del presente año (en función de la proyección de inflación anual) una pérdida de $29.338,57.

VER CUADRO 2

Es interesante notar que el valor acumulado de pérdida salarial o bien, de transferencia de ingresos desde el salario de los estatales a la administración pública, representa prácticamente el equivalente a un salario medio mensual . Otra manera de visualizar lo anterior se presenta en el siguiente cuadro expresado en porcentajes. De allí se observa en cada mes de año el porcentaje de pérdida respecto a diciembre y el acumulado de esta caída. De esta manera, al llegar al mes de diciembre se verifica que la caída acumulada del -122,7% indica que la pérdida del poder de compra de todo el año representa el 100% del salario inicial y un poco más (más precisamente un 22,7% más).

VER CUADRO 3

Si en lugar de considerar el período anual, tomamos en cuenta la gestión de Cambiemos   surge un aumento exponencial de la pérdida acumulada. Cabe señalar aquí que este aumento no obedece sólo al efecto de incorporar dos meses más sino que, como el poder de compra base para comparar cada uno de los meses subsiguientes, es más elevado que en el ejercicio anterior, la pérdida mensual también se multiplica.

De esta manera, se observa del siguiente cuadro que al sumar cada uno de los rezagos salariales mensuales del período Noviembre 2015 – Diciembre 2016 se acumula una pérdida salarial de nada menos que $52.577,92, es decir el equivalente a aproximadamente dos salarios medios.

VER CUADRO 4

Por último, es preciso resaltar que los valores anuales considerados en los dos ejercicios anteriores no incorporan la debida actualización del monto adeudado, ya que los mismos consisten en sumas de montos expresados en base a precios de distintos períodos. Esto es, y tal cual como se observa en el cuadro N º 5, el monto de $989 adeudados por el salario impago en enero de este año implicaba un poder de compra superior que lo expresaría idéntico monto monetario  al mes de diciembre. Para permitir la homogeneización de los valores, en los siguientes dos cuadros, presentamos la actualización de cada uno de los montos mensuales al mes de diciembre 2016. De esta manera surge que, si consideramos el año 2016, la deuda acumulada a los estatales asciende a $33.117,6 al tiempo que si se toma en cuenta todo el período de gestión macrista, la deuda en concepto de salario impago a los estatales asciende a $59.523,28.

VER CUADROS 5 Y 6

En conclusión, el bono, como se mencionó al inicio del informe, no busca resolver la cuestión de fondo, que es la cristalización de un piso salarial más bajo para la reactivación del nuevo proceso económico. La brutal transferencia de ingresos experimentada desde la asunción del nuevo gobierno desde el salario y los ingresos de los sectores populares a la rentabilidad empresaria, es convalidada por la cúpula cegetista que abdica toda medida de fuerza ante el pago de una compensación por única vez y  sin garantías.

Más aún, el bono negociado en la cerrada “mesa de diálogo” de $2.000 o $3.000 en el mejor de los casos, ni siquiera reviste una magnitud coherente con las necesidades objetivas de los trabajadores quienes, al menos durante el período aquí analizado, han acumulado una pérdida salarial muy superior. Del informe se desprende entonces, que para favorecer  una correcta aplicación del mismo, es necesario que cada trabajador de la administración pública reciba a fin de año un salario entero más, para compensar el desfasaje del año 2016, o bien, dos salarios más si se busca reintegrar lo perdido desde el inicio de la nueva gestión de gobierno.

Fuente: ate.org.ar