Ante la dilación del ENACOM frente a las licencias otorgadas en diciembre de 2015, y en vista de que el Estado continuó adjudicando nuevas señales sin resolver las de los canales comunitarios (Perfil TV y Caras TV, por ejemplo), la justicia federal le ordenó al ENACOM para que explique y justifique antes del viernes las causas de su irrazonable demora, previo a adoptar medidas compulsivas.
Barricada TV, Urbana TV y Pares TV son los tres primeros canales comunitarios en lograr una licencia en televisión digital abierta mediante concurso público de antecedentes, luego de un largo proceso de movilización por la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, ninguno está habilitado.
Barricada TV es responsable por la multiplexación de la señal y el traslado de Urbana TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El canal digital adjudicado es el 33, reservado para la baja potencia en el plan técnico aprobado en septiembre de 2014, y que salió a concurso en mayo de 2015. Pares TV emite en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Los tres se encuentran en proceso de habilitación definitiva.
Barricada TV, pese a contar con licencia, es interferida de manera total por la señal de Canal 13/Artear, que no posee título legal para emitir en TDA y cuyo permiso de prueba se encuentra vencido. Además, tiene otra frecuencia –la 35- asignada. «Es una situación sin precedentes en el país que una genuina emisora alternativa, con todos los papeles en regla y adjudicataria de una licencia, sea interferida y bloqueada por una emisora comercial que no tiene sus papeles en regla, ante la inacción del Estado. ¿Qué hubiera sucedido si el canal experimental fuera Barricada, y el 13 el canal concursado?», dijo Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV, canal que emite desde la fábrica recuperada IMPA en el barrio de Almagro.
La interferencia provocada por una señal 100 veces más potente, propiedad del grupo de medios más poderoso de la Argentina, impide que las propuestas de Barricada TV y Urbana TV se encuentren con sus audiencias, afectando el derecho a la libertad de expresión de los emisores y de sus públicos, y afectando su sostenibilidad económica. Las voces de los trabajadores y trabajadoras, de los vecinos y vecinas de los barrios más pobres; los intereses de quienes llevan adelante centros culturales o comedores populares; las preocupaciones de jóvenes estudiantes o de los clubes locales son de este modo censurados del discurso público.