«El Congreso de CONADU Histórica, que sesionó frente al Ministerio de Educación el pasado 29 de septiembre, rechazó el presupuesto universitario enviado por Macri y Bullrich al Congreso. La CONADU Histórica no se quedó sólo con una declaración: desde el plan de lucha del primer semestre, desde los paros iniciados el 24 de agosto y, en particular, los paros y movilizaciones del 16 de setiembre y el 4 de octubre, llevamos como una de las principales reivindicaciones un incremento de emergencia del presupuesto 2016 y un aumento sustancial del proyectado para 2017. Es decir que, con medidas de lucha, defendemos la educación pública y el presupuesto universitario de los ataques del Gobierno.
Lo hacemos con total autoridad, ya que no es este el primer presupuesto que rechazamos sino que lo hicimos, con el presupuesto hoy vigente que fuera enviado por el Gobierno de Cristina Fernández y el ministro Kicillof, presupuesto que es la base, a lo que se suma la devaluación, aumento de la inflación y tarifazos del gobierno de Macri, por la cual no llegamos a fin de año con un funcionamiento normal de las 56 universidades. Pero no solo desplegamos el plan de lucha. El 30 de septiembre en la reunión plenaria del CIN desenvolvimos ante los rectores de todo el país estos reclamos que no solo son al Gobierno sino también a los rectores, ya que son los responsables de la aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo, del mantenimiento de los edificios, de los comedores estudiantiles y de la distribución de las becas.
También, en el marco del paro del 4 de octubre, nos reunimos con los legisladores de distintas bancadas conjuntamente con los compañeros de ATE, para llevar nuestras posiciones en relación con el presupuesto y para que las mismas sean tenidas en cuenta.
Partiendo de este análisis, queremos recordarles a todas y todos los compañeros que el sistema universitario público –según datos de 2015- comprende a 1.883.332 estudiantes, 173.459 docentes universitarios, 23.800 docentes preuniversitarios y 50.570 no docentes. Como se advierte, el sistema universitario tiene una población más grande que la de 20 provincias argentinas. Y somos las únicas unidades académicas que dependemos en forma directa del Ministerio de Educación de la Nación, que fue vaciado de las escuelas durante la dictadura y el menemismo.
El presupuesto presentado para las universidades públicas por el ministro Bullrich es de 79.300 millones de pesos; 75.000 asignados a las universidades y 4000 millones que no tiene destino directo o sea una “caja” que se reserva el Ministerio para manejo discrecional que se les llama “programas”. Como afirmáramos, impugnamos el presupuesto de Cristina Fernández y Kicillof porque solo contemplaba unas partidas de 55.000 millones de pesos (51.000 asignado a las universidades y 4000 de “caja”). Ahora bien, para que ese presupuesto pudiera mantener el poder adquisitivo según la inflación prevista por Prat Gay (37,2% para 2016 y 19,4% para 2017), el presupuesto universitario debería ser de 90 mil millones de pesos. Esto sin tomar que las proyecciones reales son mayores, al 42 % para 2016 y 25 % mínimo para 2017). Esto es: sobre el presupuesto de ajuste de Kiciloff, Bullrich y Prat Gay proponen un nuevo ajuste de un 12% mínimo en términos reales. Este es uno de los motivos centrales por el cual la CONADU Histórica rechaza el presupuesto.
Asimismo no podemos dejar de notar algo que nuestra Federación marca desde su inicio: la relación existente entre el presupuesto universitario y el pago de intereses de la deuda pública. En el presupuesto 2017, el pago de intereses de la deuda pública (247 mil millones de pesos) triplica el presupuesto universitario. Tampoco podemos dejar de advertir que, mientras el conjunto de la población –incluidos los docentes universitarios- está sometido a los tarifazos de Aranguren, que garantizan antes que nada beneficios extraordinarios a las petroleras multinacionales. Marcamos esto porque en el presupuesto 2017 los subsidios a las privatizadas alcanzan el monto de 127 mil millones lo que significa un 60% que el presupuesto destinado a las universidades públicas. Como ha afirmado, una y otra vez, nuestra Federación: plata hay, pero se destina a los usureros de la deuda, a las mineras contaminantes, a las petroleras y en general al capital concentrado.
Es notable también que el presupuesto no diga una palabra de la promesa presidencial de campaña sobre la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios conveniados, mientras que sí dedica una línea específica para mantener la exención a este impuesto al sector financiero, por nada menos que 34100 millones de pesos. Una vez más, la CONADU Histórica ratifica: basta de impuesto a las ganancias a los trabajadores bajo Convenio Colectivo y los jubilados, que se grave la renta financiera, el juego y los grandes capitales.
El Convenio Colectivo de Trabajo
Luego de 20 años de lucha, el 2 de julio de 2015 fue homologado nuestro CCT. Sin embargo, en el 2015, 2016 y ahora también en el año 2017, ni por la ley del presupuesto ni por decreto se destinó ni se pretende destinar un solo peso a lo que es ley, esto es, el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios. Tampoco existe financiamiento para el pago del adicional por exclusiva dedicación, para pagar el salario a los docentes ad honorem, adscriptos y pasantes, para pagar el salario de Convenio a los docentes contratados ni para garantizar la gratuidad de los posgrados para los docentes, todos puntos que fueron conquistados con los 22 días de huelga, las clases públicas, las puebladas y la marcha del 12 de mayo a la Plaza, y que se encuentran suscriptos por el Gobierno y los rectores en las actas salariales del 28 de mayo.
Idéntica consideración nos merece el pago de la garantía salarial a los docentes, que debe incrementarse en este mes y en enero, conjuntamente con la suba del salario mínimo. Estas actas son ley al igual que el Convenio, pero el presupuesto no les pone un peso de financiación.
La CONADU Histórica alerta a todos los docentes sobre esta situación y seguirá su lucha por todos los medios gremiales, jurídicos y políticos para que el Gobierno y los rectores apliquen la ley, o sea, nuestro CCT y las actas salariales conquistadas.
Nuestra Federación estima que, para cubrir la designación de ad honorem, adscriptos, pasantes; el pago de acuerdo a convenio del salario a los contratados, el pago a la exclusiva dedicación a la docencia; de las suplencias en todo el régimen de licencias; la promoción en la carrera docente; deben incluirse partidas por no menos de 2500 millones de pesos. Y si de los empadronamientos y censos surgiera una cifra superior, esa diferencia también debe ser cubierta obligatoriamente por el Poder Ejecutivo y los rectores.
El salario docente
La línea de pobreza, publicada por el Gobierno de la Ciudad, supera los 20 mil pesos para una familia tipo. La canasta familiar -calculada por el Indec de Menem y actualizada por todos los índices publicados por los gobiernos de turno hasta 2007 y por San Luis, después de que Moreno y su patota destruyeran las estadísticas públicas- alcanza los 30 mil pesos. Mientras, un salario mínimo garantizado para un ayudante de primera con 40horas de dedicación apenas llega a 17 mil. Es decir, tenemos un desfase de más del 70%.
Si el Gobierno tuviera como objetivo el jerarquizar las funciones de docencia, investigación, creación, extensión y transferencia de las universidades públicas, tendría que incluir una pauta presupuestaria adicional que acercara nuestro salario a la canasta familiar. Sobre todo, cuando hemos conquistado que nuestros nuevos salarios tendrían que ser recompuestos en setiembre de este año (la CONADU Histórica exige un 15% frente a la pérdida del poder adquisitivo) y los del año 2017, se negociarán en el mes de febrero y por lo tanto impactarán para todo el año próximo.
El presupuesto de Macri, Prat Gay y Bullrich tiene 0 peso de pauta salarial. Esto significa que, al igual que los doce años del gobierno anterior, los docentes universitarios tendremos que preparar y organizar un plan de lucha nacional para no perder contra la inflación e iniciar un camino que nos lleve a un salario igual a la canasta familiar. Como estamos preocupados por la situación de todos los trabajadores, esta pauta de 0 peso no es sólo para la docencia universitaria sino también para los no docentes y todos los trabajadores del Estado. Se demuestra acertado lo resuelto por nuestras asambleas, plenarios, congresos y mesa ejecutiva, de llevar una lucha común, como lo hacemos desde principios de febrero, con los docentes de todos los niveles y con los trabajadores en general.
Es brutal el ajuste en lo que hace a la cantidad de becas universitarias. Mientras el Gobierno revela que, entre los pobres que se agregaron estos nueve meses y los heredados del gobierno anterior, hay más de 12 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, las becas para estudiantes de bajo recursos se reducen en un 40%, es decir, alcanzarán a solo 14.350 estudiantes. Como informáramos al principio, según el Censo, hay 1.883.332 estudiantes. En esto podemos afirmar que Macri lo hizo: alcanzó la pobreza O en la universidad, ya que las becas a otorgar por Bullrich solo alcanzan al 0,7% de todos los estudiantes. Claramente somos irónicos. Lo que se busca es una universidad para ricos.
La CONADU Histórica exige un incremento de no menos de 100 mil becas en las universidades públicas y que, de ser necesario, en el empadronamiento a realizarse junto con las federaciones estudiantiles, sean satisfechas las necesidades económicas de todos los que quieren realizar estudios superiores. Asimismo exigimos la construcción de jardines de infantes materno paternales para las y los estudiantes y trabajadores universitarios en cada sede que lo requiera.
Compañeros y compañeras, una vez más se demostró acertada la estrategia de la CONADU Histórica, resuelta por todos, de movilizarse junto con el movimiento estudiantil el 12 mayo, el 15 de junio y el 16 de setiembre en defensa de la educación y la universidad pública. Apelamos hoy al movimiento estudiantil a realizar acciones comunes que garanticen la permanencia y graduación de los estudiantes universitarios de todos los niveles: desde el inicial hasta el posdoctorado, y para que estos graduados estén al servicio de las mayorías populares y el desarrollo autónomo del país.
Hacemos notar que ni en el presupuesto de Educación ni en el de Transporte se pone una línea ni un peso para el boleto educativo, universal y gratuito, para estudiantes, docentes y no docentes, mientras sí se subsidian a las empresas privadas de transporte. Así como caracterizamos como brutal el ajuste a las becas estudiantiles no es de menor cuantía el ajuste en infraestructura universitaria, donde la reducción en términos nominales es del 70,1%: de 1471 millones presupuestados para el año en curso se pasan a solo 440 millones para el 2017. Cotidianamente, la comunidad universitaria de la que formamos parte padece de la rotura de baños, la falta de gas, cortocircuitos en las instalaciones eléctricas, la imposibilidad de garantizar la normativa básica de seguridad e higiene, y en más de un lugar asistimos, literalmente, al derrumbe edilicio. Exigimos en consecuencia que esta partida se multiplique por 6 (así lo hace Aranguren con las tarifas a los pequeños comercios) para realizar mejoras y nuevas construcciones en el conjunto de las 56 universidades estatales.
Pero el presupuesto del ministro de la campaña del desierto no se detiene en violentar el Convenio Colectivo de Trabajo, las actas salariales, la falta de infraestructura, en excluir alumnos al reducir las becas, sino que va también contra la autonomía universitaria. La CONADU Histórica exige la eliminación del artículo 12, ya que establece superpoderes para el ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Este nefasto artículo dice textualmente: “El ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos por todo concepto en caso de incumplimiento (por parte de los rectores) en el envío de la información solicitada en tiempo y forma”. A esta intervención de facto de las universidades públicas por parte del ministerio de Educación le oponemos y proponemos la distribución automática de los fondos presupuestarios bajo la supervisión de las federaciones docentes, estudiantiles y no docentes, para su correcta aplicación.
La CONADU Histórica propone terminar de una vez con la discrecionalidad del manejo de los fondos y con la subejecución del presupuesto.
Pero este artículo 12 va incluso más allá al afirmar: “Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2017, serán las vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, salvo los aumentos de planta autorizados por el ministerio de Educación”.
Esto no es solo un congelamiento de planta que implica impedir el desarrollo de nuevas carreras, de investigación, de extensión y creación sino, lisa y llanamente implica la prohibición del “alta por baja”. Es decir que pretende objetivamente, que frente a la jubilación, renuncia o fallecimiento de un compañero, el cargo no se reponga hasta que lo autorice el ministro Bullrich. Esto es retroceder 100 años en la historia y volver a la designación de los docentes universitarios por decreto del Poder Ejecutivo como eran tiempos de la Argentina oligárquica.
La CONADU Histórica defiende, defendió y defenderá la autonomía universitaria y la discusión de las plantas docente y no docente, con las representaciones de los trabajadores.
Por todo lo expuesto, hemos fundamentado el por qué el Congreso de nuestra Federación rechazó el proyecto de ley de presupuesto 2017 con toda claridad y proponemos un inmediato refuerzo de partidas presupuestarias para terminar el año 2016, el incremento sustantivo del presupuesto 2017 que imponga el cumplimiento estricto de los CCT, la multiplicación de las becas estudiantiles, la inversión en infraestructura que garantice aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas para desarrollar nuestras tareas.
Llamamos a todos los docentes en cada lugar de trabajo, en cada laboratorio, facultad y universidad, a que, en el marco del plan de lucha que estamos desenvolviendo, sumemos a estos reclamos al movimiento estudiantil, a los padres y a toda la población para llevar nuestros reclamos al poder político».
