Como es de público conocimiento, es creciente la desocupación, la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo. La respuesta del Estado no puede ser la represión y la criminalización de la protesta social. Desde la CTA-A exigimos políticas públicas que atiendan las demandas populares y que se respete el derecho a la protesta, garantizado en la Constitución Nacional.
Basta de criminalizar la protesta social, derogación de la Ley Antiterrorista.
