Los once campesinos acusados, encontrados “culpables” y condenados, enfrentarán entre 4 y 35 años de cárcel: Rubén Villalba (30 años de prisión y 5 años más de medidas de seguridad); Luis Olmedo (20 años), Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benitez (18 años); Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López (6 años); y Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería (4 años de cárcel).En una sentencia anunciada el mismo 15 de junio de 2012 cuando más de 350 efectivos, entre las fuerzas de la policía especializada (FOPE) y las tropas de élite (GEO), masacraron a once campesinos y seis hombres de las fuerzas de seguridad. En la ocupación no había más de 50 campesinos, en su mayoría mujeres y niños, mientras que entre policías y grupos especiales superaban los 350 efectivos portando armas de alto calibre más un helicóptero.
“Curuguaty” es una tierra pública reclamada por la empresa Campos Morumbi, propiedad de la familia Riquelme, vinculada a la dictadura de Alfredo Stroessner”. El montaje tenia dos propósitos: disciplinar al movimiento de campesinos con un mensaje claro y contundente, y provocar una crisis institucional que diera lugar a un nuevo intento de juicio político (22 intentos) al entonces presidente Fernando Lugo; quien había quebrado 61 años del partido colorado en el poder. En tan sólo una semana, como en un “tramite express”, Fernando Lugo fue destituido. El golpe parlamentario significó la reorganización en el poder de una élite política fuertemente conservadora y reaccionaria que sin discriminar los colores partidarios, se organiza en contra de los movimientos campesinos, los más emblemáticos en la lucha contra el sistema.
El (INDERT), organismo estatal que regula la tierra en Paraguay, reconoció que esas tierras pertenecían al Estado y que habían sido apropiadas por Riquelme. Que las tierras fueran del Estado significaba que la justicia no podía desalojar esa ocupación, por lo tanto todo el proceso judicial se desvanecía (no sólo el proceso judicial, sino también la destitución de Lugo, la presidencia de Federico Franco y la actual presidencia de Cartes). Sin embargo, la justicia paraguaya continuó con la farsa judicial. El montaje es tan grotesco que la fiscalía se baso en la hipótesis de que los 50 campesinos entre ellos mujeres y niños con machetes y palos y una escopeta obsoleta emboscaron a 350 efectivos armados con fusiles y un helicóptero que filmaba el operativo.
Las filmaciones desaparecieron, las armas secuestradas a los campesinos se “extraviaron” en el procedimiento. El camarógrafo Pablo Medina, corresponsal de ABC Color, y su asistente Antonia Almada, fueron asesinados en un camino rural de Curuguaty antes de poder presentarse a declaración como testigos. El Piloto del helicóptero un día antes de presentarse ante la justicia sufrió un fatal accidente aéreo.
La sentencia llega tras cuatro años de persecución, privación de la libertad y todo tipo de violación al proceso. Las campañas de difusión, denuncia y movilización impulsadas por distintas organizaciones tanto a nivel local como internacional han sido claves para visibilizar el modus operandi de los empresarios y el Estado que ha servido de trasfondo a un cuestionable proceso judicial. La Justicia rinde pleitesía al latifundio de las 200 familias de la burguesía nacional y subordinadas al capital de las multinacionales. (En Paraguay empresas transnacionales como Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfus y Bactcher, con sus socios locales, controlan el 90% de la exportación.) Por esa razón la justicia investigó exclusivamente la muerte de policías y después de cuatro años de “investigaciones” no hay ni un solo imputado por la muerte de los once campesinos.
Detrás de esta sentencia está en juego un golpe Estado orquestado por latifundistas, y más de 8 millones de hectáreas manchadas de sangre campesina y robadas por el Stroesnismo que son los que hoy dictaminan sentencia.
Las tierras mal habidas y la vigencia de Stroessner
Según el Informe Final Anive haguã okio, realizado por la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, entre 1954 y 2003 se entregaron tierras a personas que pretendían ser beneficiarios del programa de Reforma Agraria Integral. Sin embargo el 64% de esas tierras no fueron destinadas a campesinos que la necesitaban para su subsistencia y alimentación sino a amigos del dictador Alfredo Stroessner o a personas vinculadas con el Partido Colorado. De un total de 12.229.594 hectáreas, 7.851.295 fueron adjudicadas con graves irregularidades.
De las más de cuarenta millones de hectáreas que tiene el país, sólo 24 millones son productivas por lo que el 32% de las tierras están en manos privadas (ex presidentes, ministros, funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo, senadores y diputados, políticos, latifundistas y dictadores perseguidos por la justicia de otros países refugiados en Paraguay).
