“La situación es muy compleja”, dice Patricio Klimezuk, Secretario Gremial de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), y da cuenta de algunos de los conflictos de mayor repercusión como es el caso del Grupo 23. En el conglomerado de medios de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, producto de lo que ellos aducen como el descenso de la pauta oficial –fue uno de los grupos más beneficiados durante la última década-, iniciaron un esquema que difería los pagos para finalmente continuar no pagando y dejando de editar los productos o vendiendo algunos al Grupo Indalo. “Esto puso en vilo y en una situación desesperante a más de 800 trabajadores, algunos de los cuales no cobran hace 4 o 5 meses. El Sindicato estuvo acompañando esa pelea, en la que hay una ausencia total de las autoridades del Gobierno, en especial de quien tiene a cargo esa tarea que es el Ministerio de Trabajo”.El tema de la pauta es un eje que cruza varios de los conflictos. Sin embargo Klimezuk también señala que si bien es cierto que el Gobierno redujo la pauta oficial, “cuando la pauta estaba en otros valores no fue justamente destinada al mejoramiento de la situación de los laburantes. Ganaron millonadas durante los últimos años y con esa excusa reducen al personal o lo dejan en la incertidumbre, porque tampoco están despedidos formalmente, pero no saben si van a cobrar o no”.
El caso del Grupo 23 es el conflicto que más ha sobresalido en los últimos tiempos por la envergadura de los trabajadores involucrados pero las situaciones se multiplican en otros medios. En Crónica y Bae hace dos años que la empresa decidió crear una nueva razón social, a la cual mudó a la mayoría de los trabajadores menos a un grupo donde quedaron los delegados. “Ahora dio un paso más y despidió a la totalidad de la planta”, cuenta Klimezuk. También hay situaciones de medios como The Herald que deja de editarse y está en el aire lo que va a pasar con Miradas al Sur, otro medio en situación de incertidumbre. En general este es el cuadro: mucha incertidumbre. “Entendemos que hay una política del Gobierno nacional que con esta excusa de reducir la pauta está haciendo una especie de darwinismo, aquellos que tienen la posibilidad de sobrevivir sin ayuda del Gobierno subsistirán”.
Los despidos no paran
A principios de abril los trabajadores de Radio Rivadavia (involucran unas 100 familias) denunciaban que no cobran los sueldos ni aguinaldos hace más de seis meses. “Esto fue denunciado en varias oportunidades en el Ministerio de Trabajo tanto en el actual gobierno como en el anterior, donde la empresa Radioemisora Cultural, (razón social de la radio) presidida por Luis Maria Cetrá, firmó actas de compromisos de pago que jamás se cumplieron”, comunicaron.
Asimismo, por poner alguno de los ejemplos que se dan en otras provincias, en marzo diversos trabajadores del diario La Mañana de Córdoba recibieron telegramas de despido debido a «causas económicas fehacientemente justificadas, importante disminución de ingresos por quita de pauta publicitaria con el Estado nacional». Argumento de la patronal para justificar las cesantías, que afectarán a un total de 30 empleados. Sin embargo, los trabajadores denuncian un vaciamiento de la empresa. Por su parte el CISPREN viene realizando medidas de acción directa desde noviembre del año pasado, cuando denunció públicamente despidos encubiertos en distintos medios de la provincia. También tomó parte activa en la denuncia y visibilización del conflicto generado por el cierre de medios de comunicación, como así también el incumplimiento de pagos y escala salarial 2015 en medios de esta capital y del interior provincial y recientemente, en el conflicto de los trabajadores contratados de Radio Nacional que habían sido desvinculados, el CISPREN intervino junto a otros gremios para la reincorporación de más de 100 trabajadores a sus puestos de trabajo, 6 de ellos de Radio Nacional Córdoba.
De norte a sur las situaciones se hacen eco. En Bariloche fueron despedidos trabajadores del medio digital de noticias ANB y el sindicato del sector se declaró en asamblea permanente y estado de alerta y movilización, y declaró situaciones de “hostigamiento y persecución”. “Los trabajadores decimos basta a los atropellos de empresarios inescrupulosos que pretenden monopolizar toda actividad, retornando a las políticas neoliberales de los años ’90”, sostuvieron desde el gremio de los municipales barilochenses, quienes señalan y continúan “no somos ni seremos jamás variable de ajuste de estos empresarios que quieren regresar a la vieja política y que pretenden hacerse más ricos a costilla de los trabajadores. Tenemos derechos e inevitablemente los vamos a hacer valer”.
A nivel nacional, en Tiempo Argentino ocurre un escenario similar, los trabajadores no cobraron sus salarios de diciembre, ni el aguinaldo del segundo semestre de 2015. La situación es un poco más compleja debido al vaciamiento que denuncian los empleados. Por decisión de la empresa en algunos lugares del país, como Rosario, Córdoba y Mar del Plata, se cerraron las instalaciones de El Argentino, anunciando que no enviaron telegramas de despidos porque no se iban a hacer cargo de las indemnizaciones. Esto generó que más de 20 personas se quedaran sin su trabajo. Finalmente los trabajadores del diario decidieron en asamblea conformar una cooperativa con el objetivo de sostener las fuentes de trabajo y la lucha frente al vaciamiento y el lock out patronal, denunciando “la falta de voluntad política del gobierno nacional, que de la mano del Ministerio de Trabajo evitó intervenir en el conflicto apelando a artilugios técnicos y amparando así a la patronal ajustadora”.
Esta situación también la reflejó el 44° Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores de Prensa (FatPren) realizado a principios de año: «Este 2016 nos encuentra a las trabajadoras y trabajadores encarando nuevamente una lucha, enfrentando la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario debido a una fuerte devaluación y una creciente inflación, sumado a los despidos masivos, la constante amenaza de reducción de salarios, de puestos de trabajo y derechos laborales” expresa en su inicio el documento de este Congreso nacional. Asimismo se repudió el accionar de «grandes grupos mediáticos que durante años vivieron de una cuantiosa pauta oficial, hoy encabezan la ofensiva contra los asalariados a pesar de que estos nunca fueron beneficiarios de las importantes ganancias y pretendiendo hacerlos socios en las pérdidas” y el nuevo protocolo antipiquetes que no sólo criminaliza la protesta social sino que también limita el trabajo de los periodistas cubriendo manifestaciones.
Junto con el accionar en base al argumento esgrimido sobre déficit económico es visible también las reducciones de personal que se dan en el marco de las nuevas políticas, las cuales han producido despidos y cierres que más tienen que ver con una persecución que se da a un trabajo que pareciera no interesarle en términos políticos ideológicos al actual Gobierno. “Cuando uno toma la decisión de reducir el plantel a su mínima expresión está tomando una decisión política ideológica”, dice Klimezuk. En este esquema se enmarca el caso Infojust. “La actual directora, Sabrina Santopinto, al asumir sus funciones nos había prometido que no echaría a ninguno de los 40 trabajadores que integrábamos la agencia (entre redactores, editores, fotógrafos, diseñadores, camarógrafos, productores). No cumplió: para fines de enero, 13 compañeros fueron despedidos. En ese momento, Santopinto dijo que renunciaría si se producía alguno más; hoy, contabilizamos otros seis nuevos despidos”, cuentan los trabajadores en un comunicado. “Entre los argumentos del ministro para justificar el cierre de Infojus Noticias está el supuesto uso de la agencia para hacer “propaganda” y así “presionar” a magistrados. Queremos desmentir esta acusación que, al igual que el discurso de la existencia de “ñoquis”, intenta ocultar las políticas de achique del Estado encaradas desde el gobierno nacional”. Cabe destaca además, que en este marco fueron desaparecidas del archivo digital de la Agencia más de 11 mil notas, es decir, el 83 por ciento del contenido de la agencia.
Unidad de los trabajadores
“Todos los días nos enteramos que despiden un compañero nuevo y en cuenta gotas vamos cayendo”, señalan en uno de sus últimos comunicados desde el Sindicato de prensa. “En las últimas semanas supimos del despido de históricos compañeros en Canal 26, de trabajadores de prensa y locutores. Despidos en Canal 9 a trabajadores de televisión, una situación que se tensó aun más ya que la empresa amenaza con despedir a quienes se solidarizaron con los despedidos y realizaron un paro como medida gremial”.
Desde el gremio también señalan que ninguna empresa está exenta y ningún trabajador puede mirar para el costado. “No podemos hablar de compañeros despedidos simplemente como si fuesen un número o una cifra. Cada trabajador que queda en la calle es una familia que pierde su fuente de ingreso. No podemos permitir ningún despido más. Necesitamos de la unidad y la acción de todo el gremio”.
“Es insostenible que los multimedios traten de ampararse en “problemas económicos” para realizar un ajuste hacia sus trabajadores, ya que a través del control de los recursos que fueron enviados por parte del Estado, y de las utilidades que declaran, se conoce que sus ganancias son abundantes. Así como lo hace el Grupo Veintitrés, el Grupo Clarín no se queda al costado y también se encarga de generar condiciones de precarización laboral para sus trabajadores y realiza despidos evitando pagar la indemnización correspondiente”, denuncian desde el gremio. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras del diario La Nación visibilizaron bajo la campaña «La Nación Pará La Mano» que la empresa les haya respondido que no a todos sus pedidos.
«NO. Una, dos, mil veces NO. Los trabajadores y trabajadoras que hacemos el diario LA NACION queremos dialogar, pero NO. Queremos que nos escuchen, pero NO. Queremos escuchar también, pero NO. La respuesta es siempre la misma. Ante los pedidos de sus empleados, la empresa siempre dice NO. Nunca hay propuestas superadoras, ni la intención de buscar una solución de conjunto. Admiten que hay inflación, pero no recomponen el salario. Admiten que nos aumentan las tareas, pero reducen el personal con retiros voluntarios y no los reemplazan. Admiten la necesidad que seamos libres de expresarnos, pero nos prohíben hacer asambleas en la Redacción y nos esconden en el comedor”, detallan desde la asamblea.
La unidad y la organización de los trabajadores vuelven a ser la clave y así lo refleja también el Colectivo de Trabajadores de Prensa, espacio que, si bien viene trabajando hace muchos años, se reactivó a partir de la ola de despidos que se llevaron adelante en el 2014 en el diario Hoy de la ciudad de La Plata, fundamentalmente porque los trabajadores se estaban agremiando. “Esto genero la reacción espontanea de muchos compañeros que salieron a las calles a reclamar a esta empresa”, cuenta a ACTA Paula Bonomi, integrante del Colectivo.
Por otro lado, haciendo un análisis de la situación señala que en general “los periodistas estamos enfermos de precarización laboral. Ya venimos siendo precarizados, monotributando, sosteniendo nuestras tareas con un nivel de inestabilidad muy alto. Naturalizamos situaciones que no están bien, laburamos mucho más tiempo sin que se nos reconozcan las horas extras, no se nos reconocen los derechos adquiridos”. Este panorama llevó al Colectivo a elaborar un relevamiento durante el 2014 y 2015. Realizado a pulmón en alrededor de 80 medios y con mucho cuidado “por el miedo en las redacciones a perder el laburo”, este relevamiento realizado en La Plata, Beriso y Ensenada brindó algunos números a tener presentes. De allí se desprendió que el 44% de trabajadores de empresas periodísticas sufren de precarización laboral. “Otro número muy interesante es que el 72 por ciento de estos encuestados no está afiliado a ningún sindicato, inclusive los que son de medios públicos”, advierte Bonomi.
“Los compañeros cuentan que en la oficinas de prensa desde diciembre no tienen tareas, se han bajado salarios, los contratados están con mucho temor”, dice sobre el contexto actual y también se refiere al “protocolo anti prensa” que “cercena el trabajo y la libertad de los periodistas a comunicar e informar y ceceando también el derecho a al informarse de las personas. “El contralor de la justicia para evaluar los abusos de las fuerzas represivas siempre ha sido el periodismo”.
Finalmente señaló que miran con entusiasmo la experiencia del SiPreBA. “En la provincia estamos siempre evidenciando la ausencia de nuestro sindicato. En ese sentido el colectivo, además de ver y apoyar el proceso del SiPreBA estamos pensando en conformar un órgano de lucha y organización para mejorar nuestras condiciones de laburo, formarnos, apoyar los procesos, juntarnos. En ese marco hacemos actividades, charlas, talleres, tenemos una publicación y ahora estamos con un programa de radio. En este contexto político es muy importante para reecontrarnos, juntarnos, debatir en unidad”.
