La lucha por los derechos humanos nació en la Argentina como lucha por la libertad de los presos políticos y contra las normas legales que amparaban dichas violaciones.

Acaso la más conocida es la Ley 4144, redactada por Miguel Cané y bautizada como “ley de residencia” cuya aprobación en 1902 marca lo antiguo de la cuestión.  La norma autorizaba a expulsar del país a la persona, generalmente varón mayor y padre de familia, que por su doble condición de inmigrante y resistente al orden capitalista era considerado indeseable.  El tramite no necesitaba de juicio y tenía la perversión adicional de dejar su familia abandonada en un país todavía extraño y sin recurso alguno para su mantenimiento.

Su vigencia hasta 1958 marca un récord de extensión en el tiempo, aunque nunca fue única.  Ella misma “resucitó” luego del Cordobazo en 1969 como Ley 18.235 con idénticos fines que la  En 1910 se estableció el Estado de Sitio por los festejos del Centenario y se sancionó otra  Ley de “Seguridad Nacional”, la 7.029, y desde entonces, bajo gobiernos constitucionales o dictatoriales (hubo golpe de estado en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) el aparato jurídico represivo fue engordando hasta alcanzar las alturas de la Ley  Anticomunista, la 17.401, que directamente penaba el pensar y que por un simple informe de la SIDE los catalogados como comunistas podían sufrir condena de prisión o perder el empleo público.  Los trabajadores de empresas privadas que así fueran catalogados por la SIDE no tenían privilegios, eran expulsados por las empresas a pedido de los servicios y con la complacencia de los dirigentes sindicales pro patronales y corruptos.  A ese maridaje de tres se lo llamó la “Santísima Trinidad”: gobierno, empresarios y burócratas sindicales unidos en la lucha contra “la subversión comunista”.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre nació de esos combates por la libertad de los presos políticos en 1937, resultado directo de las Comisiones por la Libertad de los presos de la Dictadura instaurada el 6 de setiembre de 1930 y como heredera del Socorro Rojo Internacional que había funcionado en los años 20 del siglo pasado.

Si desde 1902 a 1955 los presos políticos venían de la cultura roja, anarquistas, socialistas y comunistas por sobre todo; desde el Golpe Gorila se suma al colectivo de perseguidos y encarcelados los militantes peronistas de la Resistencia y de los diversos proyectos del Luche y Vuelve que confrontaban con el status quo.

Digamos que hasta 1983 no había grandes discusiones sobre la actitud del movimiento de derechos humano y las fuerzas democráticas hacia los presos políticos.  Se defendía a todos, sin importar la camiseta política o el medio de lucha empleado.

En los primeros años de Alfonsín, la herencia de un grupo de presos políticos alargó la coincidencia dado que casi todos nos movilizamos por la libertad de aquellos que habiendo sido capturados por el gobierno de Isabel o la Dictadura, seguían en prisión aún finalizada la dictadura por la supuesta “legalidad” de los tribunales del Terrorismo de Estado.

Aunque hubo otros presos políticos en democracia, la primer discusión grande fue cuando los compañeros del Movimiento Todos por la Patria tomaron un Cuartel, La Tablada en enero de 1999, creyendo de ese modo abortar un golpe de ultra derecha contra el gobierno de Alfonsín.  Habían caído en una trampa de los Servicios de Inteligencia y fueron traicionados por el radicalismo en el gobierno que consintió la operación de exterminio que el Ejercito llevó a cabo contra compañeros que ya se habían rendido.

De allí para acá, el movimiento de derechos humanos de la Argentina se divide entre quienes consideran políticos algunos presos y luchamos por su libertad y quienes creen que bajo un gobierno constitucional, todo debe ser discernido por la Justicia y si hay condena, no hay preso político.

Para nosotros no es así. Siempre hemos distinguido entre lo legal y lo legitimo, que no siempre coinciden; y entre las personas apresadas por cometer un ilícito en procura de una mejora personal y los que en el proceso del reclamo contra el Poder en defensa de algún derecho o en protesta contra un atropello a la dignidad humana, son apresados, acusados y hasta condenados.

Ese es el caso del Boli Lescano, militante de tantas causas que estuvo largos años preso bajo la dictadura militar y que ahora cumple condena acusado de haber atacado la sede del movimiento político de quien siendo Gobernador autorizó el asesinato del maestro Fuentealba en Neuquén.  Los responsables políticos del asesinato del maestro siguen impunes, pero el Boli cumple arresto domiciliario luego de haber sufrido un ACV en la Cárcel de Marcos Paz.

Y es el caso de un grupo de compañeros de Corral de Bustos que en el año 2006 fueron parte de una pueblada contra el Poder Judicial en protesta por la pasividad de los jueces ante un hombre que luego de amenazar infinidad de veces a su mujer e hija, terminó matándolas.  Salieron y volvieron a la cárcel pero finalmente un grupo de ellos fue condenado y están privados de su libertad.

Solo el año pasado fueron liberados el compañero Esteche, dirigente de la organización política Quebracho, condenado por la misma razón que el Boli Lescano y liberado por la aplicación de beneficios por estudios cursados en la Cárcel, y dos compañeros peruanos cuya extradición había sido pedida por el Estado Peruano bajo la acusación de guerrilleros, nada menos.

Los Seis Campesinos Paraguayos que la Argentina detuvo en mayo del 2006 y extraditó en diciembre de 2008, fueron condenados en Asunción del Paraguay en una parodia de juicio a una pena exorbitante de 35 años, encerrados en la tenebrosa Cárcel de Tacumbú y su pesar sigue acusando a quienes cumplieron el rol de extensión del poder mafioso paraguayo que los acusó y condenó sin prueba alguna.

El caso de los Seis Campesinos Paraguayos demostró que quienes habían aflojado la defensa de los presos políticos argentinos en aras de la “legalidad democrática” terminaron cediendo en cuestiones básicas de principio para cualquier luchador por la democracia en Nuestra América cual es la cuestión de la solidaridad con los que luchan por sus derechos y contra el dominio imperial en cualquier rincón de Nuestra América.  Hemos dicho mas de una vez que la solidaridad con los presos políticos es el umbral de la conciencia democrática y humanística de todas y todos y hoy lo queremos reafirmar con toda convicción y fuerza.

La jornada continental del 17 de abril de lucha por la libertad de los presos políticos es una gran oportunidad para articular esfuerzos en el camino de construir la Patria Grande que tantas y tantos soñamos.

Fuente: ajb.org.ar