El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Plata Nº 1 condenó por unanimidad a todos los acusados.

Tal fue el impacto de las audiencias que se llevaron a cabo en este juicio, que ante el pedido de la fiscalía y la querella, el tribunal decidió agravar la acusación de todos los imputados.

Quedó probado que no existieron “errores” de parte de los genocidas, todos los secuestros, torturas y desapariciones formaron parte de un plan para disciplinar a la sociedad, despolitizarla y abrir el camino para la aplicación de un plan económico antipopular.

Dirigentes sindicales, sociales, políticos, artistas y cualquier expresión de pensamiento crítico o independiente fue blanco de la represión más feroz.

Así mismo se demostró la existencia de tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaria Primera de la ciudad de Junín, en el Destacamento Policial de la ciudad de Morse y en la Unidad Penitenciaria Nº13 de la ciudad de Junín, que por esa época estaba en construcción.

El ex militar Angel Gómez Pola y el ex comisario Abel Oscar Bracken fueron condenados a prisión perpetua, el ex policía Silvio Manzanares y el medico Aldo Chiachietta fueron condenados a 25 años de prisión, los ex policías Julio Angel Esterlich y Miguel Angel Almirón fueron condenados a 18 años de prisión y el ex comisario Edgardo Mastrandrea fue condenado a la pena de 15 años de prisión. Habrá que esperar los fundamentos del fallo para conocer las razones por las que algunas condenas fueron tan leves en relación a los delitos que se les imputaba.

También en el fallo, el tribunal decidió remitir a la fiscalía federal de Junín los testimonios que dieron cuenta de delitos sexuales denunciados en las audiencias, así como todo testimonio que haya involucrado a otras personas y hechos para que se investiguen las responsabilidades.

Recordamos que en base a reiterados testimonios surgidos de las audiencias de esta causa, la AJB procedió a la suspensión de la afiliación del agente judicial José Luis Camarro, y exigió a la Procuración General que quede desafectado del Poder Judicial por estar claramente señalado por graves delitos ocurridos durante la última dictadura.

Seguimos sin saber el destino de los cuerpos de Adrián Romié, Hugo Torretta y Gilberto “Beto” Mesa, pero con esta sentencia se recupera la memoria de las víctimas y parte de los que fueron responsables de su desaparición pagarán en la cárcel haber sido los ejecutores de un genocidio.

Desde la AJB celebramos las condenas por considerarlas un primer paso fundamental en la reconstrucción de la memoria colectiva de los trabajadores y el pueblo todo de Junín. Seguiremos luchando para que todos los responsables civiles, militares y policiales paguen sus culpas por lo hecho durante la etapa más oscura de la Argentina moderna.